Una política institucional que capacite a todos los miembros del equipo de salud, para la atención respetuosa e informada.

Una política académica educativa centrada en la atención humanizada de los pacientes y sus acompañantes, para atender a una diversidad sociocultural y económica, entre muchas otras facetas de la vida, que no esté centrada en la biomedicina.

Un reconocimiento institucional de que el embarazo no es una enfermedad y que no siempre hay necesidad de medicalizar.

Un observatorio de derechos perinatales contemplados en la ley 26.485, que fiscalice, controle y acompañe a los involucrados.

Un organismo de denuncia para los casos de incumplimientos de ambas leyes 25.959 y 26.485.

Una inclusión de las personas que acompañen el proceso de nacimiento como sujetos sociales activos y contenedores.