Habrá que dejar que pase el tiempo para estar seguros pero, en cuanto al tema patrimonial y de construcción, noviembre fue un mes más que interesante. "Interesante", en este caso, usado como en la maldición china, la que cortésmente te desea una vida llena de eventos. Porque lo que está empezando a pasar es que saltan los chispazos entre gente y gobierno, entre vecinos y profesionales. Son flashazos brillantes y nuevos, porque personas comunes se les están plantando a quienes les planifican la realidad física.

Los vecinos de varios barrios porteños salieron a la calle para parar las torres, usando el modelo asambleísta entrerriano. Rápido de reflejos para ser gobierno –un ser de lo más vegetal a la hora de reaccionar–, el porteño suspendió las torres por noventa días, con la excusa de pedir informes sobre la infraestructura de los lugares donde se construyen esos edificios enormes. A poco, la Legislatura comenzó a tratar ideas de restringir las alturas en zonas de Palermo y Coghlan. Con un poco más de presión, se logrará que las torres sean una rareza limitada a los bordes urbanos, donde sí pueden ser útiles atrayendo población y donde no destruyen un tejido urbano, cultural y social ya existente.

Esta destructividad es una cuestión de escala y saturación. Cuando se instala algo de veinte o treinta pisos en un barrio, todo lo demás queda pequeño y apichonado. Ni la catedral más garbosa se salva, como demuestra el horizonte que rodea a la de La Plata. Un barrio entero que queda disminuido por un solo negocito de una empresa: por algo en la Legislatura se habla de prohibir la unificación de terrenos, vía para construir bien pero bien alto.

Por otro lado, la saturación, que resulta de reconstruir una ciudad a una altura mayor. Simplemente, la ya muy alta tasa de personas por metro cuadrado de Buenos Aires subirá, cumpliendo el sueño de la dictadura militar de llegar a los 5 millones para una ciudad que hace muchas décadas se estabilizó en tres. Aunque alcancen los caños, las líneas telefónicas y la presión de gas, lo que no alcanza son las calles, las avenidas, los subtes y las veredas. ¿Dónde meter tantos autos? ¿Dónde meter tanta gente?

San Pablo, Brasil, era una ciudad como Buenos Aires que quedó en veinte años rendida bajo el smog y el hacinamiento, con su clase dirigente desoyendo toda advertencia en nombre del "progreso" y del pleno empleo para la industria de la construcción. Era un buen negocio arruinar completamente la ciudad con el simple y rentable expediente de demolerla y volver a construirla. Parece que nuestros vecinos entienden la nube que se les viene y hablan de cosas como ver el sol y el cielo, demandas ciudadanas tal vez fáciles de ridiculizar, si uno quiere pagar el costo político de sentirse tan superior.

Esta historia tiene final abierto, es un proceso que se desenvuelve y dependerá de cuánto se movilicen los vecinos. Lo que parece no tener remedio es el pensamiento estatal con respecto al ámbito público y a los lugares históricos. En estos días se revelaron con bombos y platillos dos concursos, uno porteño y otro nacional, que arrasan gravemente con la Plaza de Mayo y el Correo Central, a los que ni sus abuelas reconocerán cuando terminen las obras.

La Plaza de Mayo va a desaparecer y en su lugar van a construir un zócalo de pared a pared, seco y raspador, con lucecitas de colores en el suelo. Desaparece un lugar real para que con una tecla se hagan aparecer lugares virtuales. La plaza deja de ser una plaza para ser un... espacio, con riesgo real de ser un no-lugar y con aspecto de playa de estacionamiento posmoderna. El proyecto es feo, carente de calidad, innecesario y caro. Ojalá que esta gaffe en el buen gusto público no llegue a hacerse antes de las elecciones y que el próximo jefe de gobierno la cajonee.

El Correo Central, por concurso nacional, va a perder miles de metros cuadrados para transformarse en sala múltiple, otra sede cultural que habrá que ver quién mantendrá en el futuro. El proyecto prometía por escrito respetar el exterior del edificio, que tiene todas las protecciones imaginables, pero su vasta mansarda va a quedar transparente, vidriada. Es una idea francamente anacrónica y muy destructiva de la identidad visual del edificio. La demolición interna, al menos, no es visible, pero parece que los profesionales de hoy no pueden hacer una obra sin enmendarles la plana a sus predecesores, costumbre adolescente que un jurado oficial debería, adultamente, moderar.

Por suerte, en medio de todo esto, el juez en lo contencioso administrativo porteño Roberto Gallardo sentó un precedente de oro en cuanto a la preservación real del patrimonio, con un fallo que va directo al bolsillo. En noviembre del 2000, la empresa constructora Ciada demolió la muy vieja casa Millán, en la avenida Alberdi a la altura de Flores, para construir un edificio. Lo hizo faltando a la ley, porque había una medida de no innovar que protegía el edificio, el más antiguo del barrio.

La medida de Gallardo fue francamente salomónica: condenó a Ciada a pagar un millón de pesos como multa y al gobierno porteño a destinar otro millón a la preservación, empezando por la puerta de la misma casa Millán que debe ser colocada en un lugar público con una placa que explique cómo fue destruido el edificio. La resolución no es histórica sólo porque multa pesadamente la avivada de la empresa sino porque pune al gobierno porteño por andar por ahí creando APHs y monumentos con una ley que no tiene dientes, que no impone castigos, que no se puede hacer cumplir. Un millón de pesos por la falta de rigor.

Seguramente ambas partes apelarán. No deberían quejarse: la ley inglesa haría que Ciada tuviera que reconstruir la casa usando materiales originales de época, a un costo colosal. Los ingleses la aplicaron una sola vez y la empresa castigada fue a la quiebra. Ahí se acabaron los vivos. Pero nuestra ciudad sigue navegando entre la timidez –no meterse con las empresas– y la confusión de novedades con progreso.