El fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ) (que autorizó el aborto no punible de A. G.) es tan claro y contundente que nos alegra por considerar al aborto –en sus excepciones legales– como una práctica de salud que se debe ofrecer con los mejores estándares de calidad, confidencialidad y competencia técnica. En el fallo mencionan especialmente como instrumento práctico, a la hora de evitar judicializaciones inútiles, la “Guía Técnica de Aborto No Punible” del Ministerio de Salud de la Nación. Y solicitan al Departamento Ejecutivo provincial la puesta en práctica de estas herramientas para evitar nuevas e injustificadas intervenciones judiciales.

Es importante destacar que, en las consideraciones de los magistrados, estuvo presente la demanda internacional contra el Estado por el caso L. M. R. (una joven discapacitada y violada que fue autorizada por la Justicia bonaerense a abortar pero que tuvo que realizarse la práctica de forma privada por la insistente negativa de los y las médicos/as a dejarla acceder a su derecho) que llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU. En este caso, el Estado tuvo que reconocer que se habían violado los derechos de la adolescente.

También resulta innovador lo señalado por el juez Fernando Royer cuando manifiesta que se abstiene de apelar a una cláusula de conciencia frente a este debate y afirma: “Opto por respetar la ley vigente porque ella representa, aunque más no sea, simbólicamente la voluntad de la mayoría del pueblo expresada a través de sus representantes políticos”.

Lamentablemente asistimos, hace años, a dilaciones y obstrucciones indebidas que se fundan en estas “cláusulas de conciencia” no explícitas, pero que hacen primar las convicciones personales de profesionales de la salud y la Justicia por sobre los derechos vigentes y consagrados de las mujeres y las niñas.

Se trata, entonces, de que esta garantía sea efectiva para todas las mujeres y niñas de nuestro país. También de que los legisladores nacionales pongan en debate despenalizar y legalizar el aborto. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, está volviendo a presentar, en estos días, su proyecto de ley que acompañan diputados y diputadas de todos los bloques. El Congreso Nacional tiene la palabra.

(*) Integrante de la Acción por los Derechos de las Mujeres (ADEM) y del equipo peticionante de la demanda internacional al Comité de la ONU por la falta de acceso a un aborto no punible de la joven L. M. R en el 2006.