En este suplemento se ha reiterado en numerosas ocasiones el incumplimiento en el que incurre el Poder Ejecutivo porteño desde el año 2003, por no enviar a la Legislatura el proyecto de régimen de penalidades que permita hacer efectivo el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural.

Esto impide que una vez violada la ley se sancione a los responsables. Así no se incentiva el cumplimiento de la norma, desalentando a los potenciales depredadores inmobiliarios que la burlan por unos pocos pesos. Es que las multas vigentes –cuando se aplican– sólo representan un costo marginal en sus presupuestos.

Pero éste no es el único incumplimiento en que incurre el Poder Ejecutivo local. El decreto 312/06 establece que el Ministerio de Cultura tiene la obligación de elaborar “un proyecto de contenidos básicos a incluir en los programas vigentes de los distintos niveles educativos a cargo del Gobierno de la Ciudad y los mantendrá permanentemente actualizados”, y que todas las propuestas deben ser remitidas a la Secretaría de Educación –hoy ministerio– para su consideración e implementación.

Los programas, por supuesto, tienen que estar referidos a la protección y valoración del patrimonio cultural porteño. Se trata de inculcar en los niños y jóvenes que asisten a los distintos niveles de educación formal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires el respeto y aprecio por nuestra historia edificada.

Es difícil pretender que los adultos valoren la producción arquitectónica de nuestros antepasados si no conocen al menos someramente los estilos, la época en que fue construido cada inmueble, el contexto histórico y social en que se desarrolló tal o cual escuela arquitectónica, el aporte de las distintas corrientes inmigratorias con sus técnicas y materiales de origen y el significado de edificios o conjuntos que fueron proyectados por el Estado en distintas momentos y bajo distintas concepciones ideológicas.

En ese mismo sentido, el Ministerio de Cultura debería prever también contenidos que, ampliando la labor de la Escuela Taller de Casco Histórico, permitan formar oficiales restauradores con los conocimientos necesarios para intervenir en obras de restauración, ofreciendo además una mayor calificación –y por lo tanto mayores ingresos– a los trabajadores de la construcción.

La formación en materia de restauración patrimonial también debería incluir guías de divulgación con conocimientos básicos en técnicas de restauración destinados a los propietarios de inmuebles valiosos, y así evitar intervenciones espontáneas desafortunadas.

Un programa en este sentido dirigió hace más de una década el arquitecto Fabio Grementieri, durante la gestión de la entonces secretaria de Cultura porteña Teresa de Anchorena. Luego, como sucede a menudo, fue dejado de lado por la administración siguiente.

Crear los contenidos necesarios para que en todos los niveles educativos y de formación se transmitan el valor y el respeto por el patrimonio edificado es sin duda un aporte fundamental para lograr su revitalización, puesta en valor y preservación por parte del conjunto de los ciudadanos. Sólo falta cumplir la ley.

* Licenciado en relaciones internacionales. Magister en gestión cultural por la Universidad de Alcalá de Henares.

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