El editor de m2 y el autor de esta columna alertamos en reiteradas oportunidades sobre la irrupción del tema patrimonial en la agenda política de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la defensa del patrimonio arquitectónico no es exclusividad de los porteños que –es cierto– en los últimos cuatro años crearon más de 40 organizaciones civiles dedicadas a bregar por su preservación.

Orgánica o inorgánicamente sumaron sus esfuerzos en pos de defender este derecho colectivo consagrado en la Constitución nacional de 1994, en numerosas constituciones provinciales y en los tratados internacionales suscriptos por Argentina los ciudadanos de Tigre, Salta, Tucumán, Esquina, La Plata y San Fernando, por citar sólo algunos ejemplos.

Ahora es el turno de los cordobeses. Es sabido que, cuando de reclamar se trata, los mediterráneos lo hacen a lo grande. La reforma universitaria de 1918 y el Cordobazo de 1969 son ejemplos históricos del ímpetu combativo de los hijos de La Docta.

La Municipalidad de Córdoba, esgrimiendo el famoso argumento del “inminente derrumbe”, autorizó la demolición de la chimenea de la Cervecería Córdoba, de 83 años de antigüedad y 50 metros de altura, emblema del patrimonio arquitectónico industrial y del barrio Alberdi.

Tan seguros no estaban de lo inminente, porque el viceintendente, a cargo de Poder Ejecutivo local, se paseó por el lugar y ante el reclamo de los ciudadanos, que incluyó un abrazo a la chimenea y enfrentamientos cuerpo a cuerpo con la policía, intentó postergar la demolición. Pero los expertos en explosivos –devenidos en asesores patrimoniales– recomendaron seguir con el “procedimiento”.

Todo indica que se trató de una puesta en escena, porque los vecinos habían logrado el compromiso municipal para que se realizara un estudio independiente sobre el riesgo efectivo de derrumbe de la chimenea. El análisis, que estaría a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba, no llegó a concretarse y para tomar la decisión se limitaron al informe del municipio y de la empresa propietaria del terreno.

La cervecería fue construida en 1917 por Enrique Meyer y Martin Agst, fundadores de Cervecería Córdoba, vinculados al grupo Bemberg, fábrica que produjo allí hasta 1998 la cerveza del mismo nombre. El predio que ocupaba, de 20 mil metros cuadrados, está enclavado frente al río Suquía.

En ese lugar, la empresa Euromayor prevé construir torres para albergar unos 900 departamentos y en el edificio histórico de la fábrica –declarado patrimonio histórico, al igual que la chimenea– un shopping.

Extraño criterio de preservación del patrimonio que no considera el entorno. Las autoridades locales afirman que no se verá afectado el patrimonio histórico porque las torres “mirarán al Suquía”, y no demolerán el edificio de la fábrica que albergará un centro comercial.

Es curioso, pero cada vez que un edificio patrimonial altera un proyecto de los Depredadores Patrimoniales, rápidamente comienza a deteriorarse y la única solución que encuentran los funcionarios de turno es su destrucción. Rara vez –al menos por estos pagos– se opta por la restauración y por que los arquitectos encuentren soluciones creativas, imaginativas, y por supuesto rentables, para resignificar edificios de excelente diseño, materiales y mano de obra.

¿Cuándo aprenderán los funcionarios de turno a expulsar a los depredadores y, en cambio, apoyar a los inversores que se ocupan de hacer negocios poniendo en valor y dándoles nuevo uso a los edificios patrimoniales? ¿O alguien cree que Carlos Slim –el hombre más rico del mundo– y los funcionarios de México D.F. están tan equivocados?

* Licenciado en Relaciones internacionales. Magister en Gestión cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com