Las medias verdades son una forma de mentir diciendo la verdad. Eso es lo que acaba de hacer el gobierno porteño cuando salió al cruce de las críticas de distintas organizaciones de ciudadanos y de referentes vinculados con la protección del patrimonio cultural, por el papelón de no prorrogar la leyes 2548 y 3056.

Estas normas aprobadas en 2007 y 2009, respectivamente, como saben los lectores de m2, protegen en forma preventiva hasta el 31 de diciembre de este año los inmuebles anteriores a 1941.

Esta vez no se pudo renovar por decisión del bloque del PRO, doblegando incluso al otrora patrimonialista ex legislador Patricio Di Stefano. Tampoco ayudaron algunos opositores que estaban más preocupados en conseguirse algún puestito para cuando dejaran la banca que en proteger el patrimonio cultural.

Fue un papelón, porque las autoridades locales argumentaron que no se podía seguir prorrogando una ley que lleva cuatro años de vigencia y reclamaron un inventario definitivo de los edificios valiosos. Esto nadie lo discute, pero lo que no dicen los funcionarios de turno es que la responsabilidad de hacer el catálogo es del Poder Ejecutivo de la Ciudad.

En artículos publicados en los diarios de la semana pasada el gobierno porteño expresa: “En el marco de esta ley (2548) ingresaron 5242 expedientes y se catalogaron 989 edificios. En el último año, se presentaron pedidos para demoler 1746 edificios y 129 fueron catalogados. Y en 2010, sobre 1114 pedidos se catalogaron 73”, porcentajes de protección realmente bajos, sobre todo en los dos últimos años. Esto tal vez se deba a que la Comisión de Patrimonio de la Legislatura pasó de manos opositoras a oficialistas en 2009.

Pero el Poder Ejecutivo indica en ese mismo artículo que “la Ciudad tiene 15.207 edificios protegidos, 8485 catalogados en los últimos cuatro años”. Para que este último dato fuera verdadero, deberían haberse catalogado por fuera del procedimiento de la ley 2548 y la 3056 un total de 7587 edificios –según los datos dados a conocer a la prensa–, algo que no surge del Boletín Oficial. Un edificio está catalogado cuando se incluye expresamente en una ley y la norma es publicada.

Pero esto no es todo. La cifra de algo más de 15.000 inmuebles protegidos tampoco es cierta. Para llegar a ese número suman parcelas que tienen “protección general”. La “protección general” se refiere a los predios ubicados dentro de un Area de Protección Histórica (APH), pero cuyos edificios no están catalogados. Es decir, aquellos que cuando se creó la APH se decidió que no tenían valor patrimonial y por ende no merecían ser protegidos en forma particular.

Para estos casos, la mayoría dentro de estas áreas –aunque hay un puñado de APH de uno solo o pocos inmuebles–, el punto 10.1.3.1 del Código de Planeamiento Urbano establece que “los bienes localizados en las áreas de protección (Distritos APH) no incluidos en nivel de protección especial alguno no podrán superar los valores promedio de F.O.S. y F.O.T. de los edificios catalogados existentes en las mismas”. Pero, obviamente, se pueden demoler.

Tan clara es la norma que en este caso habla de “bienes” y no de “edificios”, e incluso en esa categoría –tal vez los del PRO también los sumaron como “protegidos”– están incluidos los terrenos baldíos.

Se determina cuánto se puede construir en esas parcelas fijando límites de F.O.S. y F.O.T., como ocurre con cualquier otro distrito de la ciudad, pero adaptado a las características de la APH. No tendría ningún sentido definir estos parámetros si el edificio allí construido no pudiera demolerse y construir otro nuevo.

Tan es así, que el parágrafo siguiente, dedicado a la Protección Edilicia, dice que ésta “se refiere a lo construido en las parcelas. Se establecerán niveles particulares de protección e intervención, en el acto de su catalogación”.

Algo parecido sucede con los inmuebles emplazados en las Areas de Arquitectura Especial (AE), otra de las trampas macristas para llegar a 15.000 inmuebles protegidos. Estos tampoco están necesariamente catalogados. El código dice que “para las parcelas comprendidas en estos distritos, regirán las disposiciones generales correspondientes a los distritos de zonificación a los que se haya superpuesto, con excepción de aquellos aspectos que específicamente en cada caso se reglamenten”. Nuevamente no habla de inmuebles ni de lo construido en la parcela, y no quiere decir que todos los edificios dentro de una AE estén catalogados.

Por el contrario, la norma indica que en caso de demoler aquellos que no están protegidos o construir en un baldío, el nuevo proyecto debe seguir ciertas pautas que la ley fija en cada caso, aunque con los parámetros constructivos del distrito donde está incluida la AE.

En conclusión, los únicos inmuebles catalogados son aquellos que mediante una ley de la Legislatura han sido incorporados al catálogo definitivo de edificios de valor patrimonial, con algún nivel de protección específico: cautelar, estructural o integral. Se encuentren éstos emplazados en una APH, una AE o en cualquier otro distrito de la ciudad.

Esta flagrante contradicción surge de los propios datos que el gobierno porteño publicó en el “Atlas de Edificios Catalogados”, en el cual y a pesar de que el título busca confundir, en la página 18 se afirma que en Buenos Aires hay “11.426 edificios bajo protección patrimonial”. En la hoja siguiente se detalla que el catálogo de edificios de valor patrimonial incluye 3000 con protección cautelar, 800 con protección estructural, 45 con protección integral y uno con protección especial”, sumando un total de 3846 edificios catalogados.

Esta última cifra –suponiendo que hicieron bien la cuenta, y a esta altura permítanme dudarlo–, si la sumamos a la de los edificios verdaderamente catalogados entre junio de 2010 y diciembre de 2011, nos indica el número real de edificios protegidos en Buenos Aires.

El jefe de Gobierno parece tenerlo más claro que sus colaboradores. Expresa en el prefacio al Atlas que “nuestra gestión ha avanzado en ese sentido, impulsando la creación de más de veinte Areas de Protección Histórica y formalizando la catalogación de miles de edificios singulares”, diferenciando una cosa de la otra.

Sus subalternos no parece que puedan alegar ignorancia luego de cuatro años de gobierno y, si así fuera, sería muy grave.

En todo caso, los funcionarios de Desarrollo Urbano están asesorando mal a Mauricio Macri y habría que ver qué dicen abogados y fiscales, pero con la inclusión de estos datos en una publicación oficial, ¿no estarían incurriendo ellos mismos en el delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 293º del Código Penal de la Nación? Habrá que preguntarles a los expertos.