Una de las personas más molestas para el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales es Mónica Capano, directora de la Comisión Para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural. El consejo tiene sede en el Ministerio de Desarrollo Urbano, toda su infraestructura depende de él y el ministro Daniel Chaín nunca estuvo dispuesto a dejar que fuera una entidad protectora del patrimonio. Como Chaín no responde al PRO sino a los negocios inmobiliarios, vaciar al CAAP sería apenas uno más de los escándalos piantavotos que le creó a su partido.

Pero resulta que Capano transformó al sello de goma que era la Comisión en una tribuna para preservar el patrimonio histórico, con lo que se transformó en persona molesta para Chaín. La Comisión fue creada por la Legislatura y tiene presupuesto propio, pero no tiene ni sede ni estructura administrativa, con lo que terminó alojada en el Ministerio de Cultura.

En tiempos idos, Cultura y Desarrollo Urbano solían tener pica y competir, pero el PRO liquidó esta tradición: Chaín se porta como un ministro que manda y Hernán Lombardi, ministro de Cultura, se porta como un empleado. Nunca, jamás de los jamases, se le plantó a su colega de gabinete. Lo que en buen romance significa que Cultura se borró del tema patrimonio.

Esto hasta ahora, porque este verano Lombardi comenzó a prestarle otros servicios a Chaín y comenzó a asfixiar a la Comisión. El truco fue simplemente que la Dirección General Técnica y Administrativa de Cultura empezó a objetar contratos y gastos de un presupuesto que en realidad es autónomo del ministerio. El ejecutor fue el director general Alejandro Capatto, un radical que llegó a la gestión pública con el inolvidable Darío Lopérfido.

El año pasado, Lombardi le sacó a la Comisión parte de su presupuesto, alegando orden superior de gastar menos. Esto era tan arbitrario que Hacienda le devolvió el presupuesto entero a Capano, ya que –nuevamente– esos dineros no son de Lombardi, ni siquiera son del gobierno porteño. Seguramente con órdenes superiores y como buen empleado, Lombardi volvió a la carga a fin de año. Resulta que el año cerró sin presupuesto aprobado, con lo que la Comisión hizo lo que hacen todas las dependencias en estos casos, que es repetir el presupuesto anterior. Capano reajustó los contratos y agregó un par. Luego se enteró de su presupuesto, pero a la vez se enteró que Lombardi se lo había recortado al 40 por ciento. El director general Capatto avisó también que no corrían ni contratos nuevos ni reajustes por inflación.

A todo esto vale aclarar que los contratos son modestos y pocos, ya que la Comisión anda por la vida con lo puesto y sus contratados tienen más vocación que bolsillos.

Ante el panorama, Capano hace –en pleno febrero– los contratos de nuevo, sin reajustes y por apenas seis meses. En algún momento, calculó la directora de la Comisión, se aprobará el presupuesto y se podrá evitar la chicana. Pero esta semana, Capatto sorprendió a Capano con una verdadera barrera de contradicciones que terminan con un mensaje: no se pueden firmar contratos por seis meses, nunca se hizo. Esto es un absurdo, ya que el gobierno de la Ciudad y la misma Comisión hicieron y hacen contratos de todo tipo todo el tiempo. En verdad, lo que Lombardi quiere es forzar que la Comisión haga contratos de doce meses para la mitad de la gente, de modo de vaciarla.

Todas estas chicanas se deben simplemente a que Mónica Capano le vota en contra a Chaín en el CAAP, le cuestiona las demoliciones y agrega rigor a los debates. También porque la directora está cada vez más presente en los debates de vecinos que quieren frenar el vandalismo especulativo que el ministro defiende. Las representantes de Lombardi en el CAAP tienen el coraje de los ratoncitos y ningún respaldo de su ministro –muy por el contrario–, con lo que la única voz que se alza desde el ámbito público para defender el patrimonio en el Consejo es la de Capano. Había que callarla.

En La Boca

Lo cual no resulta tan fácil. Este miércoles se realizó en el Teatro Catalinas Sur otra Tertulia de Patrimonio organizada por la Comisión. Fue una reunión brava con vecinos preocupados y movilizados por el pernóstico plan de obras en Paseo Colón justo enfrente del Parque Lezama. La locación geográfica de las obras explicó que hubiera vecinos y representantes de grupos de La Boca, Barracas y San Telmo, tres barrios bajo presión especulativa y abandonados de la mano oficial. También estaban Basta de Demoler y el diputado Francisco “Tito” Nenna.

Lo que los sesenta reunidos tenían en claro era que, pese a la sanata generada por Chaín y su gente, la obra no era para ellos sino para la autopista a La Plata. Esto es tan claro que los trabajos los encarga y supervisa AUSA, una empresa a la que el actual gobierno porteño le entregó hasta la Nueve de Julio.

El tema es el curvón que pega Paseo Colón al transformarse en Almirante Brown y rumbear a La Boca. Ahí hay un terreno arbolado silvestremente con el famoso mural de Gasparini que muestra una cuadra idealizada del barrio, con casas de chapa y todo. La Ciudad quiere cargarse todo, mudar el mural y hacer una plaza seca que sea “un living urbano”. Los vecinos desconfían de qué pasará con el mural, no entienden por qué la plaza debe ser seca –sin árboles– y ni siquiera para qué hay que ampliar ese tramo de Paseo Colón.

Es una buena pregunta, que invita a otras desconfianzas. Chaín y su banda ya ampliaron un sector, demoliendo todo el frente sobre la avenida en la manzana del diario Crónica. Ahí, como para hacer algo, dejaron un veredón ancho, con arbolitos raquíticos y esos DKF de cemento que dan tan bien en la foto. Este “living urbano” está muerto: jamás se ve a un ser humano usarlo, excepto que espere un colectivo. Este ensanche sólo servirá para dirigir el tránsito a la autopista.

Pero no para ampliar realmente la avenida, a menos que Chaín quiebre dos promesas que hizo públicamente, que no van a demoler la Escuela Taller del Casco Histórico y el edificio Marconetti, que se alzan en la cuadra siguiente hacia el sur y van a quedar enmarcados entre los dos “living urbanos” del ministro. En San Telmo, Barracas y La Boca ya saben los bueyes con que aran, con lo que miran de cerca a estos dos edificios. Después de todo, siguiendo hacia el norte están la cuadra de Ambito Financiero y la de un enorme monoblock, ambos con jardines-parking adelante, cosa de poder ampliar sin mucho problema.

Como ocurre siempre en estas reuniones, aparecieron otras preocupaciones. Los boquenses hablaron de la casa de Juan de Dios Filiberto, en Magallanes 1140, y la de Pedro Laurenz, en Garibaldi 1135, las dos en riesgo de demolición y sin mayores protecciones. Capano y el defensor adjunto del pueblo Gerardo Gómez Coronado ya están trabajando en estas casas históricas por su materialidad y por su pasado.

El Rivadavia

Gómez Coronado, justamente, amplió la historia de la ley que protege al Hospital Rivadavia creando un plan de preservación para que no sea demolido o vandalizado, pero sea reequipado y reparado. La ley la presentó el diputado Sergio Abrevaya y fue una inquietud de los talleres de Imagina Buenos Aires, que comenzaron en marzo del año pasado en el Hotel Castelar. Imagina es una fundación bastante original que reúne vecinos diversos, con inquietudes diversas, y les propone técnicas de diálogo para que se concentren en los temas que tienen en común –y no en las diferencias– y puedan hablarlos.

En uno de esos grupos se encontraron vecinos de Barrio Norte con empleados del Hospital Rivadavia, con activistas de Basta de Demoler y hasta con pacientes crónicos que necesitan del Hospital regularmente. El chispazo fue notorio, con gente aportando puntos de vista diferentes pero convergentes y, en el contexto de la actividad, dialogando fluidamente. Este grupo en particular se siguió viendo y armó un “mini-Imagina” dedicado al Hospital, que le llevó a Abrevaya un plan muy completo.

El diputado lo tomó y se dedicó a un aspecto muy peludo de la cuestión, que fue lograr el consenso de Sutecba y de Ate, gremios muy enfrentados, de los médicos y de otros sectores del Rivadavia. Salió bien, y el hospital tiene ley propia.

El Santa Lucía

El CAAP acaba de hacer algo bien al rechazarles a los vivos que compraron el Círculo Obrero Santa Lucía en la avenida Montes de Oca la apelación para poder demolerlo. El Consejo ya había rechazado “desestimar” el edificio, en parte por la implacable movilización de Proteger Barracas, la muy activa ONG del barrio. Pero los especuladores volvieron a la carga, con una presentación que decía que todo bien, pero que el edificio estaba en un estado ruinoso y no podía ser preservado.

Lo que ocurrió es que Proteger Barracas demostró gráficamente que a fines de 2009, cuando fue vendido a los vivos en cuestión, el Santa Lucía estaba en buen estado, abierto y activo. Las fotos tomadas por miembros de la ONG después de la venta muestran que el Círculo tenía mucha vida. Es evidente que el edificio fue deliberadamente maltratado para crear la situación de emergencia. El teatro fue tal, que el día en que se organizó una visita de miembros del CAAP, a una familia se le ocurrió intrusar el Círculo... días después se fueron solitos y el frente fue malamente tapiado con ladrillos.

Pues el Consejo no se impresionó demasiado con los argumentos de los especuladores y renovó su decisión de enviar el expediente a la Legislatura para su catalogación. Una buena medida, con lo que la única pena es que nuestros legisladores no pasen una ley que castigue este tipo de vandalismo deliberado hacia el patrimonio. Para terminar de convencerse, basta visitar www.protegerbarra cas.blogspot.com y ver las fotos del Círculo.