Una de las muestras más palmarias de mala fe que contiene la ley argentina es el curioso sistema que inventó nuestra Legislatura porteña para proteger edificios patrimoniales. La trampa que se armó se llama doble lectura y consiste en que todo tiene que votarse dos veces. Alguien propone una catalogación de un edificio o lugar; el trámite recorre las comisiones del caso, se hacen audiencias públicas para que hablen los vecinos, se vota. Y luego se vota otra vez, otro día, en otra vida. Catalogar es mucho, mucho más difícil que expropiar, medida drástica que requiere sólo una vuelta de votación.

Es obvio que el sistema fue deliberadamente creado para que se catalogue lo menos posible y, hasta que Diego Hicketier encontró un argumento constitucional imbatible, lo más lentamente posible. Es que el trámite tomaba meses y muchos vivos demolían rapidito, tornando el trámite nulo y abstracto. Hicketier, un Perry Mason de estas cosas, planteó en el amparo por Montevideo 1250 de Basta de Demoler que esto era inconstitucional, ya que el Ejecutivo –que da los permisos para demoler– le impedía al Legislativo hacer su trabajo, que en este caso era votar dos veces la catalogación. El amparo fue un rayo de orden, tajante y refrendado por la Cámara.

Aunque no se puede demoler más de araca aprovechando la lentitud del trámite –al menos no legalmente–, nada cambió en el ritmo de trabajo de la Legislatura. Por eso surgió últimamente un buen recurso para proteger el patrimonio de picardías y desidias: el proyecto de catalogación colectivo. Por ejemplo, dos que acaba de presentar la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena (CC), que con respaldo multipartidario busca ampliar el área protegida del barrio de Barracas y propone la catalogación de 76 edificios de todo tipo. El proyecto fue presentado este jueves, con lo que los edificios ya están formalmente protegidos hasta que se vote por sí o por no. Por la misma lógica, Anchorena busca evitar un desastre en La Boca, frenando un ensanche fatal catalogando quince edificios de una sentada.

En Barracas

Según cuenta Ignacio Fusilier, vecino del barrio y uno de los organizadores de Proteger Barracas, el proyecto de Anchorena refleja una fuerte inquietud de los vecinos. Resulta que en el último año largo, los locales se asombraron por la proliferación de edificios de ocho a doce pisos en una zona que siempre fue de casas. Fusilier ya mantenía una página web dedicada a estos temas y a denunciar la piqueta salvaje, que se transformó en un foro de discusión zonal. Lo que encontraron los vecinos fue que la razón era que la región entre Defensa, Montes de Oca, Caseros y Martín García tenía una zonificación de altura. Como Barracas es visto ahora como un barrio con futuro, los especuladores comenzaban a usar la zonificación.

Fusilier y sus vecinos llevaron a la Comisión de Patrimonio un detallado relevamiento de lugares en peligro y explicaron con detalle sus alarmas. El álbum de demoliciones que compilaron es para que lloren las piedras: casas deliciosas, cultas y bonitas destruidas sin piedad y reemplazadas por edificios de nula arquitectura, gusto o fantasía. El equipo de Anchorena se puso a trabajar.

Fusilier explica que el proyecto actual tiene como centro bajar la altura al barrio, de media-alta a media-baja, lo que en concreto significa edificios de hasta diez metros y medio de altura, con retiro. Esto cambia drásticamente la ecuación económica a favor del patrimonio, ya que la tierra pasa a valer menos y el edificio existente vale más. Hoy, las inmobiliarias ni se molestan en mostrar fotos de lo que venden, ya que basta contar las medidas del “terreno” y decir cuánto es el FOT, o sea cuánto se pude subir en altura. Al vedarse el vandalismo, hay que vender la casa y no el terreno. En números, la diferencia no es tanta, sobre todo si hay paciencia y no especulación.

El proyecto también protege lugares como el pasaje Lanín y las transversales por Montes de Oca, que pese a ser calles tienen zonificación de avenida. Este tipo de pavadas se defienden con la teoría de la “densidad urbana”, que dice que entre más gente, mejor. No es casual que tantos urbanistas digan esto, que es lo que los especuladores quieren escuchar.

El proyecto avanza además con catalogaciones individuales de edificios de valor patrimonial. Hay siete en Caseros, siete en Cochabamba, tres en Defensa, incluyendo locales del mercado del 1300, tres en Finochietto, tres en Juan de Garay, una en Perú, seis en Piedras, incluyendo el Club Paraguay. También se salva la estación terminal Buenos Aires en la calle Alvarado, el Normal de la calle Arcamendia, el viejo Lloyd de Aristóbulo del Valle, la Societá Liguria de Azara, la escuela Derqui de California, la imprenta Kraft de Martín García, el pabellón Jockey Club del Hospital Elizalde, la casa de Díaz Velez, la fábrica Bagley, la parroquia y el club de Santa Lucía, el Nación de Montes de Oca al 1600, el Provincia del 800, la cervecería Quilmes de Piedras 1460, el mercado de Patricios, la Sociedad Luz y el conjunto de edificios de la estación elevadora Barracas-La Boca. Y muchas casas y hoteles en Brasil, California, Chacabuco, Herrera, Hornos, Ituzaingó, Montes de Oca y Olavarría.

Lo que este proyecto hace en concreto es ampliar el APH1 y forma un continuo de protección que toma Parque Lezama y se extiende por Barracas, protegiendo conjuntos imperdibles y evitando que todo se vaya a las alturas.

La Boca

El segundo proyecto presentado por Anchorena busca evitar un desastre de magnitud para la historia porteña. Resulta que todavía sigue vigente la ordenanza 23.475, que ordena el ensanche de la avenida Pedro de Mendoza entre Necochea y Alfredo Palacios. Como una vereda de esta avenida es agua de Riachuelo, la única manera de cumplir este proyecto es destruir uno de los lugares más patrimoniales que tenemos. No es que el Ministerio de Inventarle Opositores a Macri ande hablando de hacerlo, ni siquiera su colega el Ministerio de Irritar a los Vecinos con Obras Inconsultas. Pero sabiendo con qué bueyes aramos en Buenos Aires, no está de más bloquear a los genios por escrito y con fuerza de ley.

Es que si a alguien se le ocurriera llevar a cabo este delirio, desaparecería la Vuelta de Rocha, con mástil y todo. Por eso el proyecto cataloga el conjunto de la Barraca Peña en la calle Vespucio y la vivienda y local de Magallanes 827, y luego se mete de lleno en Pedro de Mendoza. Entre el 1600 y el 2800 quedarían a salvo el depósito Descours & Cabaud, la Fundación Proa, el viejo lactario municipal, el Teatro de la Ribera, la escuela museo, la escuela de artes gráficas, la casa Martín Rodríguez, el hospital odontológico para chicos Quinquela Martín y cuatro viviendas de valor patrimonial.

Entre varios tesoros de estas cuadras hay que destacar murales de Lacámera y Victorica, por no hablar de edificios como la barraca Peña, que fue construida en 1774. ¿A quién se le ocurriría destruir algo así? A un general, por supuesto, lo que explica que la ordenanza fuera sancionada en 1968, bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía. La genialidad ordena ensanchar la avenida dos metros tierra adentro. Esto obligaría a demoler las fachadas de todos los edificios frente al río, una masacre impensable. Con este proyecto, el tema queda formalmente derogado.

Colofón

Para terminar, un sano síntoma de cómo el patrimonio se instaló en la agenda política porteña. Los vecinos de Barracas están muy bien movilizados para hacerse escuchar y son campeones en juntar muchas, muchas firmas. Esto se refleja en un detalle muy importante del proyecto de protección de Anchorena. Como todo proyecto habido y por haber, tiene la firma del autor y de otros diputados que lo apoyan, lo que demuestra al conjunto de la Legislatura el grado de apoyo que tiene. En esta ocasión, la lista de firmas es llamativamente multipartidaria: Facundo di Filippi, Sergio Abrevaya y Diana Maffía de la Coalición Cívica, Juan Cabandié del Frente para la Victoria, Avelino Tamargo del PRO, Eduardo Epszteyn, Raúl Puy y hasta Aníbal Ibarra, que cuando era jefe de Gobierno no movió un dedo por el patrimonio, por Diálogo por Buenos Aires, y Patricia Walsh de Nueva Izquierda.