El último día de enero de este año venció la concesión del Zoológico de Buenos Aires, cuyo estado calamitoso mereció un duro informe de la Auditoría General porteña –que comanda el ex diputado Santiago de Estrada, insospechable de ser opositor o amigo del patrimonio– y una investigación también demoledora del defensor adjunto del Pueblo porteño Gerardo Gómez Coronado. El gobierno porteño hizo una licitación para renovar a veinte años la concesión que no funcionó, entre otras cosas, por la poca voluntad de la Legislatura. ¿Qué hizo el gobierno? Estirar la privatización por decreto, por cinco años.

No hace falta ser un experto para entender por qué el Zoológico porteño es Monumento Histórico Nacional y un Area de Protección Histórica de la ciudad. Tampoco es necesario serlo para apreciar el estado patético en el que está. El aspecto patrimonial se da en los edificios originales, erigidos entre 1888 y 1903, en estilos diversos según el origen de los animales a alojar. Es por eso que tenemos en esta Buenos Aires una colección de pabellones en lo que se llama pintoresquismo victoriano: pseudo-hindú, pseudo-chino, pseudo-morisco, todo encantador y literalmente único. A los tesoros se les agrega escultura pública, herrerías maravillosas y una arquitectura de instalaciones de primera agua.

La privatización no sirvió para preservar todo esto. Los edificios de época están en mal estado y la reja está a punto de colapsar. ¿Qué hace el concesionario? Emparchar: la semana pasada unos obreros estaban poniendo caños a la reja sobre Libertador, atrás de la calesita, para evitar que la reja se venga abajo. Ni hablar de repararla en serio, cosa cara.

Lo que agregó el concesionario es todo de la peor calaña, edificios de ínfima calidad, lo más barato posible. El siglo 20 se representa en el Zoológico en bloques de cemento gris, ventanas de aluminio y plástico, con mucho espacio comercial y cartelería “alegre”. El lugar parece una feria y no tiene ni la elegancia tradicional del Zoo porteño ni la modernidad agradable de Temaikèn, que podría enseñarle al concesionario alguna cosa en cuanto a calidad constructiva.

Pero para el gobierno porteño, todo está en orden. Cuando los diputados Lubertino, Camps y Parrilli, de la comisión que vigila las privatizadas de la ciudad, se reunieron con el director general de Concesiones, se encontraron con un campeón de la empresa concesionaria. Este funcionario se llama Ezequiel Sabor y tiene hábitos francamente incomprensibles, como decir “nosotros”, “hicimos”, “cambiamos”, “decidimos” cuando explica lo que hizo la empresa concesionaria en el Zoológico. ¿Este señor trabaja para la ciudad o para una empresa privada? Sabor hasta les pasó a los diputados un videíto mostrando a niños enfermos de cáncer que terapéuticamente visitan a los animales, cosa de conmover a los diputados. (Los conmovió, pero no los convenció de que hace falta que los animales sean privados para que sean terapéuticos.) Sabor hasta se permitió explicar que el origen del Zoológico era la colección de animales de Rosas en ese mismo lugar, con lo que había “nacido privado”...

Como se puede ver, el gobierno porteño sigue como el señor Jardinel y dispuesto a renovar privatizaciones que evidentemente hacen agua.

Churba patrimonial

El arquitecto Natalio Churba está ahora en plena batalla por demoler La Cuadra y La Imprenta, explicando en público y en audiencias legislativas que el patrimonio no debe frenar en nada a la iniciativa privada. Es curioso, porque hace apenas tres años andaba diciendo exactamente lo contrario. El lector Adrián Leporace encontró una nota del diario La Nación, publicada por Cynthia Palacios el 19 de mayo de 2008, donde Churba dice que “es un disparate demoler para construir torres”, justamente el disparate que quiere hacer ahora.

Hace tres años, el arquitecto explicaba que “hay que mantener el patrimonio cultural. El negocio inmobiliario no puede pasarle por encima al patrimonio”. Churba le confiesa a Palacios que “por un lado me gusta construir pero también me gustan las casas antiguas y me da pena que se las demuela”.

Evidentemente el nuevo negocio que le encargaron le hizo pasar las penas al arquitecto Churba, que ahora defiende enérgicamente la idea de que el negocio inmobiliario sí le pase por encima al patrimonio. Es que el disparate de construir torres es tan rentable.

Aclaraciones

El gobierno de Córdoba hizo saber que la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos le habría aprobado el bodrio de la megatorre en pleno centro histórico para el Banco de Córdoba. La comisión emitió un comunicado diciendo que “no hay tal pronunciamiento”, ya que no son ellos los que deben aprobar el engendro. La decisión, según la comisión, le cae a otra comisión nacional, la de la Unesco, ya que la Manzana del Bicentenario que quiere construir el gobierno cordobés cae de lleno en la zona de amortiguación del centro histórico que es Patrimonio de la Humanidad. Lo que la comisión sí hizo fue reunirse con el Banco de Córdoba y acordar algunos “criterios orientadores” que incluyen que la altura total del bodrio no sea de 140 metros sino de 70. Según la comisión, el arquitecto Tapia está adaptando el diseño con que ganó el concurso para seguir este criterio.

Reunión despareja

Este miércoles a las 19 se realiza en la Casa de Liniers, Venezuela 469, un debate organizado por la revista Telma y el periódico El Sol de San Telmo. El tema es la preservación patrimonial, con énfasis en el barrio y hablando de “experiencias y lecciones” en el tema. Lo curioso es la lista de invitados a hablar y debatir, que incluye neutrales, amigos y gente que francamente no debería aparecer en público. Así, están el restaurador privado Stephen Woods y el arquitecto Fernando Diez, director de la revista Summa. Está gente indudable como José María Peña, creador del Casco Histórico y el Museo de la Ciudad que dirigió por tantos años, y Marcelo Magadán, un restaurador de primera línea. Pero también están Luis Grossman, director general del Casco Histórico y un tradicional enemigo de toda idea de preservación, tanto que hasta apoyó que se retiraran los adoquines de las calles del barrio que le toca custodiar. Y la dueña de casa, Liliana Barela, directora general de Patrimonio e Instituto Histórico, cuya representante en el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales simplemente trabaja para el Ministerio de Desarrollo Urbano y vota como si dirigiera una empresa de demoliciones. De hecho, será interesante ver qué se habla este miércoles.