La aprobación de un régimen de penalidades para sancionar a los depredadores inmobiliarios es una deuda pendiente en la ciudad. La mejor ley de protección patrimonial no logrará detener las demoliciones de edificios valiosos si la destrucción ilegal –habitualmente de noche, durante fines de semana o feriados– no está perseguida y penalizada, o los castigos se aplican muy excepcionalmente y no provocan grandes preocupaciones en sus destinatarios.

Peor aún si las sanciones se limitan a los edificios catalogados, pero nada sucede cuando se destruye un edificio que se encuentra en estudio o protegido preventivamente por haber sido construido antes de 1941.

Cuando hace dos años el Ejecutivo porteño sancionó con la suspensión de la matrícula por un plazo de 15 años al arquitecto involucrado en la demolición de un edificio en la calle Bolívar, todos creímos que las cosas habían cambiado, pero siguen igual... o peor.

La laxitud de la norma que permitió sancionarlo dio lugar a que la Justicia le admitiera una medida cautelar y suspendiera el castigo, hasta tanto se determine en sede judicial si es responsable o no, algo que aún no se ha resuelto. El Ejecutivo recién contestó la demanda hace una semana, lo que demuestra que no hay un gran interés en que avance la causa. En muchos otros casos ni siquiera hay un profesional (ir)responsable a quien perseguir.

La renovada viveza es demoler los inmuebles de adentro hacia afuera y luego, ante el hecho consumado, justificar que el deterioro es irreversible y que el estado del edificio implica un peligro público. Los depredadores han llegado al extremo de convocar a la Guardia de Auxilio para que apuntale los edificios que ellos mismos han deteriorado y recomiende su demolición. Esto sucede porque el régimen de sanciones de la Ley de Patrimonio Cultural, que el Poder Ejecutivo debería haber enviado hace 6 años a la Legislatura, sigue brillando por su ausencia.

El muy buen proyecto que había elaborado la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que proponía incorporar un capítulo sobre el tema en el Código Contravencional y que la propia titular del organismo anunció en las páginas de m2, ha quedado en el olvido. Sus colegas de Desarrollo Urbano se sentaron arriba del expediente y con el largo tiempo transcurrido ya se trata de algo más que un acto de negligencia. El silencio se debe a que en el Ministerio de Fabricar Opositores –como lo denomina con agudeza el editor de m2– no quieren sancionar a los depredadores patrimoniales y menos aún admitir que la Ley de Patrimonio Cultural designa como autoridad sobre la materia y le otorga el poder de policía al Ministerio de Cultura.

Pero lo más grave es que, a la vez que dejan indefenso al patrimonio cultural porteño, al incumplir con la ley, exponen al jefe de Gobierno a una posible imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A esta altura, la Legislatura porteña debería tomar cartas en el asunto y no solamente promover la investigación de las eventuales responsabilidades que les quepan a los funcionarios involucrados, sino también derogar el artículo de la ley 1227 que le ordena al Poder Ejecutivo elaborar ese régimen y trabajar rápidamente para redactar y sancionar un proyecto surgido del propio cuerpo legislativo. Tal vez éste sea uno de los principales desafíos para la gestión que acaba de comenzar el diputado Patricio Di Stefano como presidente de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura.

Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com