La presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano prepara una bomba: un proyecto para destruir por completo el régimen de protección del patrimonio. Como no tiene votos para derogarlo, busca paralizarlo.
› Por Sergio Kiernan
La increíble ofensiva contra el patrimonio que está llevando adelante la diputada Silvina Pedreira acaba de mostrar una nueva arma en el arsenal. La presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura está dispuesta a vaciar por completo todo el sistema legal logrado para catalogar edificios y crear APHs. Como no puede sensatamente pensar en presentar una ley que simplemente derogue todo, se está dedicando a introducir reformas, modificaciones y reglamentaciones tramposas para que el sistema se paralice. Pedreira está usando todos los recursos posibles para revertir lo logrado y llegó a un extremo: quiere que la Legislatura renuncie a su capacidad de legislar para que cualquiera pueda tumbar a una catalogación.
En nuestra edición del sábado pasado anunciamos el grave palo en la rueda que logró la enérgica diputada al imponerle a la Comisión de Patrimonio la obligación de hacer una “comunicación fehaciente” al propietario de un edificio a catalogar. El misterio era cómo hizo para que le votaran la resolución, que atacaba directamente a una comisión controlada por el PRO. La respuesta es que recurrió a una chicana de las buenas: amenazar el quórum en la primera sesión del año, con el consecuente papelón para el jefe de Gobierno, que la inaugura.
Pero Pedreira igual no logró todo lo que buscaba con el apriete. Le aceptaron lo de la comunicación pero no la perlita, que era que la Comisión de Patrimonio tuviera quince días corridos para tratar cualquier proyecto. Pasados los quince días, se consideraba rechazado y a otra cosa. Esa idea se la sopló Pedreira al “Obispo” Santiago de Estrada, que fue presidente de la Legislatura y se lució defendiendo a la Iglesia al revertir la catalogación de una casa en la primera cuadra de Membrillar. Como para que no molestaran más, el “Obispo” se tiró a cancelar la comisión. La diputada se jugó a dos bandas, ya que la combinación de tener que hacer una “comunicación fehaciente” y cumplir todo el trámite en quince días casi garantizaba capar por completo a la comisión dedicada al patrimonio.
Pedreira ahora tiene un nuevo proyecto, por partida doble, para destruir toda posibilidad de proteger el patrimonio. Lo tiene como proyecto de resolución, algo interno de la Legislatura, y también como reforma al Código. La presidente de la comisión dedicada a representar los intereses económicos de la construcción, de los especuladores inmobiliarios y los depredadores de la plata rápida, anda calculando para qué le dan sus minoritarios votos. Si la suma le cierra, reforma el Código.
Lo que sería un verdadero desastre. Según Pedreira, la comisión tiene primero que nada que agrupar los proyectos de catalogación, creación de Areas de Protección Histórica o ampliación de APHs por comuna. Estos paquetes tienen que tratarse juntos, ya que según la diputada hay que “realizar la evaluación dentro del entorno urbano de la misma” comuna. El proyecto repite obsesivamente que en todos los casos se tiene que verificar la famosa comunicación fehaciente a los propietarios.
Pero esto de agrupar los proyectos por comuna no pasaría de una chicana muy molesta –se traba un proyecto y se traban todos– si no fuera por lo que viene después. El segundo artículo del proyecto dice textualmente:
“En caso que los titulares de dominio de los inmuebles sujetos a catalogación, fundamenten su negativa a la misma, sea en forma escrita o en la Audiencia Pública, remitir dicha objeción al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales para su reconsideración”.
Esto es simplemente increíble, un cheque al portador para la industria de la piqueta. Hay que imaginarse la situación con un proyecto de catalogación que logró superar todos los pedreirismos –comunicación fechaciente, paquete por comuna, papeleos– y fue votado en primera lectura por la Legislatura. Allí se hacen las audiencias públicas, con vecinos, preservacionistas, antipreservacionistas y el sodero, si quiere hablar en público. Todo lo que tiene que hacer el dueño del inmueble es pararse y decir no para que, según la diputada, el proyecto tenga que volver al Poder Ejecutivo. Así de simple: una diputada que no quiere que el Legislativo legisle, si esto afecta los intereses económicos que ella defiende.
La estrategia es muy clara, la de embarrar la cancha complicando todo para que catalogar un edificio sea extraordinariamente difícil, cansador y caro en capital político. En los considerandos que presenta como carátula de su proyecto, Pedreira deja entender que los futuros jefes de comuna deberían opinar en las catalogaciones, otro elemento complicador que permitiría atomizar la protección legal al patrimonio. También se le escapa para qué realmente presenta estos proyectos, cuando escribe que lo hace “a fin de preservar los derechos de los propietarios de los inmuebles que serán objeto de catalogación”.
La carátula es un documento de alta sensibilidad humana, donde la diputada relata las “muchas ocasiones” en que fueron “titulares de dominio de los inmuebles” a su comisión a llorarle porque les catalogaban sus predios. Pedreira exagera abiertamente al agregar que “en muchas oportunidades” ni siquiera llegan a la audiencia pública porque el Ejecutivo no les comunica la fecha. Es curioso, porque de las muchísimas cosas que se le han escuchado decir a dueños diversos, la falta de comunicación es de las más raras y escasas. Pero todos tenemos derecho a un poquito de ficción.
¿Qué chance tiene Pedreira? Como la Comisión de Patrimonio es presidida por Patricio di Stefano y Marta Varela, ambos del PRO, emascularla con estos enredos no resultaría del interés del oficialismo. El nuevo bloque de Pino Solanas debería leer los cantos de amor de Pedreira –que se dice progresista– a la propiedad privada y el sacro derecho de los propietarios a especular y demoler. Es un bloque que todavía no da señales de haber percibido que el patrimonio es un tema de la agenda porteña, pero de ahí a hacerle el juego a uno de los sectores más concentrados y vandálicos de la economía...
Justamente este miércoles, el gobierno porteño anunció sus prioridades para el año. En el breve temario de proyectos a seguir con energía figuraban la ampliación del APH 1, San Telmo. Y también el bello proyecto de Di Stefano de crear un APH en la city bancaria. Que estos temas aparezcan en esta lista en particular indica que Mauricio Macri ya entendió que el patrimonio es parte de la paleta política de la ciudad.
¿No podrá hablar con Pedreira y compartir su descubrimiento?
Como para levantar el ánimo, este jueves la Legislatura catalogó en segunda lectura –trámite final– seis edificios de la ciudad. Dos de ellos fueron proyectos iniciados en tiempos de la diputada Teresa de Anchorena –Alsina 1762 y Superí 1924– que siguieron su curso normal. Por iniciativa de Di Stefano se protegió el edificio de Ecuador 979, mientras que Humberto Primo 2048 y 2060 figuran por proyecto de Avelino Tamargo. El Hospital Santa Lucía fue protegido, con grado cautelar, gracias al diputado Moscariello y directo desde el jefe de Gobierno llegó el proyecto de proteger con grado cautelar varios edificios.
El Waterloo de las relaciones institucionales que fue sacarle el nombre al Teatro Opera para ponerle Citi sigue hundiendo la marca tan duramente construida a lo largo de décadas. A las notas en muchos países del mundo –donde también opera el Citibank– se suma ahora el repudio de Argentores, que se une a las críticas como institución. Y las firmas contra el renombramiento del teatro ya son miles.
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