En un hospital de Paso de los Libres, en Corrientes, se descubre a una niña embarazada. La nena tiene once años, su mamá no sabe –o intenta no saber, prefiere que se lo digan voces autorizadas– qué le pasa, salvo que vomita y el cuerpo le cambia. En el hospital la niña queda detenida. No es ésa la figura legal, pero la niña, de todos modos, queda detenida con custodia policial permanente como si hubiera cometido un delito. Está desnutrida, dicen las voces autorizadas. Presuntamente violada, dice la radio –un informativo escuchado en un taxi el viernes por la tarde–. Por qué se presume lo evidente es la pregunta que cae como manzana madura y que nadie contesta porque el vértigo informativo lleva a otra cosa y el número de juzgado interviniente suplanta la presunción. Pero la niña sigue detenida, hasta que se fuga. No estaba detenida, es cierto, sin embargo cuando abandona el hospital –poco después de que las voces autorizadas dijeran públicamente que no había razones para mantenerla internada pues estaba todo lo bien que un cuerpo de 11 años, 1,42 m de estatura y seis meses de embarazo podía estar–, cuando abandona el hospital dicen que se fugó y que esa fuga habría estado “arreglada con su madre”. Claro, la vigilancia policial se hizo laxa con el correr de los días. “Meterse en la cabeza de la madre y de la chiquita para saber por qué causas se fueron del lugar donde mejor atendidas estuvieron resulta imposible”, declararon profesionales del hospital a los medios.

Este año, en San Pedro, Jujuy, una adolescente llegó al hospital Pedro Soria con signos de haber sido brutalmente golpeada y violada. Cuando la atendieron no le ofrecieron tratamiento contraconceptivo. Quedó embarazada, su madre solicitó un aborto terapéutico para ella, se lo negaron. El embarazo se interrumpió de todos modos, según la mamá de la joven por causas naturales. La jueza ordenó de inmediato que fueran a buscar a la adolescente a su casa para realizarle análisis compulsivos con la intención de definir si se había practicado un aborto de manera intencional o no. La Justicia institucional, o mejor, esa jueza, jugó sobre el cuerpo de la chica a la batalla ideológica, se apropió de su tiempo, de su intimidad. Otra vez, como en la violación, su cuerpo no fue su cuerpo.

Esta semana una adolescente discapacitada de 19 años se presentó con su mamá en el Hospital San Roque de Entre Ríos para que le practiquen un aborto después de haber sido violada. La mamá había hecho la denuncia en un juzgado de instrucción y allí le indicaron que no necesitaba autorización judicial para un aborto terapéutico. En el Hospital San Roque la señora, incluso, encontró un médico dispuesto a cumplir con su deber pero antes de que pudiera hacerse la intervención la defensora oficial de “menores e incapaces” presentó una medida cautelar en defensa del feto que fue tenida en cuenta. La jueza, entonces, ordenó que se retenga a la adolescente, que se la interne, que se le hagan pruebas exhaustivas para determinar su estado de salud y que se la atienda durante todo el embarazo, que deberá continuar compulsivamente en un hogar para jóvenes en riesgo. La mamá de la joven dice que no quiere estar separada de su hija ni su hija de ella y de sus diez hermanos. La joven no está detenida, pero la Justicia institucional no le permite abandonar el “hogar”.

El debate sobre el aborto pone palabras inútiles sobre la experiencia que se juega en el cuerpo de las mujeres. Inútiles por irreconciliables y porque las mujeres seguimos abortando a pesar de la prohibición y la culpa. Sin embargo el miedo a que estas palabras cada vez sean pronunciadas en voz más fuerte ha dado un nuevo impulso a quienes creen que el cuerpo de las mujeres debe ser controlado y normalizado. Ya no se debate, directamente se pasa al acto. Se detiene, se hurga, se determina lo mejor y lo peor, se diagnostica y se asiste a cuerpos inermes por la vigilancia expresa de las instituciones. Y si las mujeres, que son esos cuerpos, se rebelan, entonces la rebelión se llamará fuga y a quienes se fugan ya se sabe quién los busca.