Meses atrás describíamos el cinismo de los depredadores marplatenses, expresado en el accionar de sus referentes públicos, como son el intendente Gustavo Pulti y sus concejales adeptos. En aquella oportunidad se mencionó que el Concejo Deliberante local había desprotegido un inmueble con el argumento de que había quedado descontextualizado –teoría de la muela cariada– y por supuesto no se aplicaba el criterio inverso –teoría del colmillo– cuando se trata de aprobar obras en zonas de casas bajas.

Es más, el Código de Ordenamiento Territorial no prevé normas que protegieran el entorno de los edificios patrimoniales y admite la heterogeneidad del tejido, pero luego el Código de Protección Patrimonial exige para la protección su homogeneidad. Es decir, una norma autoriza la destrucción de las condiciones que la otra exige para posibilitar la protección de un bien patrimonial.

También nos referíamos a los reclamos vecinales, que en aquella oportunidad no lograron su objetivo. Sin embargo, no dejaron de hacerse escuchar y ahora sí torcieron el brazo del intendente y sus demoledores ediles, que acaban de disponer la protección de una amplia zona de la ciudad.

La nueva norma sancionada en Mar del Plata aplica dos criterios. El primero es la limitación de la construcción en barrios de casas bajas, con los tradicionales chalets de la ciudad. El segundo es que se suspende la demolición de inmuebles de más de 30 años de antigüedad durante noventa días. Esto último es una versión exagerada y un poco tramposa, por lo breve del plazo, de la permanente norma rosarina que exige una autorización especial para demoler inmuebles de más de 50 años de antigüedad, y que se ha puesto de moda en los proyectos provinciales y municipales luego de su aplicación en la Ciudad de Buenos Aires, con otro criterio temporal.

El descontrol de la construcción en Mar del Plata fue admitido por el arquitecto José Luis Castorina, a cargo del área de Planeamiento Urbano municipal, quien explicó que el boom de la construcción iniciado en 2002 se produjo entre otras cosas por una política de “promoción” de la comuna, que permitía a quien ocupara menor superficie construir más pisos. En 2003, según los registros de Planeamiento Urbano, se edificaron 34.383 metros cuadrados. En 2005 el número era casi el doble: 61.247 metros. El año pasado los metros construidos marcaron el record de la década: 120.886.

“Comenzaron a notarse distorsiones en algunos barrios y creció la preocupación de los vecinos, que de pronto tenían una torre de cinco pisos al lado de su chalet”, ahondó el sorprendido funcionario, que recién ahora se da cuenta de que las medidas de “emergencia” para enfrentar la crisis, se han llevado puesto buena parte del patrimonio arquitectónico de La Feliz.

Sin dudas, la ecuación “año electoral+reclamo vecinal” ha transformado al intendente Pulti –un demoledor nato– y a sus concejales amigos en unos fervientes defensores del patrimonio arquitectónico. Otra vez más el patrimonio arquitectónico se cuela en la agenda política, y la participación y el reclamo ciudadano transforman a insensibles funcionarios en candorosos defensores del patrimonio cultural.

Por supuesto, los depredadores no se han quedado quietos, y el Consejo Asesor de Inversiones de Desarrollo Urbano –que reafirma una vez más la confusión entre construcción indiscriminada y desarrollo– integrado por todos los lobbistas de turno: el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires DIX, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata, la Unión Obrera de la Construcción, la Secretaría de Planeamiento Urbano y el Honorable Concejo Deliberante, enviaron un documento al intendente expresando su preocupación por las medidas de protección patrimonial.

Y vuelven con la cantinela de pretender que lo único que genera empleo y crecimiento del PBI es la construcción nueva –y si es barata y de mala calidad, mejor–, como si la restauración no fuera parte de la industria de la construcción y como si no estuviera demostrado que –más allá del valor simbólico– cada peso invertido en la preservación patrimonial genera un retorno económico más que significativo.

Si tienen dudas, alguien debería acercarles el informe elaborado por la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico (Arespa) –leyeron bien, “empresas”–, que determinó que las actividades de mantenimiento del Patrimonio Histórico en ese país costaron al Estado entre 1200 y 2500 millones de euros, pero han generado ingresos por 50.000 millones, según informó recientemente Alfonso Muñoz, director del Instituto del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. ¿Está claro?

* Lic. en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella, http://facundodealmeida.wordpress.com