Esta semana se realizaron las audiencias públicas por la catalogación del colegio La Salle de la calle Riobamba. Como se recordará, la Legislatura votó en febrero la catalogación de ese edificio elegante y cargado de historia, luego de que el jefe de Gobierno Mauricio Macri movilizara sus recursos. Es que los lasallianos iban a transformar su edificio en un hotel con un proyecto arquitectónico muy destructivo. La Legislatura tiene que volver a votar la catalogación, una penalidad –doble lectura– que la protección del patrimonio tiene que pagar, pobrecita. Entre miércoles y jueves, el salón San Martín fue ámbito para que los interesados hablaran.

Hubo 36 inscriptos y una inmensa rebeldía a aceptar el límite de hablar cinco minutos, con lo que la audiencia quedó desdoblada en dos sesiones. Hubo ex alumnos, hubo actuales docente y hablaron las autoridades de la escuela y de la congregación. Se dijeron muchas cosas que sólo entenderán quienes conocen la interna en esa comunidad y hasta se ventilaron viejas broncas asociativas. Y sistemáticamente se habló de cosas que no vienen al caso, que nadie cuestionó y que en todo caso no son asunto legislativo.

Los lasallianos –valga la palabra para los miembros laicos de esa comunidad y para los que participan en la vida del colegio– hablaron larga y repetitivamente de la buena obra de su orden, de su compromiso con los pobres y de su tarea educativa. Y explicaron largamente la necesidad de fondos para hacer ese trabajo y la traba que significa tener que seguir usando el colegio como colegio, en lugar de darle un rol rentable. Esto es mezclar naranjas con manzanas, ya que la Legislatura no puede imponerle un uso al edificio, sólo protegerlo como objeto construido. El problema que los lasallianos no parecen capaces o dispuestos a reconocer es la mediocre propuesta arquitectónica que presentaron: el proyecto de hotel es un desastre para el edificio histórico. Sólo el arquitecto José María Peña, con su amabilidad proverbial, señaló este aspecto esencial.

La razón es que evidentemente muchos ex alumnos no quieren ver su escuela transformada en hotel o centro de convenciones. Esa discusión es privada de la comunidad del La Salle y no puede ser tomada en cuenta por los legisladores justamente porque es un asunto privado. Pero la preservación del edificio sí es cosa pública y el La Salle no da ninguna garantía de criterio o buen gusto. Ya hay dos pruebas de esto: el proyecto hotelero presentado, guarango y dañino, y la ínfima calidad conceptual del edificio “nuevo” de la escuela, sobre la calle Ayacucho, que es olvidable, pajarón y mal construido.

Todo esto se podría haber hecho de otro modo, con un proyecto respetuoso del patrimonio, de bajo impacto pero rentable y viable. No es ninguna ciencia oculta, es cosa de consultar con gente que realmente sepa de estas cosas. Pero insistir con ciertos arquitectos porque son “de la casa” termina como terminó este caso: el edificio protegido desde el Estado y la comunidad lasalliana obligada a hacer lo que tendrían que haber hecho desde el principio: custodiar su pedacito del patrimonio edificado de nuestra ciudad y ganar el dinero que necesitan para seguir su obra.