Hay que ser abogado para saber esto y además andar en temas legales con la Ciudad. Pero como explican los que lo son y los que la andan, la medida que acaba de tomar el procurador porteño Agustín Zbar es realmente llamativa. El representante legal del gobierno porteño acaba de “allanarse” en el caso de la casona de Montevideo 1244/1250, lo que quiere decir en buen romance que no va a apelar el fallo unánime, claro y sabio de la Cámara porteña, que salvó el edificio. Lo llamativo no es apenas que Zbar desista en un rol que no se entendía sino además que no persista en el rol de apelar y apelar, pase lo que pase, que parece ser artículo de fe de la Ciudad en cualquier causa.

Como se recordará, el viejo palacio de los Bemberg frente a la plaza Vicente López iba a ser demolido sin más ni más, en un trámite lleno de errores y contradicciones. Por un lado, ya estaba en la lista de edificios característicos de la Ciudad y para peor se tramitaba su catalogación en la Legislatura, algo debidamente comunicado al Ejecutivo. Pero por el otro, y con fecha posterior al trámite de catalogación, se había autorizado su demolición. Un grupo de vecinos del barrio, agrupados en el grupo Basta de Demoler, pidieron un amparo y lo ganaron, gracias al juez Gallardo. Lo que quedó en claro es que el Ejecutivo debería haber inhibido la parcela –algo que el arquitecto Mario Sabugo “olvidó” hacer– y que la Dgfoc, órgano especializado, nunca debería haber autorizado la demolición.

Curiosamente, el primero en apelar el fallo de Gallardo fue el gobierno porteño, en la persona de Zbar, encargado de estos asuntos legales. La empresa constructora sólo lo hizo después, lo que indica que la ciudad o tiene al fin un ente eficiente o sentía que los intereses de los vecinos eran lesados por impedir la demolición. La Cámara porteña recibió las apelaciones y fue lapidaria en su fallo: los vecinos tenían razón, el edificio no podía ser demolido hasta que la Legislatura defina por sí o por no su catalogación, Sabugo and Co. deberían haber cumplido sus deberes de funcionarios públicos y haber parado la piqueta.

Quedó picando la siguiente instancia: ¿volvería Zbar a apelar? Pues esta semana, la abogada María Cristina Darriba, apoderada del gobierno porteño, comunicó al tribunal que, “por expresas instrucciones del señor procurador general de la Ciudad”, “venimos a allanarnos a la demanda instaurada en actos”, que viene a ser la que presentaron los vecinos. La doctora Darriba acompaña la resolución de su jefe, que explica con claridad meridiana las razones de desistir de apelar y aceptar lo que plantearon los vecinos. Zbar relata que tanto Cultura como Planeamiento Interpretativo contestaron al tribunal que el edificio sí tenía valor patrimonial, que Planeamiento y otros varios entes –incluyendo el que dirige la mentalmente fugada Nani Arias Incollá– están de acuerdo y que la Legislatura trata una protección. Por tanto, resuelve autorizar “al letrado interviniente”, la doctora Darriba, a “allanarse a la demanda instaurada”.

Clarito, ¿no? Y eso que Zbar no entra en el tema interno de por qué llegó siquiera a existir la causa, que es la pulcra incoherencia del Ejecutivo al que él sirve, en el que una oficina hace una cosa y otra hace otra, sin prestarle demasiada atención a la ley. La Cámara dejó el tema de fondo clarísimo: si se trata la catalogación de un bien, el bien debe ser inhibido, protegido, cuidado. El que autorice su demolición quiebra la ley y debe ser investigado para saber por qué la quebró.

Y sólo hay dos porqués: ser demasiado bobo o demasiado vivo.