Nada, ni la campaña electoral, altera el ritmo de demoliciones, remodelaciones, desmanes y picardías que caracterizan a nuestra ciudad. Como siempre, los negocios que se frenan se encuentran con un límite ciudadano, de vecinos o ONG que fuerzan al gobierno porteño a hacer algo. Como por ejemplo, cumplir las leyes.

Un testimonio de esto puede verlo el que pase por la esquina de Sánchez de Bustamante y Pacheco de Melo, donde se alza una linda casa en estilo francés, en buen estado y hasta hace muy poco habitada y con un café en la planta baja. El lugar hasta tiene todas sus aperturas originales, porque al abrir el local no se alteraron las ventanas, rasgo de inteligencia raro entre argentinos, cuyos comerciantes creen que desguazar y montar vidrio llamará más clientes.

Esta casa y su vecina sobre Bustamante amanecieron un buen día con un gran cartel anunciando otro departamento. La reacción vecinal fue notable, con graffiti caseros mentando a las señoras madres de los empresarios en cuestión y un pedido de que “dejen de construir cajas de zapatos”, todo un comentario sobre la arquitectura comercial de hoy en día.

Y ahora se agregó una nueva serie de carteles que rodean la esquina. Estos son judiciales, con sello y firma, avisando al mundo que está prohibido todo avance en la obra. Estos papeles son fruto del amparo presentado por un vecino, abogado él, que sigue sin entender por qué se permite la demolición de esa casa, mientras se protegen otras.

Suele ocurrir –se sabe por experiencia personal– que los abogados no entiendan estas cosas municipales, ya que están acostumbrados a un rigor mucho mayor. Los letrados suelen cuidar sus palabras, saben que hay que probar lo que se afirma y nunca olvidan que una decisión arbitraria se paga, aunque sea con una apelación. No es lo que ocurre en cosas urbanas, y la prueba está a metros de esta obra paralizada, en Sánchez de Bustamante 2351, donde un pozo marca el lugar donde se alzaba el asilo de la sociedad San Vicente de Paul.

Este era un gran edificio histórico, literalmente único en su tipo, que fue demolido de araca –ilegalmente, de a poco, sin cartel– ante la pasividad de eunucos del gobierno porteño. Azuzados por vecinos, ONG y por el defensor adjunto del Pueblo, Gerardo Gómez Coronado, los inspectores del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta fueron al lugar. Y se fueron mansitos en cuanto un sereno de obra les dijo que no podían pasar, jurando que no podían hacer nada. Ni siquiera dieron por probado que había una demolición interna, cosa que comprobaba cualquiera que mirara por la ventana...

El edificio, por supuesto, ya desapareció. Pero la sorpresa es que esta semana sí apareció un cartel de obra. Quien pase por el agujero verá encima de la mampara un aviso sobre el Expediente 94303/11, con fecha del 26 de enero de este año. Sobre el cordón de la vereda verá dos caballetes flamantes, muy bien hechos, con el mismo número, para reservar el estacionamiento frente al lugar.

La pregunta es ¿cómo se saca un permiso de obra luego de hacer una demolición clandestina e ilegal? La única explicación posible lleva a esa otra institución eunuca, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que tuvo que aprobar la destrucción del San Vicente de Paul porque el edificio era bastante anterior a 1941. El Consejo tiene el sí fácil y “desestima” edificios hasta cuando tienen apenas una ventanita cambiada. Con lo que no es de genios pensar que ante un edificio ya destruido ni vacilaron en premiar la ilegalidad.

Por otros barrios

Es lo mismo que iba a pasar en la zona de Palermo por atrás del hipódromo, donde el CAAP alegremente iba a dejar demoler el último stud de nuestra ciudad, conocido como La Cuadra, y un edificio industrial interesante como La Imprenta. Los vecinos, en este caso, armaron un frente formidable, con un enérgico joven abogado dándole filo, y lograron que el Consejo tuviera que dar marcha atrás. De inmediato se materializaron varios proyectos de ley para catalogarlo, con tal voluntad política que ya se votó la primera lectura, pese al notable despliegue armado en la audiencia pública por los empresarios.

Esta primera lectura fue para un grado de protección importante, estructural, lo que descartó una peregrina idea de los especuladores en cuestión. Estos quieren construir una torre con el habitual diseño pesadón, de mucho hormigón y fuertes líneas horizontales, a la bunker alemán, y ofrecían dejar la fachada de La Cuadra por debajo del mazacote. Un curioso les preguntó, al ver el dibujo, cómo iban a hacer para pasar la masiva maquinaria necesaria para los trabajos por el portal de la caballeriza. La respuesta fue que en realidad iban a demoler el edificio, pasar la maquinaria y luego construir una réplica.

Para perpetrar este maqueteo del patrimonio es necesario que no haya catalogación o que ésta sea de un grado menor, apenas cautelar. Aprovechando que la Legislatura está ocupada en la campaña electoral, circula con energía esta idea, buscando oídos amigos entre los legisladores.

Sólo los vecinos pueden prevenir este desmán, como ya lo comprobaron en Palermo y lo siguen comprobando en Floresta, donde están festejando un raro triunfo. Resulta que ya en marzo, esa notable ONG llamada Salvar a Floresta había denunciado una obra particularmente dolosa en una casa dentro del Area de Protección Histórica del barrio. El 26 de marzo se publicó el caso en este suplemento y los vecinos siguieron presionando para que hubiera más control en lo que ven como una verdadera “zona liberada”. Pues lo lograron: a mediados de junio se publicó en el Boletín Oficial porteño la Resolución 305 de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano de la Ciudad, con firma del mismísimo Héctor Lostri.

La resolución pone a la casa de Goya 621 dentro del listado de Inmuebles Catalogados Singulares de Buenos Aires, dándole en concreto una catalogación preventiva de grado cautelar hasta que la Legislatura tome el caso. El predio es enorme y cruza la manzana hasta la avenida Segurola, con lo que la tentación de modificarlo para su uso comercial es muy fuerte. La resolución de Lostri es una advertencia clara de que es ilegal hacerlo: como dice la resolución, “no dará curso a solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones y/o ampliaciones de obra, obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe” especial.

Y para terminar hablando también de vecinos, este jueves hay movilización frente a una obra cuestionadísima en Caballito, con una vuelta electoral muy inteligente. Los vecinos de SOS Caballito están cerradamente en contra del proyecto de la empresa IRSA en la manzana de Rojas, Vallese, Colpayo y Méndez de Andes, tres supertorres de 90 metros de altura cada una y con un total de más de 57.000 metros cuadrados. Según los vecinos, esa masa notable fue declarada en su momento como “sin relevante impacto ambiental” por el director general de Política y Evaluación Ambiental, Horacio Walter. Aún así, AYSA tenía que construir entre 2007 y antes de agosto de 2010 una instalación especial de cañerías, cosa que nunca ocurrió.

Pero además de estas muestras de indiferencia a lo que los vecinos piensan y quieren, el cuestionamiento es más de fondo. Como se sabe, la zonificación en Caballito fue cambiada en 2008, bajando drásticamente las alturas. Esta ley fue vetada por el ingeniero civil Mauricio Macri, siempre tan sensible a la industria a la que pertenece, pero fue votada otra vez por unanimidad (ni su bloque aceptó el veto). ¿Y cómo puede ser que IRSA siga adelante? Es lo que se preguntan los vecinos, cansados de trucos de papeleos y legalismos. Por eso, este jueves invitaron a Daniel Filmus y a Mauricio Macri, que seguramente estarán preparando la segunda vuelta que les auguran las encuestas para este domingo, a presentarse en la obra y expresar qué opinan del tema. Más informes en www.sos-caballito.blogspot.com