La violencia contra las mujeres se hizo visible con la muerte de Alicia Muñiz el 14 de febrero de 1988, pero veintiún años después poco o nada ha cambiado. El Estado no sólo no resuelve, sino que además es cómplice de las muertes por violencia contra las mujeres, que adquiere su máxima expresión en femicidios, como los de Liliana Tallarico, Ana María Rossi, Gabriela Spotti, Cintia Saavedra, Claudia Dozo, Adriana Rodríguez, Analia Escamochero, Marcela Aravena.Irma Bernarde, Adriana Barreda, Cecilia Barreda, Elena Arreche, Gladis Mac Donald, Silvia Garriador, Paula Polichinella, Fabiana Morel y Griselda Pared. Y eso por mencionar solamente aquellos ocurridos en la ciudad de La Plata. ¿Por qué se tolera la violencia contra las mujeres? ¿Por qué no hay decisión política de cambiar las cosas?

Sandra Ayala Gamboa llegó a la Argentina desde Perú en octubre de 2006, convencida por su novio –Augusto Menaye– de que en La Plata conseguiría trabajo y podría estudiar medicina. En Sandra se conjugan los proyectos y los deseos de miles de mujeres migrantes que, en tal condición, muchas veces son explotadas económica, laboral y sexualmente.

El 16 de febrero de 2007 Walter Silva –una persona en quien Sandra confiaba– le ofrece una posibilidad de trabajo y la acompaña a encontrarse con su futuro empleador. Seis días después aparece violada y asesinada en una dependencia del Estado, un Estado que no sólo falló al no protegerla sino que, además, en estos dos años encubrió, silenció y no esclareció el femicidio. Esa inacción implicó no respetar pactos, tratados y convenciones internacionales que lo obligan a actuar.

Con todo lo que tiene de común con otros casos de femicidio, el asesinato de Sandra tiene como rasgo singular el hecho de que su cuerpo apareció en el Ministerio de Economía. Y, sin embargo, ese mismo Estado que debería investigar, esclarecer y reparar lo que ha hecho es el que revictimiza a Nélida Guillén, la mamá de Sandra, una mujer que es obligada por terribles circunstancias a permanecer en un país que le es ajeno, con un profundo dolor y desarraigada de sus afectos. A esa mujer, la Justicia la abandona y la fuerza a recorrer durante dos años varios despachos oficiales y pasillos de Tribunales para exigirle al fiscal de la UFI Nº 2, Tomás Morán, la agilización de la causa.

El 16 de febrero de 2007, Sandra no vestía minifalda ni caminaba sola en la madrugada por un descampado o una calle de los suburbios platenses, mitos y prejuicios usados habitualmente para justificar abusos y violaciones. Sandra iba acompañada de una persona de su confianza a una entrevista laboral en pleno centro de la ciudad, a las dos de la tarde.

En este contexto de impunidad sostenida donde las mujeres somos asesinadas, violadas, traficadas, explotadas, condicionadas por mandatos culturales, obligadas a una maternidad forzada, exigimos: esclarecimiento del femicidio de Sandra Ayala Gamboa y de todos los femicidios; políticas públicas que sancionen y condenen la violencia contra las mujeres; acciones concretas y eficaces que desnaturalicen la violencia contra las mujeres.

Las integrantes de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor afirmamos que la violencia que se ejerce sobre las mujeres es un recurso disciplinador que cuando se tolera y queda impune refuerza el rol de objeto y no de sujeto de derecho de las mujeres.

A dos años del femicidio, reclamamos justicia frente al edificio de Rentas donde apareció el cuerpo de Sandra (av. 7 entre 45 y 46), el lunes 23 de febrero. Desde las 14 habrá una radio abierta; a las 17 marcharemos para exigir el avance de la investigación.