El edificio histórico del colegio de Lasalle es patrimonio catalogado de la ciudad de Buenos Aires. Este jueves, tarde a la noche y por unanimidad, la Legislatura votó una ley protegiendo el viejo palacete que amenazaba convertirse en un hotel tras una “puesta en valor” perversa, guaranga y dañina. Es una historia con final feliz y una muestra de la fuerte inserción que tiene ahora el patrimonio en la agenda política porteña. Pero también es otra instancia de esa complicidad material y ladrillera que mantiene el PRO con la Iglesia, que ya le rindió a la parroquia de Flores la impunidad de un delito y ahora le rendirá al Lasalle un subsidio.

A mediados del año pasado comenzó a sonar que el histórico colegio iba a tener un nuevo destino. Situado justo atrás de esa perla que es el palacio de Aguas de la vieja Obras Sanitarias, el Lasalle es como una pata privada del programa de construcciones que transformó a la gran aldea en la capital afrancesada, imperial y aplomada que supo ser. Fue la época en que se construían palacios para los ministerios –el Pizzurno, el chateau normando en Alem para Ganadería–, para escuelas, para hospitales y hasta para los tanques de agua de la ciudad. Los hermanos lasallianos, dedicados a educar elites, construyeron los suyos.

Pero un siglo largo después, la actividades escolares apenas tocaban el edificio histórico y se concentraban en un edificio olvidable por completo sobre la calle Ayacucho. El lindísimo palacio hasta se alquilaba para actividades educativas de otras instituciones. De ahí surgió la idea, nada perversa en sí misma, de darle otro destino.

La diputada porteña Teresa de Anchorena, que preside la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, presentó el 16 de octubre un proyecto de catalogación del Lasalle, en un claro acto de apertura de paragüas. Como explica su jefe de asesores, Facundo de Almeida, la diputada estaba usando el flamante recurso surgido de la batalla legal para salvar al palacio Bemberg, en Montevideo 1250. Como se recordará, los vecinos de Basta de Demoler, asesorados por Anchorena, De Almeida y su equipo, presentaron un amparo e incluyeron un argumento formidable: que si el edificio se demolía de apuro, antes de que la Legislatura tratara su catalogación, se negaba al Legislativo la capacidad de legislar. Que viene a ser su razón de ser. Los jueces, en primera y segunda instancia, entendieron el tema de fondo y ya conocían de antaño la avivada de demoler rapidito para que el tema quedara anulado. Fallaron con rigor y a una velocidad gratificante. Montevideo 1250 se salvó y pasó a ser el cimiento de toda una jurisprudencia.

De Almeida cuenta que los meses que siguieron fueron activos porque se dedicaron a avisar punto por punto al Ejecutivo sobre todos los edificios en trámite de catalogación y machacando sobre el fallo en firme de la Justicia. La lista es larga y paralizó varias demoliciones que en un país civilizado ni siquiera se considerarían. Ayudó, y mucho, que el macrismo haya tenido tantos problemas con el área cultural antes mismo de asumir.

En enero, pleno verano y con la ciudad vacía, los hermanos de Lasalle presentaron su nuevo proyecto a la asociación de ex alumnos. Lo hicieron afirmando que la obra ya estaba autorizada, lo que resultó falso: le habían mostrado los renders y los planos al Consejo asesor sobre el Plan Urbano Ambiental, que emitió una nota diciendo “muy lindo”. El misterio es por qué se mete el COPUA en estos temas, sobre los que tiene tanto poder legal como los Boy Scouts.

Los ex alumnos pusieron el grito en el cielo. El proyecto de “puesta en valor” del Lasalle del estudio Polizzi-Soldini parece una parodia del nuevo patio del Louvre, con excavaciones subterráneas, esculturas modernudas, cajas de vidrio y otras extravagancias como techar completamente el viejo patio. En plena ola de calor, De Anchorena recordó públicamente que toda modificación del edificio era ilegal hasta que la Legislatura aprobara o descartara la catalogación, y el Ejecutivo se apuró a reaccionar. Primero aclaró que no había ninguna autorización y luego tomó un paso nunca visto: Mauricio Macri en persona le ordenó a Diego Santilli, vicepresidente primero de la Legislatura, que el proyecto de catalogación se tratara de urgencia en las comisiones respectivas y que se incluyera en la sesión extraordinaria de este jueves.

Año verde en Argentina: una catalogación de un edificio histórico al tope de la agenda y bajo un gobierno macrista.

Por supuesto que no todo fue tan simple. El ibarrismo tuvo otro de sus ataques de amnesia e insistió con que el Lasalle fuera parte de un APH a crear y que por ley tuviera que seguir siendo colegio, ideas que Aníbal Ibarra podría haber articulado cuando era Jefe de Gobierno. El macrismo comenzó a embarrar la cancha insistiendo con un proyecto propio, calcado del de Anchorena pero con el agregado de que el gobierno porteño le daba una “garantía” al Lasalle de sostener sus actividades educativas. El agregado fue tan resistido que no fue votado este jueves y quedó presentado como ley autónoma, a tratar en la Comisión de Educación en un futuro seguramente próximo.

La iglesia se allanó a la catalogación, lo que no extraña. El partido de Macri incluye en puestos relevantes a sotanudos probados y comprobados como Santiago de Estrada, que quebró toda la ética legislativa para salvarle un negocito a la parroquia de Flores. Esa iglesia había recibido en donación la casa Piana en la primera cuadra de la calle Membrillar, parte del APH Flores. En 2003, para poder venderla a un constructor, la parroquia la mandó a demoler un sábado a la noche, la típica técnica de la demolición clandestina. Los vecinos pararon el acto de vandalismo el domingo a la mañana, cuando la casona ya no tenía techos, y el tema fue a un juicio de mal pronóstico para la parroquia.

Santiago de Estrada, por entonces vicepresidente en ejercicio de la Legislatura, decidió salvar a sus mandos naturales pasando una ley que descatalogara retroactivamente a la casona de Membrillar. El bodrio era tan violento a toda noción de ética pública que hasta Jorge Telerman, de proverbial timidez en estos temas, se animó a vetarla. De Estrada, que tiene un orgullo luciferino, insistió: la ley fue vuelta a votar, con telefonazos del cardenal Bergoglio en persona a los diputados en duda. Un papelón para todos, pero la ley salió.

Por eso es que las promesas del macrismo tienen peso en la Iglesia, que el mismo jueves, horas antes de la sesión legislativa, se allanó a que se catalogue el Lasalle. Primero fueron los hermanos del colegio que se presentaron a la DGROC –la ex DGFOC– y renunciaron formalmente al proyecto hotelero. Luego fue la vicaría de Educación de la misma Iglesia, anunciando que el Lasalle seguirá siendo colegio y que se destinarán varios miles de metros cuadrados extra a la educación.

Tanto entusiasmo se notó más tarde en la sesión. El macrismo retiró el proyecto con el artículo que da “garantía” al Lasalle y logró que se votara en general por unanimidad perfecta. En particular –el segundo paso de toda ley– el voto fue de 45 a 5, con la disidencia de Ibarra y los suyos que persistieron en su proyecto de APH. Los ex alumnos del colegio atronaron, festejando el voto cantando el himno del Lasalle.

Y así se salvó, por ahora, el edificio. Lo bueno fue que el patrimonio mostró ser urgente, tema político que no se puede ningunear impunemente, algo que tiene que aprender el gobierno de Tigre, entre muchos otros. Lástima que Macri sigue la senda del estradismo y que la historia puede terminar costándonos, a todos, buenos dineros de subsidio.