En esta época donde se discuten el ALCA, el ALBA, si pagarle o no al FMI y los subsidios agrícolas, en el fútbol argentino debería hacerse lo propio con su poco equitativa distribución de la riqueza. Mientras la AFA acaba de cerrar su tercer balance consecutivo con superávit ($ 4.064.236,56), el 43,5 por ciento de las 62 instituciones que participan en sus tres categorías profesionales están concursados o en quiebra. Son 27 en esa situación que, con matices, no varió demasiado tras la crisis disparada en diciembre de 2001. Las malos augurios para este 2005 se confirmaron con la caída de un grande como Independiente (convocado por 59 millones de pesos) y el año anterior había terminado con el quebranto de Talleres de Córdoba, uno de los más populares del interior.
Ahora bien, ¿qué se ha hecho para transformar esta realidad? Muy poco o casi nada. Los dirigentes, incapaces o sospechados de corrupción, agudizaron la crisis de los clubes en problemas. Los que demostraron aptitud para administrar bien son muchos menos y sus ejemplos no se propagan. Esta es una dificultad que el fútbol muestra a imagen y semejanza de la sociedad que lo contiene. Pero hay otra comprobación insoslayable. La AFA, que debería controlarlos, establecer un equitativo sistema de premios y castigos y garantizar el cumplimiento de las disposiciones acordadas, no sabe o no quiere cumplir con su responsabilidad. Deja hacer, mientras sus afiliados se hunden.
Según el ejercicio aprobado el pasado 20 octubre, el Tribunal de Cuentas de la AFA labró 592 expedientes sobre diversos incumplimientos de los clubes en materia económica que fueron elevados al Comité Ejecutivo que preside Julio Grondona. “Hubo reclamos pertinentes”, sostiene aquel organismo que preside el doctor Juan María Manganiello, un hombre que lleva más años en la AFA que el propio presidente. Si se hace una cuenta muy simple –dividir las 592 infracciones entre los 62 clubes–, arroja que, en promedio, hubo casi 10 transgresiones por institución.
La figura del siga-siga que una vez instaló como concepto arbitral Francisco Lamolina (como antítesis de la severidad de Javier Castrilli) permite comprender cómo permanecen al frente de algunos clubes, casi sin ser molestados, personajes que van de Eduardo López –en Newell’s– a Fernando Marín, el gerenciador de Racing, a quien se le otorgó su administración provisoria por diez años el 29 de diciembre de 2000. El primero, incluso, es el secretario de Relaciones Internacionales de la AFA, un símil de canciller simbólico que difícilmente sea despojado del primer lugar cómodo entre los libradores de cheques sin fondos.
López tiene algo en común con Marín: gobierna sin la anuencia de los socios. El rosarino se autoproclamó presidente sin elecciones; el empresario jamás fue votado y si subsiste con Blanquiceleste en Racing se debe al escurridizo juez de la quiebra, Enrique Gorostegui. Hoy, los socios autoconvocados de la Academia acusan al presidente de la SA de no haber acreditado las sumas de dinero por los pases de jugadores, de no haber realizado las inversiones previstas en el contrato, de que el club está en peligro por evasión agravada de impuestos y de que disminuyó el patrimonio. Y agregan que la gerenciadora “no puede ser garantía ni para nosotros, ni para los acreedores de la institución” porque debe 70 millones de pesos según su último balance.
“No hay peligro alguno de llegar a la quiebra, como ocurrió en Racing”, dijo en una conferencia de prensa a mediados de año el presidente de Independiente, Julio Comparada. Por entonces, su club presentaba un pasivo ante la Justicia Comercial de Lomas de Zamora por 36 millones de pesos. Esa cifra del concurso en que cayó el otro gran vecino de Avellaneda trepó hasta 59 millones, según una investigación que difundió la jueza María Rosa Caram, el 25 de octubre. Racing se fue a la quiebra por 60 millones de pesos que reclamaban sus 277 acreedores. En el rojo esperan cobrar 245, entre los que está la AFIP, que demanda el pago de $ 18.764.565 y no de $ 11.229.000 como había insinuado la actual Comisión Directiva. En el Ascenso, la situación de algunos clubes con economías más pequeñas es tan delicada como la que tienen las ocho de Primera en concurso o en quiebra (ver aparte). Se puede observar el caso de Chacarita, cuyo ex presidente, el gastronómico Luis Barrionuevo, lo dejó a la deriva cuando se retiró en junio pasado. La conducción que lo sucedió difundió una serie de datos inquietantes: deudas por sueldos con el plantel de $ 949.449,30, sin contar las mantenidas con ex jugadores como Claudio Arzeno ($ 126 mil), Claudio Graf ($ 63 mil) y Sebastián Pena ($ 52 mil). Veintiocho juicios por $ 2.199.352,35 promovidos por la AFIP, Anses y otros acreedores. Compromisos financieros por $ 1.866.785,60 con Medicina Asistencial Solidaria y la Compañía de Seguros El Surco SA. Y, entre otros rubros negativos, se comprobó que el club no tenía una cuenta corriente a su nombre, por lo que sus actuales directivos dedujeron que la actividad económica pasaba por una cuenta personal.
El repaso por este puñado de casos dispara una pregunta. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Pero, también, ¿bajo qué modelo se la reparte y cómo se controla a sus administradores y a sus principales socios de la televisión? Sobre todo cuando rinden las ganancias que obtienen del cable y en particular del sistema codificado. Los clubes del fútbol argentino, entidades civiles sin fines de lucro concebidas hace más o menos un siglo, no nacieron como franquicias, sociedades anónimas, híbridos comerciales, ni ghettos dominados por determinadas burocracias sindicales o empresarias. Si llegaron hasta hoy fue gracias a la política visionaria de sus fundadores, a la emprendedora tarea de quienes los continuaron y a la capacidad para transmitir conductas asociativas perdurables. Pero siguen de mal en peor.