Sáb 11.08.2012
m2

Acción y reacción

El tema patrimonial comienza a pasar al ámbito nacional, gracias a la movilización de vecinos y entidades. Lostri ordena secreto y pide creatividad. Filmus invita el tema al Senado.

› Por Sergio Kiernan

Hay un tipo de expresiones que se puede encontrar hasta en las lenguas más remotas. El azteca no tenía palabras para “rendirse”, como el zulú no las tenía para “dinero”, pero es más que seguro que Moctezuma y Shaka habrán escuchado el equivalente de “te pasaste de la raya”. Esto es esperable porque pasarse es un hábito humano muy común y genera lo de la gota que rebasa el vaso o lo de la paja que le rompe la espalda al camello (que debe sonar mucho mejor en árabe).

Sorpresivamente, es lo que parece estar pasándole al macrismo.

El PRO tiene una manera de gobernar poco competente y bastante errática, pero posee experiencia y expertise en un área. Mauricio Macri es ingeniero civil y la única vez que tuvo algo parecido a un trabajo fue en la construcción, sector del que reclutó un núcleo de funcionarios. Son la “línea” que tiene a cargo la regulación, el control, las autorizaciones de la obra privada y buena parte de las decisiones de la pública. Todos son gente con empresas de construcción, socios de esas empresas, o sus empleados.

Con lo que el macrismo sí tiene foco a la hora de proteger su industria favorita, la única que conoce su jefe político. Lo que explica su hostilidad a todo control y límite en serio a la especulación inmobiliaria, a la torre y al descajetamiento de barrios enteros, a la obra mal hecha que cuesta vidas o rompe a los vecinos. Todo límite logrado en estos años vino de la movilización vecinal y su eco en la Legislatura, desde la baja de alturas en algunos barrios a la protección de edificios. Toda obra parada fue a fuerza de amparos, cortes de calles o escándalos.

Por contraste se puede apreciar la actitud de Macri y la línea. Se cae un edificio matando a obreros y vecinos, y ahí abundan los funcionarios diciendo que no pueden poner un inspector en cada obra. Se denuncian sobreprecios groseros, con planos de medidas alteradas para que los trabajos parezcan mayores de lo que son y la respuesta es el silencio. Lo que nadie dice es que en ningún país del mundo hay un inspector en cada obra porque no hace falta: lo que se hace es castigar con fuertes multas y denunciar con energía ante la Justicia, un efecto ejemplificador que corrige preventivamente. Y algo que ni remotamente hará el macrismo.

Todo esto ocurría plácidamente, con los peajes operando en paz y la ciudad tratada como un Amazonas donde se tala con impunidad, porque nadie miraba. En donde se pone un poco de luz aparecen las cosas raras, los papeles irregulares, los funcionarios que hacen obras públicas como contratistas con la aprobación de otros funcionarios. Esos tiempos ya pasaron, porque la agenda urbana ya es política y los vecinos entraron al ruedo con un nivel de información que pone nerviosos a más de uno.

Un dato: las coimas ya subieron verticalmente, porque “todo está más difícil”.

Y otro dato: el truco de sacar con un voto sobre tablas a una persona molesta como Mónica Capano generó un verdadero movimiento que cada vez gana más peso específico.

Como se recordará, Capano tomó un sello de goma llamado Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad y lo transformó en un palo en la rueda para los que demuelen y demuelen. La Comisión es un ente de la Legislatura y el Ministerio de Cultura que servía para darle tarjeta con escudito a funcionarias y funcionarios “del palo”, seguros y complacientes, que publicaban libros y le daban contratos a sus asesores. Nadie sabía que existía la tal Comisión, de hecho irrelevante a la vida humana. Capano descubrió, sin embargo, que entre sus encargos estaba el de sentarse con voz y voto en esa otra entidad medio incomprensible, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales. Y ahí descubrió lo que andaban haciendo.

El Consejo tiene que aprobar todos los trámites de demolición de edificios anteriores a 1941, una idea de la entonces diputada Teresa de Anchorena que buscaba frenar la piqueta libre. La entidad tiene que apreciar los edificios como piezas históricas, de identidad barrial y de valor arquitectónico. Pero no lo hace jamás y de lo único que habla es de su valor inmobiliario, cosa notable cuando se tiene en cuenta que ahí se sientan entidades como el Icomos, supuestamente dedicada al patrimonio. El resultado es que el 70 por ciento de los edificios considerados se demuelen inmediatamente, por decisiones de hecho inapelables. Pero sí hay apelación para los que se vota proteger, con las “reconsideraciones” que inventaron en el Consejo, con permiso de su titular, el director general Antonio Ledesma, un arquitecto y funcionario creativo que parece desconocer la ley al inventar trámites.

Capano votaba por los edificios, discutía y molestaba la placidez del lugar. Pero lo imperdonable es que consideraba que los actos públicos deben ser justamente públicos y se dedicaba a compilar actas, hacer las cuentas y difundir decisiones. Esto resultó imperdonable y el macrismo invirtió capital político en sacársela de encima: por primera vez en la historia, quien fuera titular de la oscura Comisión fue motivo de negociaciones rápidas, tratamiento sobre tablas y peleas a los gritos en el recinto.

No funcionó. La grosería del truco fue contraproducente en el sentido de que movilizó a las ONG y a los vecinos por lo transparente. Se hizo una reunión en el Centro Cultural de la Cooperación que quedó chiquito. Y este martes hubo otra en el Salón Montevideo de la Legislatura que dejó preocupados a los asesores de diputados macristas que se asomaron, enviados por sus jefes a medir cuánta gente había. Había más de 200 representantes de ONG y grupos barriales, varios diputados porteños y, en primera fila, el senador nacional Daniel Filmus, que no sólo vino a apoyar la movida sino a anunciar que el tema comienza a trasladarse al nivel nacional.

La invitación a los diputados era para que escucharan a las organizaciones barriales y firmaran un acta de compromiso comprometiéndose con iniciativas concretas para frenar los negocios. Esto incluye que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales respete la ley y no resuelva todo de un viernes a un martes, sino con 45 días de anticipación. Y que en ese plazo se publique el orden del día de cada sesión, de modo que se sepa qué edificios podrán ser destruidos y se escuche a los vecinos involucrados, con una media hora fija para ese fin. También se exige que el Consejo publique una base de datos completa, incluyendo la información que usaron para llegar a sus decisiones y quién votó por qué. Esto último es particularmente importante, por lo que ya se dijo de la luz sobre los asuntos de dinero y porque así se verá que se toman decisiones muy drásticas y pecuniariamente pesadas con una fotito y dos líneas de texto. Y también porque el público podrá preguntarles a los miembros del CAAP por qué votaron por la destrucción de tal o cual edificio.

A lo largo del encuentro se escucharon ideas inteligentes y concretas. Se dijo que la mayoría de la gente vive en casas o departamentos donde antes vivió otra gente, lo que transforma a las viviendas en un capital social importante. Esta contradice la visión de mercado, que en una casa ve un edificio sin hacer, un desperdicio de terreno.

También se escuchó el reclamo de que la política deje de andar detrás de la gente en estas cosas y que se ponga al frente, con liderazgo. Esto podría ayudar a otro reclamo, que es que las obras son consistentemente vistas como inútiles por los vecinos, largamente avivados de que nadie los tiene en cuenta más que como posible oposición a algún negocio o negociado.

La diputada María José Lubertino habló de un síntoma de la actitud macrista en la Legislatura al recordar que se tomaron seis meses para volver a formar la Comisión de Patrimonio. El también diputado Tito Nenna reclamó que la oposición se hiciera cargo de la “triste sesión” donde el macrismo echó a Capano, mientras que el diputado Ferraro de la Coalición se disculpó por su “equivocación” de haber votado esa noche, negando que hubiera un “contubernio” con el macrismo en estos temas.

Susana Rinaldi contó que hace muchos años protestaba desde el llano contra la demolición del Teatro Odeón, en Corrientes y Esmeralda. Todavía le duraba la impresión de estar en el Palacio Municipal pidiendo que detuvieran ese atentado contra la historia porteña y darse cuenta de que todos los funcionarios, del intendente para abajo, la miraban como a una loca hablando de un tema simplemente ininteligible. “Tantos años después, voltearon la casa de Alfonsina Storni y me prometen un monolito para recordarla en el lugar”, siguió indignada. “Que se lo metan en el culo...”

Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria, también mostró una nueva conciencia en estos temas. Contó que su bloque votó a favor de la primera lectura de las obras para continuar la Diagonal Sur hasta la Nueve de Julio. Pero viendo que la obra va a destruir decenas de edificios patrimoniales en un barrio bastante carenciado, prometió que el kirchnerismo votará en contra la segunda lectura. “Ayúdennos a frenarlos, porque tienen mayoría”, pidió Alegre. “De acá a fin de año tienen planeados varios cambios para peor en la ciudad”.

Adrián Camps, de Proyecto Sur, siguió en la misma ruta y explicó que el macrismo no tiene mayoría propia, con lo que la oposición puede unirse y bloquearle los negocios inmobiliarios: “Si no lo hacemos, ustedes sean nuestros fiscales”. El defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado agregó que cuando se decidió en la Defensoría tomar el tema del patrimonio hubo debate, porque no quedaba claro que eso fuera un derecho. “Ahora lo tenemos bien en claro, es un derecho y una parte importante de la calidad de vida de los porteños que nos toca defender.”

El senador Filmus, que habló justo después de Rinaldi, empezó con la humorada de decir que “después que habló Susana, mejor que nos vayamos...” Luego siguió, serio, explicando que “donde no interviene el Estado para regular, el mercado resuelve. Macri puede hacer estas barbaridades porque no hay conciencia en la ciudad sobre el valor de nuestras raíces”. Y entonces lanzó la bomba: el Senado está empezando el trabajo de reforma de los Códigos Civil y el Económico, y Filmus abrió un “canal participativo” para que el patrimonio figure como figura en ellos.

Milagritos

Mientras, en el CAAP, todo esto tuvo eco. Si el martes 31 de julio se produjo el milagro de que apareciera su supuesto titular, Antonio Ledesma, esta vez hubo doblete con Ledesma y su jefe, el secretario Héctor Lostri. En parte fue para desearle feliz cumpleaños a la representante del Cicop Alicia Magdij, pero en realidad para bajarles línea a los consejeros. Lostri les recomendó que “estén tranquilos” ante los cuestionamientos, porque “somos profesionales”. El secretario agregó una recomendación muy curiosa, quizás fruto de algún curso de motivación del personal. “Para evitar estos cuestionamientos al Consejo, hay que tomar posturas proactivas”, dijo. Lostri habló de “brainstormings” que produzcan ideas novedosas, como una suya que parece que lo tiene muy orgulloso: que si se demuelen edificios tradicionales con zaguanes, se pida a los edificios nuevos que vengan con zaguanes... Lo que dejó a más de uno algo preocupado fue que Lostri terminó su speech motivacional pidiendo que el martes que viene los consejeros se presenten una hora más temprano, se reúnan con él y le den una idea cada uno.

El secretario fue, sin embargo, muy concreto a la hora de defender la manera de trabajar del CAAP post Capano. “¿Esta es la reunión secreta?”, bromeó al entrar y más tarde dijo que “de ninguna manera voy a permitir que acá haya una tribuna”. Para su desgracia, la reunión del mismo día en el Salón Montevideo fue en sentido contrario y puede resultar en la aprobación de una ley que lo obligue a abrir el temario. Por ejemplo, la que ya presentó Pablo Bergel, que pide simplemente que se declare que las sesiones del Consejo “son públicas”, que explícitamente permita que participen “vecinos y representantes de ONG, que ordene que todo se publique en Internet y en detalle, y que se escuche a los vecinos involucrados en las decisiones media hora en cada sesión.”

Lostri tendrá también que asesorar a su director general Ledesma, que recibió una nota de la diputada Susana Rinaldi que le pide las actas y notas de las reuniones del CAAP. Crucialmente, le pide también que “se me informe sobre el orden del día a considerar en las reuniones del órgano” y que esto sea “conforme a la antelación establecida en la ley pertinente”. ¿Qué harán Ledesma y Lostri? ¿Ningunear a Rinaldi? ¿O informarle los jueves lo que se votará el martes, en lugar de 45 días después?

Para terminar de preocupar a estos macristas, la próxima reunión de las ONG y las figuras políticas del patrimonio cambia nuevamente de sede. Esta vez será en el Senado de la Nación, Salón Illia, el 21 de agosto a las 18 horas.

Alturas de Costa Rica

La calle Costa Rica a la altura del 3900 es un agradable descanso a la densidad urbana de Buenos Aires. Justo enfrente de una plaza, las alturas son bajas y residenciales. Casi a mitad de esa cuadra hay, sin embargo, un feote edificio de esos que ahora pasan por arquitectura, un clavo en altura producto de viejas zonificaciones. El edificio, sin embargo, resultó útil para una brillante y creativa interpretación del Código Urbano en la parte que habla de ese buen truco, el del enrase.

El enrase consiste en pedir que si uno va a construir nueve pisos entre dos edificios de once, se le permita construir también once de modo que todo quede al ras. Esto evita el zigzag en las alturas y de paso hace más rentable la obra. En el caso de Costa Rica, donde hay exactamente un edificio en altura, la creatividad viene por pedir un enrase con ese vecino. Y no importa que el resto sean casas, se enrasa por el alto.

Cuando el defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado vio esto envió dos notas. Una es al ya mencionado arquitecto Ledesma y la otra a su colega de Registro de Obras y Catastro Guillermo García Fahler. La pregunta es la misma, si el edificio de Costa Rica 3928 tiene realmente autorización para enrasar de esta manera. La obra tiene el expediente 2.403.028/2011 y fue registrada en marzo de este año. Ambos directores generales tienen diez días para contestar, con lo que se podrá ver cómo fue tanta creatividad.

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