Cuando se complicó la venta por porcentajes de un puñado de juveniles y se descubrió que el presunto comprador, Ricardo Martín Hardoy, estaba procesado en una causa por quiebra fraudulenta, a los principales dirigentes de River se les ocurrió una rápida solución. Estudiar la creación de un fideicomiso en el Banco Corporación Metropolitana de Finanzas (CMF), cuya única sede queda en Puerto Madero, para no perder la operación.

Esa entidad es una de las que apareció en un extenso informe de la Comisión Especial Investigadora del Congreso sobre lavado de dinero, junto a otras en las que participaba el banquero mendocino Raúl Moneta y una red muy lubricada de bancos extranjeros y sociedades offshore. En las conclusiones del informe sobre el CMF, los diputados Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar sostenían: “Existe una sospechosa relación financiera entre Moneta y sus ex socios Benegas Lynch y Tiphaine”.

Estos últimos continúan como presidente y vice del banco donde River aún no descartó realizar su proyecto para procurarse fondos. Hay una tercera alternativa a Hardoy y al CMF. Y es que la Comisión Directiva desista de una idea que choca con su tradición de no vender juveniles de a racimos.