El petit hotel de Callao 924 será demolido y reemplazado por una torre de oficinas de muchos, muchos más pisos. Pero no todo está perdido: con fina inteligencia, su dueño hizo una propuesta generosa el viernes pasado, en la audiencia de conciliación obligatoria que tuvo con los vecinos que protestaban y con los legisladores porteños Teresa de Anchorena y Facundo di Filippo. Ese día, el empresario explicó que preservar el petit hotel le resultaba económicamente suicida pero que estaba dispuesto a no vender las muy finas antigüedades que ornan sus interiores. De hecho, propuso recrear los dos salones más elegantes y decorados de la casona en ambientes de las mismas medidas y proporciones en la planta baja de la torre a construir. Estos salones tendrán las boisseries, parquets, chimeneas y aperturas que instaló Luis Martín en el original, más los espectaculares vitrales que ahora ornamentan palieres. Y un tercer ambiente reunirá elementos de primera agua rescatados de otros lugares de la casa. Las tres habitaciones estarán disponibles tanto para los futuros inquilinos comerciales de la torre como para grupos sociales y patrimoniales del barrio.

La solución no es la ideal, ciertamente, pero dado que el gobierno porteño no movió un dedo para cumplir la Ley de Patrimonio votada en 2003 y reglamentada a regañadientes en 2006, que hubiera salvado el edificio, hay que aceptarla con alegría. Y reconocerle el espíritu cívico y la visión empresaria a los propietarios del edificio, que cancelaron la venta de las antigüedades estructurales del petit hotel y van a crear tres salones seguramente notables y mucho mejores que cualquier cosa creable hoy en día.

Callao 924 fue por muchos años la sede de una mutual, con su planta baja tontamente remodelada con ese criterio que privilegia lo nuevo sobre lo bueno. La casona es un elegante ejemplo de una tipología tan común en otros tiempos, el petit hotel de ville, que ya está al borde de la extinción entre nosotros. La cuadra de Callao al 900 estaba entera hasta hace pocos años, cuando perdió dos casas, reemplazadas por torres. El 924 será el tercer caso.

Cuando se alzaron las mamparas de demolición, aparecieron los vecinos movilizados de Recoleta, ya irritados por tanta piqueta que destruye edificios notables para reemplazarlos por arquitecturas ramplonas, de mero valor comercial y bastante falopas en cuanto a materiales. Como ningún jefe de Gobierno jamás se interesó en detener la destrucción del patrimonio porteño –ni el presidencial Fernando de la Rúa, ni el progresista Aníbal Ibarra, ni el cultísimo Jorge Telerman– este tipo de edificios no tiene ninguna protección. Los vecinos armaron un respetuoso piquete en la puerta, llamaron a los medios y presentaron un amparo contra la constructora ante la Justicia federal.

A la vez, la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena, y el legislador Facundo di Filippo presentaron otro ante la Justicia porteña. Hace dos semanas, la jueza Elena Liberatori congeló con elogiable velocidad la demolición hasta resolver el tema, entendiendo que no había tiempo de estudiar el caso porque el edificio simplemente ya no estaría allí. El viernes de la semana pasada, la jueza presidió una reunión entre la constructora, los legisladores y los vecinos, representados por Laura Navarro y Santiago Pusso. Los propietarios se aparecieron con una propuesta por escrito diciendo que sabían de los valores patrimoniales del edificio y por eso proponían crear “espacios de acceso público” para que sean disfrutables y puedan ser “utilizados por instituciones vecinales, culturales y ligadas al patrimonio arquitectónico”.

Fue una idea feliz que le da un toque único a lo que sería un edificio más de oficinas, un uso rentable de elementos patrimoniales y un compromiso que fue aceptado. La diputada Anchorena explicó que “no es la solución más adecuada, pero se llegó a esta situación luego de una medida judicial extrema, frente a la autorización de demolición total otorgada por el Ejecutivo porteño”. El acuerdo, explicó la diputada, “demostró que es posible compatibilizar el derecho de propiedad del titular con el derecho colectivo a la preservación”.

Di Filippo y Anchorena lograron que su amparo fuera aceptado porque Callao 924 figura en una lista de “edificios representativos” de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural porteña. Figurar en esta lista no le garantiza protección a los 2707 edificios que la conforman, ya que el Ministerio de Cultura porteña nunca cumplió la ley 1227, que la obligaba a crear un catálogo de bienes culturales a proteger. Es rarísimo: Cultura siempre se quejó de que no podía proteger el patrimonio porque no tenía poder sobre él, pero cuando la ley se lo otorgó no movió un dedo para ejercerlo. Las demoliciones siguieron en mano de Planeamiento, donde se ríen abiertamente de la idea de preservar 2700 edificios.

Si este gobierno porteño hubiera hecho la lista a tiempo, la empresa constructora hubiera sabido antes de comprar que Callao 924 no se podía demoler y nada de esto hubiera ocurrido. Perdimos otro edificio irreemplazable, gracias a que la ministra de Cultura no encontró tiempo o ganas de hacer una lista. Sólo una lista: no tenía que ir a la Legislatura, ni negociar qué proteger con enemigos internos o externos, ni convencer a ningún funcionario superior. Dependía de ella, pero no lo hizo.