El jueves 19 de febrero, en pleno verano y sin ningún tipo de debate y de difusión pública, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se dispondría a tratar sobre tablas, en sesión extraordinaria, la reforma al Código Contravencional, el Código de Procedimiento Contravencional y un Código Procesal Penal.
Esta reforma tiende a la restricción de derechos y garantías constitucionales, reinstalando en la práctica el contenido represivo de los derogados “edictos policiales”. Algunos legisladores del macrismo proponen que los menores sean imputables a partir de los 14 años, responsabilizando a sus padres por el accionar de sus hijos, aun con pena de prisión. Asimismo, volverían las figuras de “acecho” y “merodeo”, que otorgan a la policía facultades para detener personas sólo por “portación de cara”.
Contrariando el Código Penal argentino, se penalizaría la “oferta de sexo en la vía pública”; además, bajo la figura de “simulación maliciosa de apariencia” se legalizaría la persecución policial contra travestis. En ambos casos se facilitará, aún más, la financiación irregular de la caja policial.
En respuesta al reclamo social, se prevé la sanción de aquellos que impidan u obstaculicen el tránsito en la vía pública, así como de toda forma de protesta que implique el ingreso y/o permanencia en lugares públicos, o el impedimento de entrada y salida de esos lugares (como los escraches, las tomas, la recuperación de espacios, los cacerolazos, las sentadas).
A la vez, los proyectos presentados promueven la creación de un registro de antecedentes para aumentar las penas en los casos de reincidencia. Esto afecta en especial a los sujetos vulnerables, que sin duda entrarán en repetidas contravenciones, ya que de ello depende su supervivencia (cartoneros, travestis, vendedores ambulantes, mujeres en estado de prostitución, personas en situación de calle).
Ante un mapa socioeconómico que se expresa en un 21,2 por ciento de la población de la ciudad por debajo de la línea de pobreza, parece que estos legisladores sólo encuentran como respuesta el disciplinamiento social, el vaciamiento y la privatización del espacio público a través de nuevas herramientas represivas. Parece que esto es más fácil que diseñar políticas que nos brinden trabajo, vivienda, salud y educación, que garanticen una vida digna para todos y todas.

(Próxima reunión, lunes 2 de febrero a las 17 hs. en el Centro Cultural O. Pugliese, Moreno 2541, Buenos Aires.)

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