EL MEGáFONO
El año pasado, a pesar del arduo debate en la Legislatura Porteña, ningún proyecto sobre educación sexual pudo ser convertido en ley. Mientras que en Capital Federal se discutía este tema, a nivel nacional el debate ni siquiera se inició. La ley nacional que avala y legisla el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 25673), promulgada en noviembre de 2002, promueve las normas y los mecanismos de información, así como el acceso universal y gratuito de las personas a los métodos anticonceptivos confiables y efectivos. Esta ley permite que los jóvenes desde los 14 años puedan concurrir a un hospital o centro de salud para realizar la consulta médica y recibir gratuitamente el método anticonceptivo que hayan elegido para cuidarse, sin la necesidad de la presencia de un adulto que los acompañe. Esta misma ley delega en el Ministerio de Educación la implementación de los programas de educación sexual para el pleno ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de niños, niñas y adolescentes. Estos programas todavía no se han escrito. Los decentes, desesperados porque en sus cursos hay jóvenes embarazadas y en algunos casos por segunda vez, reconocen que el problema de la falta de educación sexual debe ser abordado, pero no cuentan con material ni capacitación o apoyo suficiente de parte de las autoridades para implementar estas estrategias de prevención.
Durante 2004 el Celsam, a través de su servicio gratuito telefónico de asesoramiento, observó un sensible incremento en la cantidad de llamados de docentes de todo el país, solicitando material didáctico y capacitación en salud sexual y reproductiva. El Celsam envió en el mismo período 40.000 folletos educativos sobre salud sexual y reproductiva a escuelas, hospitales y centros de salud para cursos y talleres. También se recibieron 3900 llamadas: el 37% fueron realizadas por adolescentes entre 11 y 20 años. El 72% de sus preguntas fueron sobre cómo cuidarse (la mayoría ya había iniciado sus relaciones sexuales) o cómo utilizar correctamente algún método anticonceptivo. Los jóvenes expresan su necesidad de saber y refieren no tener con quién hablar estos temas. Ocultan dentro de la familia su actividad sexual y no saben a dónde recurrir para pedir ayuda. Por lo general, hablan entre sus pares y se transmiten desinformación. Saben que sus padres desaprueban que mantengan relaciones sexuales, pero aun así las tienen.
Con educación, información y respeto por los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, se podrá modificar la terrible realidad que significan las 900.000 madres adolescentes que hay en la Argentina, las 500.000 mujeres que interrumpen un embarazo no deseado, que cada 5 minutos una nueva adolescente se convierta en madre, que el riesgo de morir de sus hijos sea el doble del de una mujer mayor de 20 años y los 1500 nuevos casos de personas infectadas con VIH-sida cada año en nuestro país.
Cambiar esta realidad es una tarea que una sociedad adulta no puede seguir postergando un año más.
* Centro Latinoamericano Salud y Mujer. www.celsam.org, [email protected]
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