El primer día hábil del año se publicó el decreto que designó a las nuevas autoridades en la segunda línea del Ministerio de Cultura porteño. La nueva subsecretaria de patrimonio cultural es María Victoria Alcaraz, que se venía desempeñando desde 2007 como directora general del Centro Cultural San Martín.

Este cambio implica que a partir de ahora el Ministerio de Cultura tendrá dos subsecretarias, como antes de 2007, con una especializada en Patrimonio Cultural.

La flamante subsecretaria recibe una agenda de temas pendientes tanto o más abultada que la que dejó el gobierno Ibarra-Telerman, pero además varios frentes abiertos en la Justicia de la ciudad, y todos por problemas de gestión, incumplimiento de leyes, o simplemente decisiones políticas desacertadas.

Entre los temas más graves, tendrá que encarar la falta de reglamentación y de aplicación de la ley 1227 que creó en 2003 el régimen de protección del patrimonio cultural de la ciudad.

Es más, la reglamentación de esta ley ha colocado en cabeza de la Subsecretaría de Cultura la responsabilidad de su aplicación, otorgándole poder de policía para ejercer el contralor sobre los bienes protegidos o en proceso de protección, que le permite incluso realizar inspecciones y clausurar obras, según lo dispuesto por el artículo 7º de la ley 1217, a la que remite la ley de protección patrimonial. Esta obligación nunca fue cumplida por sus predecesores.

El Ejecutivo porteño también tiene pendiente enviar a la Legislatura el régimen de sanciones y penalidades para quienes dañen o destruyan el patrimonio, crear mecanismos de compensación para los propietarios de los bienes protegidos, y algo también fundamental, implementar la Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios, donde deben inscribirse todos los bienes culturales registrados en el Gobierno de la Ciudad.

Esto es vital para garantizar su protección, y que no ocurra lo que sucedió con el Teatro Opera o la Confitería Richmond, entre muchos otros casos, que se pusieron en riesgo o directamente se perdieron bienes patrimoniales por la falta de creación de este registro de registros.

En el terreno judicial están en pleno proceso –con medidas precautelares dictadas durante la feria– la protección de los edificios anteriores a 1941 y la situación de protección de la Casa Suiza, y en ambos casos, la Subsecretaría de Cultura tiene mucho para decir.

Otra cuestión pendiente es la implementación del Registro de Cúpulas y Coronamientos Notables, creado por la Ley 2541, que fue sancionada en 2007. Su ejecución implicará proteger numerosos inmuebles valiosos de Buenos Aires.

La aplicación de la ley de Protección Ambiental, que obliga a contemplar en los estudios de impacto la necesidad de “preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora” de la Ciudad, es otra de las deudas que tendrá que enfrentar la nueva subsecretaria, tanto que en representación del Ministerio de Cultura debe integrar la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental.

Finalmente, en la que será, tal vez, la decisión de mayor impacto político, deberá definir a los representantes del ministerio en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, y sobre todo establecer el criterio que deberán seguir a la hora de votar, sobre todo cuando se trate de autorizar demoliciones, que en el caso de los protegidos preventivamente por la Ley 2548 y 3056. Ahora están bajo la lupa de la Justicia, que revisará caso por caso, desde que la doctora Andrea Danas dictó una medida precautelar y el Poder Ejecutivo no apeló la decisión.

Mucho trabajo, pero María Victoria Alcaraz tiene una larga trayectoria de gestión. Además, es profesora de Historia por la Universidad de Belgrano y se especializó en gestión cultural en España, así que por formación y experiencia seguramente se involucrará en la defensa del patrimonio cultural. Algo que, a partir de ahora, deberá hacer también por mandato constitucional.