Una de las cosas más claras que hay en esta Ciudad de Buenos Aires es que su actual gobierno piensa, siente y razona desde y para el negocio inmobiliario. Todas las contradicciones, las aparentes tonteras, los errores increíbles, se explican teniendo en claro que para el macrismo la prioridad es demoler y construir. Este eje explica la indefensión en que vivimos, en la que todo pecado de las constructoras es perdonado implícitamente. Ni las muertes causadas por un recorte de gastos hacen que Mauricio Macri olvide sus prioridades.

El pobre patrimonio construido de los porteños queda así en el máximo grado de indefensión. Quienes representan al Ejecutivo en toda entidad regulatoria van de manos atadas, moralmente quebrados por el mandato de habilitar los negocios o comprados al peso para la causa. Todo avance en esta materia tan básica provino de la Legislatura, donde Macri y sus operadores inmobiliarios –el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y el subsecretario del área, Héctor Lostri– no tienen control absoluto. Como la supervisión de obras recala en el ministerio, los palos en la rueda son la norma.

Por ejemplo, en el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, los representantes del Ejecutivo permiten catalogar una minoría de piezas sueltas, con gran inconexión y poca coherencia, como al capricho. Pero no permiten ni por asomo establecer una política, una línea que permita saber aunque sea qué reglas del juego aceptarían Macri, Chaín y Lostri. Por ejemplo, este martes mostraron la hilacha en un debate que debería haber sido a libro cerrado, sin mayores cuitas.

Resulta que los vecinos del pasaje Anasagasti pidieron que les cataloguen el lugar, en bloque y sin beneficio de inventario. El Anasagasti es ese lugar tan especial que desemboca en Santa Fe, justo frente al Alto Palermo, cien metros de casonas de primera agua y viejos edificios de departamentos muy bien construidos. La fuerza de la estética es tal, que hasta se ven raros casos de intervenciones pensadas. Un ejemplo está a mitad de cuadra, en lo que fue una residencia privada muy paqueta que por muchos años perteneció a la Agencia Novosti, la entidad soviética que difundía notas favorables y recogía información “blanda” para el gobierno. En los ’90, la embajada vendió la sede y un especulador más inteligente que el montón estiró el edificio para arriba con una fachada seca, discreta, manteniendo la muy ornada original. El efecto es agradable y hay que levantar la mirada para percibir que se está frente a un edificio en altura.

Pero en el Consejo Asesor hubo todo un debate. Resulta que Susana Mesquida –que, técnicamente hablando, no tiene ni derecho a hablar, porque no tiene mandato de su jefe, el director general Antonio Ledesma, y ni siquiera aparece presente en planilla– se emperró en descartar piezas. Junto a otras funcionarias que no son consejeras y tampoco deberían hablar, pero hablan todo el tiempo, discutió recomendar la catalogación de los edificios más altos de nueve metros. Esto es porque al ser pasaje, el Anasagasti tiene esa altura como máximo y por tanto “no hace falta catalogarlos”. Mesquida parece olvidar que una catalogación también protege a los edificios de ciertas intervenciones poco felices y vandálicas, además de impedir su desaparición.

Mesquida y sus socias también se las tomaron con la peluquería de Miguel Romano, una coqueta casa en estilo Tudor. La foto muestra la fachada intacta, pero Mesquida considera que toda peluquería –y todo boliche bailable y todo bar– automáticamente significa la destrucción de interiores. La arquitecta-funcionaria no conoce esa peluquería en particular, pero discutió y discutió que no había que catalogarla sólo por sospecha de peluquería.

Hasta David Kuliok, representante de FADU, discutió este esnobismo. Kuliok dijo con gran cordura que el Anasagasti es un conjunto urbano y debe ser protegido como tal, más allá de interiores o estados individuales. Según parece, Mesquida lo miraba medio en desacuerdo, medio sin entender el planteo y medio asombrada de que un “desarrollista” probado le discutiera tal cosa.

DE REMATE

Pero ni siquiera falta llegar a estos debates para desesperarse ante la indefensión en que vivimos. Otra cosa que Macri y sus funcionarios se niegan terminantemente a cambiar es la incapacidad del gobierno local de controlar obras, ilícitos y picardías. El jefe de Gobierno prometió en su primera campaña que iba a restaurar el respeto a la ley, pero parece que no se refería a su industria favorita. Cada vez que muere alguien en una obra mal hecha, Macri dice que no puede poner un inspector en cada obra. Pero tampoco actualizó las multas, no creó legislación punitiva, no aumentó el cuerpo de inspectores y no dio la menor señal política de que el infractor será castigado.

Lo que explica la lluvia de demoliciones ilegales que asola la ciudad. En Belgrano se perdieron recientemente por lo menos tres casas, incluyendo una de Kàlnay. Y en Sucre 2265 se realizó esta semana el remate de demolición de una muy bonita casa del brillante Gianotti. Este tipo de remate consiste en convertir en lotes pisos, herrerías, cerramientos y todo lo que sea reciclable. El de Sucre se anunció, lo más campante, en los diarios, con toda la exageración de estos textos.

Pero resulta que el Gianotti no pasó por el CAAP, paso ineludible para poder demolerlo, con lo que no se entiende por qué una empresa de remates aceptaba dinero por barandas, pinoteas y rejas de balcón –en efectivo– si legalmente no pueden garantizar que se les entreguen a los compradores. ¿Por qué hacen algo así? Porque cualquiera del gremio sabe con toda certeza que la demolición se puede hacer un fin de semana largo y a lo sumo costará una multa con años de inflación por detrás, un costo de obra y no muy alto. El macrismo garantiza que esto sea así.

Las fotos que acompañan esta nota muestran cómo se marcan los lotes, con tiza en las paredes, y el estado casi perfecto en que está el edificio. El CAAP seguramente no va a aceptar que se lo catalogue, porque en la fachada los anteriores ocupantes –una clínica– cambiaron la balconada a la calle por un gran vidrio fijo. De nada servirá señalar que esto es fácilmente reparable y que adentro hay ambientes y más ambientes en perfecto estado, con sus boisseries en su lugar, pisos impecables y cerramientos originales. Hasta hay una espectacular escalera y un ascensor de jaula originales, más un jardín que sólo necesita una barrida. Dos ambientazos del primer piso fueron divididos para hacer consultorios, pero la obra es de Durlock, fácil de retirar.

Con lo que ni la arquitecta Mesquida puede descartarlo por sus interiores.

EN PLAZA FRANCIA

Este jueves, el juez porteño Hugo Zuleta tomó una decisión sobre el proyecto de la estación Recoleta del subte H que puede cambiar el juego. Zuleta tiene en manos el amparo presentado por Basta de Demoler en la persona de Santiago Pusso y por Sonia Berjman para que las obras no arrasen la plaza Alvear, arbolada hace más de un siglo por Carlos Thays. El amparo es contra la Ciudad y contra la sociedad del Estado que maneja los subtes, y ya dio origen a una larga explicación de por qué no hay manera de hacer la estación en otra parte.

Pues parece que Zuleta no quedó convencido y que conoce largamente con quién está lidiando. Después de una larga audiencia de partes, el juez ordenó que las obras sigan paralizadas por completo –nada de cavar alrededor de los árboles– y que la Ciudad y el subte le entreguen en cinco días hábiles un “plan de readecuación de las obras”. Este jueves, los amparistas y Zuleta deberían tener este proyecto alternativo.

En la sesión del jueves estuvieron por el subterráneo su presidente Juan Pablo Piccardo y el abogado Juan F. Freire Aurich; por la Ciudad, el procurador general adjunto Julio Conte Grand y el abogado Daniel Leffler; y por Basta de Demoler, la abogada María Carmen Arias Usandivaras, los amparistas Santiago Pusso y Sonia Berjman, los técnicos Jorge Abramian y Andrés Vasiliadis, y los miembros de su comisión directiva Mora Arauz y Ana Bas.