El gobierno insiste en organizar la resistencia de los barrios a levantar adoquinados y ampliar la peatonalización de calles a Floresta. Amparos en Barracas, informes judiciales en Mataderos y asambleas que se organizan para frenar las obras.
› Por Sergio Kiernan
La saga del actual Ministerio de Desarrollo Urbano y su esfuerzo por crearle opositores a Mauricio Macri sigue creciendo. Al parecer, lumbreras del planeamiento urbano decidieron que los porteños no veían la hora de que toda la ciudad estuviera asfaltada y saludarían con alegría al político que lo lograra. Este tipo de nociones parece de sentido común pero el hombre prudente las testea antes de ponerlas en práctica, cosa que actuales ministros y subsecretarios no hicieron. Del peor modo posible, el levantamiento de adoquines por la ciudad y el plan Prioridad Peatón están demostrando este paradigma: nadie les preguntó a los vecinos qué pensaban y el gobierno porteño está enfrentando una creciente oposición en Floresta, San Telmo y Barracas que ya incluye amparos exitosos. Por no mencionar que asociaciones vecinales en otros barrios se reúnen para remojarse las barbas y prepararse para resistir.
Esta genialidad política tuvo esta semana varias expresiones.
El Plan Prioridad Peatón no es una mala idea en sí y consiste en tomar una serie de medidas para bajarle el piné al auto y privilegiar al ciudadano de a pie. Pero igualito que el camino a los Avernos, famosamente empedrado con buenas intenciones, la articulación del plan parece una comedia de enredos. Para empezar, no existe tal plan en ningún sentido entendible, apenas un área demasiado grande –de la Nueve de Julio al río, de Plaza San martín al Parque Lezama– y una fiebre peatonalizadora. En un increíble lapso de asesoría legal, el gobierno porteño parecía no saber que no se puede cambiar las calles de uso general a peatonales por decreto, ya que hace falta pasar por la Legislatura y lograr una ley. Mientras busca reparar este tontísimo error –¿se acordaron siquiera de consultar con sus abogados?– el gobierno siguió con las preadjudicaciones, otras tontera que sólo creará obligaciones legales de indemnizar si las obras se caen. Las obras son en realidad una sola, y en etapas, para semipeatonalizar la calle Defensa, reinventada como una especie de mall urbano turístico. Lo que nadie pensó es que Defensa está prácticamente toda en el Casco Histórico, cuya normativa especial prohíbe levantar los adoquines. Y mucho menos que los vecinos de San Telmo se opondrían cerradamente al proyecto. Esta semana, los vecinos denunciaron que la calle México está perdiendo sus cordones de piedra, que son reemplazados con obras que no cumplen –tampoco– la normativa para el Area de Protección Histórica, otra tontería inexplicable del gobierno porteño.
Por su parte, los vecinos de Proteger Barracas se movieron a la velocidad de la luz y le frenaron una obra similar al gobierno en la calle Ituzaingó al 500. Resulta que ya se está preparando una proyecto de APH para Barracas y los habitantes del lugar están muy entusiasmados. Este martes, vieron con alarma que llegaban máquinas viales para levantar los adoquines y rápidamente acudieron a la Justicia porteña. El miércoles por la mañana recibió un pedido de amparo el juez Roberto Gallardo, que el mismo día le hizo lugar y ordenó paralizar los trabajos. Así se agregó otro amparo más a la ya notable colección que le viene armando Desarrollo Urbano a Macri. El viernes se agregó todavía otro más: la presidente de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena, presentó ayer un pedido de amparo para proteger los adoquinados de San Telmo y de otros puntos de la ciudad, una manera de lograr que tal vez el gobierno porteño reconsidere lo que está haciendo globalmente.
El otro foco de resistencia al urbanismo oficial surgió en el Barrio Segurola, una linda zona de Floresta limitada por las calles Segurola, Mercedes, San Blas y César Díaz. Este barrio abundante en pasajes es una “U”, figura legal que busca crear o preservar lugares que forman un conjunto urbano. Esta en particular es la U3 y también abarca el Barrio Tellier-Liniers, el Barrio Nazca, el Barrio Varela-Bonorino, el Barrio Emilio Mitre y el Barrio Versailles.
Pues en estos días, los vecinos del Segurola recibieron un volante que les avisaba que estaban incluidos en el Prioridad Peatón y sus calles serían “semi” peatonalizadas también. Según los vecinos, el volante explica que el proyecto consiste en “la igualación de los niveles de acera y calzada en las calles corredor –nombre técnico del pasaje– Urunday, El Sauce, El Araucano, Las Acacias, Carapachay, Tacuará, Ñandutí, Mataco y Jacarandá”. El proyecto hasta tiene la elevación de cruces con calles principales, en este caso en Camarones, Magariños Cervantes, Mercedes, Gualeguaychú y Sanabria. El volante indicaba a los vecinos que se comunicaran con la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Urbano. Al hacerlo, cuentan que fueron recibidos por un señor Gil, que no tenía idea de cómo era el proyecto. En el CGP del barrio tampoco sabían qué decir.
En este caso, también hay un problema legal, ya que la normativa para las zonas “U” tiene un párrafo fatal para la “semi” peatonalización: “Las circulaciones vehiculares y peatonales deberán preverse separadas”. Como esto está en el código, hay que modificarlo vía Legislatura y no a dedo. ¿Hace falta aclarar lo que piensan los vecinos del proyecto? Baste decir que la frase “bocina de submarino” fue escuchada por Floresta y que los vecinos fueron este jueves a la Comisión de Patrimonio a pedir ayuda para frenar el disparate. Mañana a las doce, los vecinos se reúnen en la plaza Banderín, Camarones y Mercedes, para planear la resistencia.
Como si no le alcanzara con su Ministerio de Desarrollo Urbano, el gobierno porteño también está teniendo crecientes complicaciones legales por las libertades que se tomó la Corporación Buenos Aires Sur con el cine El Plata, de Mataderos. Como se recordará, la Corporación demolió medio cine pese a que era bien catalogado por la Legislatura y a que los vecinos estaban tan movilizados que habían logrado que el gobierno porteño lo comprara para un centro cultural en una región de la ciudad con un fuerte déficit de oferta. Algún crack de la política decidió que era mejor construir un CGP y se cargó el techo de la sala, que había llegado bastante intacta a nuestros días. Es un misterio típico de la burocracia porteña quién ordenó esto, y más de una sociedad del Estado como es la Corporación, que al parecer no rinde demasiadas cuentas. Su titular, el justicialista misionero Humberto Schiavoni, fue todo oídos hace unos meses, cuando estalló el tema y él buscaba demostrar que no había sido responsable de la demolición. Cuando la pregunta pasó a ser por qué seguía la obra, Schiavoni pasó a ser tan accesible como Su Majestad Isabel II, Regina et Fidelis Defensis.
Esta semana, la Defensoría del Pueblo porteño emitió un duro fallo que fue prontamente remitido al juez que trata la causa por la demolición de un bien catalogado. La Defensoría dice que el Ministerio de Desarrollo Urbano debe tomar las acciones que correspondan para que ni en sueños se autorice una demolición o se apruebe los planos de obra de ningún CGP. Y a la Corporación le recomienda que no empiece obra alguna sin permiso.
Esto último es de lo más relevante, porque los vecinos se cansaron de ver obreros entrando y saliendo del cine e hicieron la denuncia en la comisaría 42, que abrió el sumario 4696/08 e identificó a algunos de los obreros. Según sospechan los vecinos y le comunicaron al juez, Schiavoni sigue las obras como si lloviera.
Y esto lleva a una pregunta sobre el cociente intelectual de los implicados: un CGP es una oficina, un edificio sin mayores complicaciones físicas; pero un centro cultural es más complicado y caro. ¿Por qué usar un teatro para hacer un CGP?
En el Club Parque de la calle Marcos Sastre, célebre cuna de futbolistas y escuela deportiva, se realizó este miércoles otra reunión de vecinos movilizados por su patrimonio y su calidad de vida. Villa del Parque está festejando su centenario como barrio formalmente constituido con los problemas de toda la ciudad –exceso de tránsito, departamentos por todos lados, pérdida de edificios patrimoniales– y está empezando a seguir los pasos de Devoto, San Telmo y Barracas, entre otros, en esto de defenderse. La reunión tuvo a los periodistas locales, a miembros de la junta histórica, del Rotary, de la biblioteca Roffo y a algunos vecinos de toda la vida, jóvenes y maduros, dialogando con Teresa de Anchorena, con su jefe de asesores Facundo de Almeida y la directora de la Comisión de Patrimonio, la arquitecta Laura Weber. Estas reuniones muestran un eje sistemático: los vecinos buscan contactarse concretamente con políticos que representen sus temas urbanos, hacen preguntas prácticas –cómo, cuándo, dónde y con quién– y piden teléfonos para concretar denuncias o pedir intervenciones.
Anchorena explicó las funciones de la comisión y contó que cada vez más los vecinos exigen mantener o mejorar su calidad ambiental, sus árboles y los edificios de sus barrios. La diputada se centró en que súbitamente los vecinos se hicieron escuchar, pusieron el tema en la agenda política y empezaron a esperar resultados. Por supuesto, apareció el tema de los benditos adoquines. Parece que ya comenzaron a retirarlos de las calles viejas del barrio, para encono general. Los vecinos explicaron que lejos de alegrarse porque “por fin” asfaltan las calles, consideran todo un negociado inútil. Parece que en Villa del Parque entienden al adoquinado como algo positivo, con argumentos como que hace a las calles más lentas y por tanto más seguras, deja colar la lluvia y es mucho más bonito. Almeida explicó que la medida de la inutilidad de estas obras la da la cifra de 25 millones que se quiere gastar en peatonalizar Defensa: con ese dinero se restaurarían cientos de fachadas en San Telmo, transformando el barrio en un modelo de Casco Histórico.
Fue notable la participación de Isabelino Espinosa, increíblemente a punto de cumplir los ochenta con una energía envidiable, que vive en una casa chorizo de 1923 impecablemente original. Espinosa contó que lo tentaron muchas veces con grandes cifras para que aceptara vender la casa de sus padres, pero él no soporta la idea de que la demuelan para un departamento.
Por cuestiones de cierre, este suplemento no llega a cubrir la audiencia pública convocada por el Ministerio de Desarrollo Urbano por el tema de la calle Defensa. La promesa es escuchar a los vecinos y, por fin, verles la cara a los genios que impulsan la obra.
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