Este miércoles pasó algo muy bueno en la Legislatura porteña. La Comisión Especial para el Patrimonio aprobó un proyecto que realmente tiene chance de proteger una parte sustantiva de los edificios históricos, bonitos y valiosos de nuestra ciudad. El despacho de comisión reúne firmas del PRO, del Frente para la Victoria, Recrear y la Coalición Cívica, una combinación en general rara. Este voto muestra que sí hay legisladores sensibles a lo que quieren sus votantes, los vecinos porteños, y con la inteligencia de notar que el fallo de la Cámara que protegió el hotel de ville de Montevideo 1250 genera ciertos deberes. Esta futura ley comienza su camino –tienen que votarla otras dos comisiones y luego pasa a la Legislatura en pleno– y el Ejecutivo porteño ya aprovechó para mostrar otra vez su incoherencia: María de las Nieves Arias Incollá, arquitecta, miembro de varias instituciones internacionales de preservación patrimonial y subsecretaria de Patrimonio de la ciudad, se opone al proyecto. Y lo hace por un caso claro de perro del hortelanismo. O por orden superior.

Vecinos y Cámara

Esta primavera se está mostrando paradigmática para la lucha por frenar las demoliciones. Simplemente, los vecinos salieron a la calle, cansados de ser sujetos pasivos del negocio inmobiliario y cansados de la anomia del gobierno de Jorge Telerman, dividido entre “demolicionistas” –los que piensan que “una ciudad viva” es una demolida– y “utopistas” –los que creen que salvar nuestro patrimonio es utópico y ni merece ser intentado, fuera de alguna APH–. En Primera Junta, Flores, Recoleta, Floresta y Liniers hay asociaciones vecinales intentando frenar torres y demoliciones, y tratando de hacerles entender a sus políticos que deben representarlos, ganarse sus votos. Al politizar explícitamente el tema, los vecinos muestran una nueva arena donde ganar o perder votos. El patrimonio ya no es cuestión de aficionados o de museos, es una manera de defender la calidad de vida de la ciudad porteña y evitar que los especuladores la transformen en un bosque de mala arquitectura, como San Pablo.

Los vecinos de Basta de Demoler –un nombre claro como el agua– salieron con los tapones de punta y directo a los tribunales, en defensa del patrimonio de Barrio Norte y Recoleta. Perdieron por puntos en Callao 924 y están obteniendo un triunfo notable en el caso del hotel de ville de los Bemberg en Montevideo 1250. Santiago Pusso, uno de los vecinos, pidió y obtuvo un amparo que paralizó la construcción ante la Justicia porteña. La medida fue apelada rápidamente por el procurador porteño, más papista que la constructora, que apeló más tarde. Como se relató en m2 de la semana pasada, la Cámara porteña no sólo rechazó las apelaciones y sostuvo el amparo, sino que falló sobre una cuestión de fondo: si hay un trámite de catalogación en cualquier instancia o etapa, hay que inhibir cualquier intento de demolición del edificio. No es que a veces hay que hacerlo, o cuando algún funcionario se acuerda, o si alguien en el gobierno porteño sale de la modorra. Hay que hacerlo.

Esto es de una importancia fundamental, porque la cadena de mandos en el Ejecutivo en cuanto a demoliciones y preservaciones es convenientemente confusa, ambigua y abierta a todo tipo de maniobras rentables. En todo edificio patrimonial pueden tocar Cultura, Gobierno y Obras Públicas, cada uno tirando para lo suyo. Como el gobierno porteño es y siempre fue muy sensible a los intereses de las constructoras y las inmobiliarias, conservar algo es una suerte de hazaña. Por supuesto que un ministro de Cultura con coraje y ganas de dar la pelea podría hacer una inmensa diferencia. Y naturalmente que un Jefe de Gobierno con alguito de estadista podría generar una política como la de Rosario, donde se preserva y nadie quiebra o pierde plata. Pero la ministra Fajre rehúye todas y cada una de las peleas que se le presentan en la vida con un talento llamativo. Y el jefe de Gobierno Telerman...

Digamos que vino bien que la Justicia porteña se pronuncie con tal claridad, sustancia escasa en el Ejecutivo. Por suerte lo hizo, porque además les dio tiempo a los vecinos de al lado del edificio Bemberg para recordarles a todos que existe un viejo contrato de cuando se edificó el palacio que prohíbe que se edifique algo más alto. El contrato sigue vigente y se aplica plenamente a los nuevos dueños, que quieren construir una torre siniestramente acristalada y terminaron comprando justo un lote donde no se puede. La empresa se llama, irónicamente, I.Q.

Foto: Bernardino Ávila

Legisladores

El fallo de la Cámara no sólo salvó el edificio de Montevideo 1250 sino que activó un fuerte debate en la Legislatura porteña. Este miércoles pasó algo maravilloso y raro: seis de los siete diputados miembros de la Comisión de Patrimonio firmaron un despacho proponiendo un proyecto de ley conjunto que puede hacer por el patrimonio una verdadera diferencia, un antes y un después. Teresa de Anchorena y María Eugenia Estenssoro, presidenta y vice de la comisión y ambas de la Coalición Cívica, Juan Manuel Olmos y Chango Farías Gómez, del Frente para la Victoria, Marta Agostini de Varela, de Recrear, y Alvaro González, del PRO firmaron el despacho, con la única ausencia de Lidia Saya, también del PRO. Estos nombres son todavía más importantes si se tiene en cuenta que Olmos es presidente de la Comisión de Presupuesto, nada menos, y vice de la de Planeamiento, que también debe ver el proyecto. Y que González es el presidente de la de Planeamiento. Con su titular y vice firmando el proyecto de Patrimonio, el proyecto tiene buenas chances.

El despacho unifica cuatro iniciativas presentadas anteriormente y que toman conjuntos o áreas enteras, no un edificio aquí y allá o un APH. Lo fundante y fundamental es que declara la emergencia del patrimonio arquitectónico y paisajístico en la ciudad por seis meses a partir de que se vote la ley, y suspende las demoliciones de todos los edificios comprendidos en la lista de “Edificios representativos” que elaboró la Subsecretaría de Patrimonio porteño, que encabeza la arquitecta Arias Incollá.

Los seis meses permitirán que la Unidad Técnica de Coordinación de Catálogos, Registros e Inventarios del Ministerio de Cultura porteño le envíe, en cuatro meses, una propuesta de qué catalogar. El territorio a cubrir por la Unidad Técnica son los 2693 edificios de la lista de edificios representativos, los 72 que sobreviven de la lista de “Premios Municipalidad de Buenos Aires” y todo lo que haya en el polígono propuesto por Telerman como Paisaje Cultural Mundial ante la Unesco, zoncera manifiesta que al fin puede servir para algo.

Mientras tanto, todo el que quiera intervenir en una fachada o área común de estos edificios debe pedir un parecer favorable al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales y también a la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico de la ciudad, entes ambos que reúnen privados y públicos. El proyecto dice explícitamente que “en el caso de que el inmueble considerado tenga valor patrimonial se denegará toda solicitud que atente contra el mismo y se iniciará el trámite de catalogación correspondiente”.

Como todo el mundo ya se conoce, el artículo sexto del proyecto de ley avisa que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, que tiene el gancho para autorizar demoliciones, “remitirá, previo a tomar intervención, todas las solicitudes que se le sometan a la Dirección General de Interpretación Urbanística dentro de las 72 horas hábiles”. Esto es, nada de autorizar demoliciones alegando que no sabían. La DGIU, a su vez, debe traspasar estas solicitudes al Consejo y a la Comisión, que deben contestar en 15 días hábiles. El artículo final del proyecto dice que el Ejecutivo debe comunicarle al Legislativo cómo anda el trámite cada 45 días.

Pellizcarse

Que este proyecto haya sido firmado por una comisión, con la presencia y la firma de los dos más altos cargos en la de Planeamiento y con Farías Gómez, que también pisa fuerte en la de Cultura, parece un sueño. Mientras que la lista de la Subsecretaría de Patrimonio toma edificios repartidos por toda la ciudad, el polígono de la Unesco toma toda la costa: Puerto Madero, el Centro, San Telmo, Retiro, Recoleta y todos los parques de Palermo y aledaños. El mecanismo significa que se va a poder demoler, modificar y construir, pero con un cierto orden y sin abusos. Sobre todo, va a significar una grata claridad para los inversores, que tienen un mapita muy claro y una lista con dirección y fotos de lo que va a ser cuestionado o prohibido. Nadie se va a comer la situación que tiene ahora I.Q. por intentar demoler un edificio de la lista de los representativos que además tiene una inhibición privada por contrato.

Por supuesto que falta para festejar realmente y por ahora hay que pellizcarse. Este proyecto sano y claro tiene sus opositores, los que representan más a las constructoras y las inmobiliarias que a los vecinos. La interna entre Cultura y Planeamiento, eterna en todos los gobiernos de esta ciudad, de cualquier laya y color, no está ausente en el futuro gabinete de Mauricio Macri, que abunda en veteranos de esas industrias. Lo que tal vez tengan que aprender a tener en cuenta es que los vecinos les van a cobrar cada demolición, que el patrimonio ya es un tema de la agenda política y que el capitalismo salvaje aplicado al ladrillo no convence más. La ciudad es grande, hay lugar para todos.

Pero si no sorprende que un veterano de Socma desconfíe del patrimonio, sí sorprende que la subsecretaria porteña del tema se oponga. Resulta que el Día de la Primavera, la arquitecta María de las Nieves Arias Incollá le envió a la directora general Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura un informe técnico sobre el proyecto legislativo. En ese informe, Arias Incollá explica que el inventario de edificios es una “herramienta de trabajo en la tarea cotidiana” de su repartición, que los edificios así identificados fueron “incorporados a las distintas guías publicadas para conocimiento y valoración por la comunidad” y para “una posible propuesta de creación de un distrito de protección histórica”.

Punto y aparte, en el párrafo cinco, la arquitecta –especializada en patrimonio, por supuesto– aclara que “no todos los inmuebles así inventariados ameritan ser catalogados, por eso mismo se los denomina simplemente inmuebles representativos no teniendo esta denominación ninguna connotación de protección legal”. Esto es incomprensible excepto como una fuerte apertura de paraguas: tanto los vecinos como la Cámara porteña citaron la lista de edificios representativos en su amparo y su fallo, respectivamente. Arias Incollá corre a explicar que “ninguna relación puede existir entre los inmuebles inventariados por la DGP y las disposiciones de la ley 1227 (la ley de patrimonio, que Cultura cajoneó hasta que la amenazaron con un juicio) por no ser el inventario en cuestión uno de los incluidos en tal disposición”.

Esto es, Arias Incollá está nerviosa de que alguien confunda “inventariado” con “catalogado”, y hasta avisa que su lista está “abierta, en constante transformación”, por lo que no puede ser usada como referencia pero que su subsecretaría está trabajando “con toda la celeridad que le permiten sus recursos” en la catalogación de lo que valga la pena de esa lista. Su conclusión es que desaconseja el proyecto, ya que “carece de las condiciones necesarias para que la imposición de tan grave restricción al dominio encuentre una justificación que la haga legítima”.

Esto es rarísimo: la subsecretaria de Patrimonio cuidando los derechos a demoler de las constructoras, supuestamente amenazados por algo “tan grave” como una moratoria de seis meses, en lugar de alegrarse de que la lista que su repartición compiló sea usada para salvar el patrimonio. Como la arquitecta es miembro de cuanta organización internacional de patrimonio valga la pena ser miembro, como ha viajado extensamente, escrito, seminariado y escuchado, y como sabe perfectamente cómo es en realidad un régimen drástico, su informe técnico suena sospechosamente a obediencia debida. ¿Le habrán ordenado que esté en contra? ¿O lo que va en Rosario no puede ir en Buenos Aires?

En fin, misterios de un gobierno agónico, que mostró una incapacidad palmaria para generar una real política de patrimonio para la ciudad. Por suerte, todo esto ya no depende de funcionarios como Telerman, Fajre o Incollá. Depende más de un proyecto legislativo multipartidario que se merece todo el apoyo posible.