Tan huérfano de protección legal como el porteño, el patrimonio de la provincia está perdiendo piezas por el boom de la construcción. Un par de buenas noticias y un antecedente legal notable.
› Por Sergio Kiernan
El diario La Voz del Interior es uno de los que más cubre el tema patrimonial en el país. Cordobés y discutidor, como corresponde, es un diario que toma posiciones claras: critica las demoliciones al garete, vigila qué hace el Estado con sus tesoros históricos y no ahorra en ácido a la hora de intentar que los desmanes frenen. Gracias a nuestro colaborador Jorge Cohen –periodista veterano y gran lector de medios de todo el país–, se pueden seguir desde aquí las batallas de Córdoba.
A esa gran ciudad también llegó el boom inmobiliario, lo que reactivó la piqueta indiscriminada. Córdoba no sólo tiene los únicos edificios coloniales de importancia en el país –en tiempos españoles era lo único parecido a una ciudad por estos pagos– sino que tuvo un siglo XX temprano de primera agua. Todo este patrimonio está en peligro por las mismas razones que en Buenos Aires y todo el país: la falta de leyes adecuadas.
Como ya se sabe, los países civilizados protegen el patrimonio con leyes “sábana”, que declaran todo edificio construido antes de cierta fecha como protegido e imponen al que quiera demoler la carga de descatalogar la pieza. Así, con relativamente poca burocracia y un mínimo de poder de policía, se evitan las destrucciones indiscriminadas y se mantienen estables las densidades poblacionales en las áreas afectadas. En Argentina, como en casi todos los países tercermundistas, la cosa es al revés: el Estado tiene que “catalogar” edificio por edificio, con lo que sólo están realmente a salvo un puñado de estructuras históricas. El resto... El problema está en que un bando tiene mucho dinero –constructoras, inmobiliarias, desarrolladoras– y el otro, el de políticos y funcionarios, arruga sin sonrojarse.
Por tanto, en Córdoba andan alarmados por el destino de sus casonas, como la joyita de chalet que se alza impecable en la esquina de Chacabuco y Obispo Oro, con sus techos en punta y sus aires alpinos. O el impecable hotel de ville con toques medievales en la avenida General Paz, calle que ya perdió unas cuantas casonas y casas. La Voz del Interior cita a Carlos Ortiz, funcionario del área de Patrimonio Cultural del municipio cordobés, que explica que en menos de un año se perdieron 40 casas de época en la capital de la provincia y da a entender que su repartición no tiene demasiados instrumentos para parar la especulación. Los únicos logros a mostrar son, por ejemplo, haber frenado por más de un año el permiso de demolición del espectacular caserón que aloja el Centro Goethe, una esquina muy bella y una mansión de un porte notable en la avenida Ambrosio Olmos. La mansión, conocida como Martínez Casas, puede caer junto a sus dos vecinas para que una empresa construya una supermegarrecontra torre de esas tan modernas.
Por su parte, los vecinos de Córdoba están tomándose el hábito tan sano de denunciar demoliciones de lugares tal vez no tan históricos o lujosos, pero patrimoniales para ellos. Como la de un viejo almacén en la esquina de Lavalleja y Cervantes, en el muy maltratado barrio de Alta Córdoba. La despensa duró 86 años en un edificio muy anterior a 1920, con su entrada en la ochava y su querible costumbre de fiar.
También hubo escándalo por la desactivación del Museo de Ciencias Naturales de Irigoyen y Obispo Trejo, una lindísima residencia de 1910 que fue entregada como parte de pago a una constructora que está terminando la nueva sede de la institución. Vecinos y preservacionistas avisan que el edificio que fue hogar de la familia Becerra Ferrer será seguramente demolido, que su transformación en un vuelto para una constructora fue decidido de noche y casi en secreto, y que resulta increíble que la Dirección de Arquitectura de Córdoba haya peritado que “no tiene valor arquitectónico”. Viendo apenas la fachada de la residencia, hay que coincidir con los vecinos: el edificio es una preciosidad.
Por suerte hay alguna buena noticia proveniente de Córdoba. Está visto que no se puede pedir a los políticos locales que cuiden el patrimonio edificado, pero al menos se los puede presionar para que cuiden edificios notables de propiedad pública. Así, se está empezando a resolver el caso del muy hermoso predio conocido como Club El Panal, en Rivera Indarte 55, que sentó un precedente judicial notable. La casona, en estilo criollo italianizante e inmensa, alojó por décadas un club político que le legó su nombre. Luego fue estatizado, pasó de sede de Economía a sede de diversas entidades de Educación, incluyendo la Escuela Superior de Artes. En 1994, en plena fiebre privatizadora, el gobierno provincial decidió venderlo para que se hicieran galerías comerciales y un diputado presentó un proyecto para frenar la licitación y proteger como patrimonio el edificio. Perdió como en la mismísima guerra: le votaron en contra por unanimidad. El diputado fue entonces a la Justicia, logró un fallo favorable en primera instancia y ganó la apelación de la provincia. La Cámara local afirmó que los ciudadanos tienen un derecho positivo de promover la preservación de lugares históricos propios.
A principios de 2005, el edificio fue desocupado por los estudiantes de arte y música, se cortaron los servicios y se tapiaron provisoriamente los accesos, para evitar ocupaciones. Los cordobeses volvieron a preocuparse hasta que se anunció que El Panal pasará a alojar fiscalías y oficinas judiciales cordobesas, sin privatizarse y sin demoliciones traviesas.
Por otra parte, se comenzaron trabajos para rescatar dos piezas patrimoniales muy diferentes de la ciudad. Una es la sede de la Academia Nacional de Ciencias, en Vélez Sarsfield 229, severo edificio que aloja varios museos científicos abiertos al públicos y usados por la Facultad de Exactas de la UNC. El edificio, de 1897, es monumento histórico nacional desde 1994 y luce sucio y baqueteado. El proyecto busca explícitamente restaurar su arquitectura, no tiene fecha de inicio y es una coproducción de la municipalidad y la Academia.
Lo que sí comenzó es el trabajo en la segunda pieza, el pasaje Aguaducho del barrio Clínicas, que tiene un trazado de lo más peculiar porque corresponde a la pavimentación de un arroyo que desembocaba en el Suquía. El pasaje zigzaguea unas cuatro cuadras y tiene más que nada casas bajas en lo que normalmente serían pulmones de manzana. Los trabajos son en cuatro etapas y abarcan iluminación, pavimentación y restauración de fachadas, además de voltear una medianera que no deja que el pasaje llegue a la costanera del río. Esto último permitiría abrir un espacio pensado para una feria al aire libre.
Una buena noticia es que los cordobeses ganaron acceso público a un peculiar palacio de estilo español con una curiosa historia, ubicado en Capilla del Monte justo frente a ese centro de la sanata mística, el cerro Uritorco. Hacia 1890, el empresario español Odilo Estévez Yáñez, dueño de la yerba 43, compró 16 hectáreas en el entonces pueblito y se mandó a hacer una residencia digna de su título de conde. Villa Firma es un castillete mudéjar muy hermoso, asentado entre jardines abundantes en fuentes y piscinas, con miles de mayólicas traídas de Talavera de la Reina y herrerías granadinas. El palacio es tan lujoso que el conde hasta se lo ofreció al rey Alfonso XIII en 1931, cuando se proclamó la república española, pero el Borbón prefirió un exilio más a mano del trono perdido.
Diecisiete dueños después, Villa Firma se llama Pueblo Encanto y volvió de años de abandono y varios ataques de vandalismo y saqueo. Su dueño actual, Carlos Lusianzoff, restauró la casa y la abrió al público. Una de las atracciones es lo que sobrevivió de la pinacoteca del dueño anterior, el poeta Sebastián Alejandro, de la que se robaron nada menos que cien piezas en 2005.
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