El defensor adjunto del Pueblo, Gerardo Gómez Coronado, está trabajando con los vecinos de La Boca desde hace tiempo, y no le faltan cosas que hacer. Los boquenses lo contactaron con una verdadera agenda que va de ocupaciones de espacios públicos a temas de seguridad, pasando por problemas sociales, de vivienda y tránsito en ese barrio tan abandonado de gestión municipal. Una de sus últimas actuaciones hace a una irresponsabilidad casi trágica y plantea un marco legal que puede ser determinante para la legislación de patrimonio.

Resulta que los edificios de la avenida Pedro de Mendoza, entre Necochea y California, están siendo demolidos de a poco por los pesados camiones que pasan todo el tiempo por el lugar. Es la misma historia de la calle Bolívar, cuyo patrimonio –en particular la Iglesia de la Compañía– terminó partido por los atronadores colectivos. En el Centro viejo, la solución fue peatonalizar de hecho un par de cuadras, en La Boca la cosa es más complicada.

En su reciente resolución, Gómez Coronado explica que los suelos de la costa sur porteña son arcillosos y blandos, muy húmedos y ricos en minerales que expanden y contraen la mezcla. Sobre estos suelos se alzan muchos edificios frágiles por su edad o por sus materiales, una arquitectura de la pobreza sin estructura interna, simplemente delicada. El problema es que La Boca es también un ir y venir de camiones tronantes, con o sin acoplado, cargados hasta los topes y disfrutando de la nulísima legislación ambiental argentina, que permite cualquier ruido y humo.

Lo que descubrió el ombudsman adjunto es que sólo una parte de Pedro de Mendoza forma parte de la Red de Tránsito Pesado, cuya ley 216 prohíbe la circulación de camionazos por fuera de ciertas avenidas de la ciudad. ¿Por qué pasan entonces los camiones por la zona histórica? Porque la misma ley abre un hueco por el que se cuelan con acoplado y todo. Es que un camión puede circular por cualquier parte si su “base” –su playa terminal, la sede de su empresa– no está justo en la Red. Todo lo que tiene que demostrar es que está yendo por el camino más corto entre una cuadra que sí esté en la Red y su destino final. Como le explicaron a Gómez Coronado en la comisaría 24ª, el barrio está cribado de areneras y depósitos, con lo que los camiones pasan por todos lados.

Ya en 2009, la Defensoría del Pueblo comprobó con una inspección técnica el daño que hacen estos camiones con sus traqueteos pesados. Fue en el viejo edificio de Pedro de Mendoza 1875/79, y los arquitectos encontraron fisuras, grietas y caídas de revoque, todos consistentes con la notoria vibración causada por el tránsito. Varios otros edificios comparten estas patologías causadas por el tránsito de camiones.

Con lo que Gómez Coronado acaba de solicitarle al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que simplemente prohíba el tránsito en Pedro de Mendoza entre Necochea y California, cosa que puede hacer según la ley 2148 que regula el tránsito y transporte en la Ciudad. La importancia de fondo de esta recomendación es que Pedro de Mendoza, entre Caboto y Rocha, es un Area de Protección Histórica que se estira hasta el Puente Transbordador y la Barraca Peña. La misma avenida, entre Brown y Alfredo Palacios, es un circuito de interés turístico que aloja varios edificios catalogados individualmente. Con lo que el planteo es que el rango de patrimonio requiere una protección especial y un cambio de ruta de los camiones.

Zoológicas

Esta semana se cumplió un año desde que se venció la concesión del Zoológico porteño, que sigue boyando, pero cobrando entrada en manos privadas. La desprolijidad es tal que el gobierno porteño prorrogó en enero de 2011 el contrato por seis meses, pero hace medio año que no hay contrato, ni prórroga, ni nada. Esta semana, el Ejecutivo anunció el miércoles que hará otro truco contable, el de abrir una licitación operativa por cinco años y no por diez, lo que le evita tener que ir a la Legislatura para que se la aprueben. Es otro síntoma de la curiosa desconexión entre el Ejecutivo y el bloque oficialista legislativo, con Mauricio Macri vetando leyes que no sólo votaron sus diputados sino que en varios casos eran proyectos propios.

El Zoológico porteño está en un estado lamentable, tratado como un parquecito de diversiones provinciano y no como una institución más que centenaria. Desde que se privatizó su gestión quedó en claro que a nadie le interesaba mantener su lado científico o educativo, pero la explotación terminó siendo vagamente ridícula por lo angurrienta. En el Zoológico que tenemos hoy cuesta encontrar un espacio abierto, porque toda la parte “jardín” fue taponada de bares, calesitas y espacios comerciales diversos. La batalla por la cartelería gigante tapó cosas como la palmaria baratura de todo lo que se construyó a nuevo y el abandono de los edificios originales. Un informe reciente pinta un panorama entristecedor de lo que fue alguna vez la puerta de entrada al Parque Tres de Febrero y un muestrario de arquitecturas victorianas de primera agua.

Después de veinte años en manos privadas –no asombra que fuera Carlos Grosso el que inventara el asunto–, es tentador esperar que el Zoológico vuelva a una gestión pública. Pero eso significa que lo administraría un funcionario de este gobierno porteño...