Cuando Eduardo Duhalde firmó el decreto 1212 en junio de 2003, en los considerandos de la norma se precisaba: “Establecer un sistema de ingreso de los aportes y contribuciones a la seguridad social correspondientes tanto al personal dependiente de la AFA y de los clubes que militan en las divisiones Primera A, Nacional B y Primera B de esa entidad, como a los jugadores de fútbol, cuerpos técnicos, médicos y auxiliares que militen en cualquier categoría de las entidades dedicadas a la práctica del fútbol profesional en las divisiones referidas...”.

El concepto con el que se implementó el régimen mencionaba la “compleja situación económica” de muchas instituciones y que para ello resultaba “conveniente ordenar las deudas que mantienen con el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social, otorgándoles un modo adecuado de saldarlas, suspendiendo todas las ejecuciones en curso”.

En aquel momento, la contribución por futbolista, técnico o médico que debían pagar los clubes era: 1100 pesos para Primera División, 740 para la B Nacional y 407 pesos en la B Metropolitana. La AFA, como ahora, era el agente de retención. Según su último balance registra créditos a favor contra sus clubes (con previsión de no cobrarlos) por 478.209.736,06 pesos. Pero no les retiene, no les cobra y tampoco le paga al Estado, que la sigue nutriendo de fondos por los derechos de TV desde agosto de 2009. Los 225 millones de pesos del último reajuste en el Programa Fútbol para Todos se acercan bastante a los $ 274.794.025 que le deben a la AFIP.