El seminario internacional “Salvemos Buenos Aires”, organizado por la Fundación Ciudad y Basta de Demoler, fue, como se relató minuciosamente en este suplemento, eminentemente práctico. Ahora es tiempo de sintetizar lo tratado, pero sobre todo de poner en práctica las buenas ideas que, fruto del intercambio y el diálogo, salieron a la luz y de exigir que el Gobierno de la Ciudad cumpla con sus obligaciones.

La conclusión general fue que las leyes existen pero que por desidia o malicia no se implementan, y si no basta preguntarles a los vecinos de Caballito que por estos días sufren nuevos desprendimientos inmobiliarios con autorizaciones de obra antedatadas violando la ley 2722, que limitó las alturas para hacer respetar la morfología del barrio.

En el encuentro patrimonial me tocó participar en un taller dedicado a analizar las compensaciones e incentivos, desde el punto de vista fiscal, para los propietarios y especialmente destinados a impulsar la restauración y puesta en valor de los inmuebles protegidos.

El tema al que me encomendaron referirme los organizadores era algo así como “Compensaciones e incentivos en la legislación vigente”, que resulta casi como tener que relatar una historia de ciencia ficción o de realidad virtual, porque los mecanismos actuales no se aplican o su ejecución es tan compleja que es como si no existieran.

Sin embargo, en la interacción con los otros panelistas y con el público sobresalieron algunas propuestas que bien podrían contribuir a resolver las cuestiones de la sostenibilidad del patrimonio, uno de los aspectos centrales que es imprescindible solucionar.

La primera de las compensaciones –mínima, por cierto– es la exención de las tasas de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Su implementación tiene varios inconvenientes.

El primero es que si bien la ley se presume conocida, en la práctica casi ningún propietario de inmuebles catalogados sabe que ese beneficio existe, y su difusión sería muy sencilla si se incluyera en la cédula de notificación que Desarrollo Urbano envía cuando se inhibe la parcela al momento de decidirse la catalogación. También podría mencionarse en las boletas de ABL una vez sancionada la ley definitiva de protección.

De todos modos, la idea razonable que circuló entre los asistentes al seminario proponía que la desgravación fuera automática, en todo caso, fijando porcentajes diferenciados de acuerdo con el nivel de protección, tal como establece el Código de Planeamiento Urbano.

Esto solucionaría también otro déficit de la aplicación actual, que exige, en los casos de inmuebles con varias unidades, que la solicitud la firmen la totalidad de los copropietarios, algo que evidentemente resulta muy dificultoso en la mayoría de los consorcios.

El representante de Banco Ciudad que participó del encuentro se refirió a distintas líneas de créditos que esta institución ofrece: Crédito Vivienda, línea consorcios, línea San Telmo-Montserrat. En este caso, la reflexión compartida fue que lo lógico sería que esta institución fijara tasas diferenciadas para la adquisición/reparación de inmuebles de valor patrimonial, y que la línea crediticia específica destinada al Area de Protección Histórica 1 se hiciera extensiva a todas las áreas de protección histórica porteñas.

Estas acciones concretas sin duda no pondrán en riesgo el sistema financiero; por el contrario, pueden ser un excelente mecanismo de promoción para el banco y significarían un gran aporte para el patrimonio arquitectónico porteño.

El efecto sería doble: por un lado compensar a los propietarios, pero por el otro incentivar la inversión en inmuebles patrimoniales y contribuir a su restauración, que en definitiva es algo valioso y redituable para el conjunto de la comunidad.

Otro de los aspectos pendientes que se destacaron fue la demorada creación del Fondo de Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados (Ferec), cuyo único intento frustrado de reglamentación se propuso en 2006.

En este caso hay un claro incumplimiento (de los deberes de funcionario público) desde el año 2000, de quienes estuvieron a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano, por no poner en práctica un mecanismo que por ley debería destinar a la preservación patrimonial –como una de las varias fuentes de financiamiento– el 15 por ciento de los derechos de delineación y construcción. Estos fondos evidentemente fueron destinados a otros fines, lo que podría constituir un caso de malversación de fondos públicos.

En el seminario se analizó también la aplicación de la Transferencia de la Capacidad Constructiva, esto es la posibilidad, vigente en el Código de Planeamiento Urbano, de vender los metros que un propietario se ve impedido de construir en su parcela a causa de la protección, para su utilización en otro lugar de la ciudad.

Quedó en evidencia la clara dificultad en aplicarla –requiere de un convenio urbanístico firmado por el jefe de Gobierno y la ratificación posterior de la Legislatura– porque fue utilizado en una sola oportunidad en diez años de vigencia.

La simplificación de este procedimiento requiere de la sanción de una nueva ley, que presentó hace cuatro años la ex diputada Teresa de Anchorena y que desde entonces duerme en el Legislativo porteño.

Este mecanismo no es la solución ideal, según la reflexión de los representantes de la Municipalidad de Rosario, pero como pudieron comprobar los asistentes al seminario, esa ciudad es un mundo aparte, donde la protección del patrimonio es una política coherente y sostenida en el tiempo que permite otros procedimientos más virtuosos.

Allí utilizan un sistema de cobro de plusvalías –por obra pública o cambio de normativa– que se recuperan para el Estado y se aplican a un fondo destinado a la conservación del patrimonio.

Una idea que se concreta a sólo 300 kilómetros de la maltratada Buenos Aires, pero que resulta demasiado sofisticada para un Poder Ejecutivo más ocupado en beneficiar a los depredadores inmobiliarios que en cumplir con sus obligaciones constitucionales. Tampoco ayuda un Poder Legislativo que no termina de perder los vicios del viejo Concejo Deliberante, donde se aprueban cambios de normativa con generosas plusvalías, que nadie parece dispuesto a querer recuperar para la ciudad.

Lic. en Relaciones Internacionales. Magíster en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella, http://facundodealmeida.wordpress.com