nTenía que pasar y al final pasó: la flamante Defensoría General porteña denunció a una larga lista de funcionarios del Ejecutivo por su hábito de ignorar con delicia las leyes de la Ciudad. Lo que el defensor general adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas Andrés Gallardo patrocinó y el abogado José Iglesias presentó ante la Cámara en lo Criminal y Correccional son dos denuncias claras y graves. En los papeles se reúnen dos de las muchas instancias en las que los funcionarios del macrismo no sólo ignoraron leyes claras y en vigor, sino que ni se molestaron en dar respuestas coherentes –o en algunos casos ni en contestar– al recibir actuaciones. Ahora van a tener que responder ante jueces que ellos no nombraron y no pueden manipular.

Para ver esta historia bien vale arrancar con el caso más sencillo, en el que está acusado penalmente Alejandro Juan Roldán, director general de la Guardia de Auxilio, por “delitos de violación de los deberes de funcionario público” en los términos del artículo 248 del Código Penal de la Nación. El caso arranca el 11 de octubre, cuando la señora Alejandra Pérez Arzeno se presenta ante la Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico Urbano que encabeza Gallardo y cuenta el desastre que vivió en su casa. Pérez Arzeno vive en Avenida de Mayo 622, en uno de los primeros edificios de la avenida y por tanto de los más frágiles. El año pasado, en abril, algún genio de la promoción turística autorizó que entre los edificios históricos se realizara el Circuito Callejero de la Ciudad Super TC 2000, una de las cosas más ruidosas.

La manada de autos rugientes sacudió tanto el edificio de la señora Pérez Arzeno que se empezó a caer mampostería del frente, se rajaron al menos dos balcones y aparecieron grietas por el frente. La señora hizo los reclamos 32.652 y 37.120 ante la Ciudad y logró que fueran a sacarles fotos a los daños. El 12 de octubre, los funcionarios de Gallardo inspeccionaron el lugar y vieron que efectivamente había daños pero ninguna obra, apuntalamiento o acordonamiento de la vereda para evitarles peligros a los que pasaran frente al lugar.

La Unidad Especial le envía un documento a la Guardia de Auxilio pidiendo “la inmediata intervención para prevenir el riesgo”, que es recibida el 17 de octubre. La Guardia no hace absolutamente nada, pero nada de nada, con lo que el 21 de noviembre Gallardo repite el escrito, con el plazo perentorio de 48 horas. Roldán y sus empleados vuelven a ignorar por completo el pedido y la Unidad Especial llama al 4546-3457, donde atiende un tal “Walter”, empleado municipal que sigue la costumbre de no dar el apellido ni siquiera a funcionarios judiciales. Walter, sin embargo, promete que Roldán –que “no atiende personalmente estos asuntos”– se va comunicar a la brevedad, cosa que ocurre recién el 5 de diciembre, cuando llama a la Defensoría la arquitecta Marta Gali, dice que es responsable del asunto en cuestión, dice que no encontraba los oficios y pide que se los manden por fax. Minutos después los tiene, cosa que confirma por teléfono. Es la última vez que alguien escucha hablar de Gali o de la Guardia de Auxilio.

En su escrito de denuncia, Gallardo e Iglesias explican que el caso es “de suma gravedad” porque el tema “imponía una atención inmediata, ya sea para conjurar el riesgo de desprendimiento o para determinar técnicamente que ese peligro no existía”. Que Roldán tiene que hacer eso es clarísimo y de boca del gobierno porteño, en su decreto 2075/07 y en su misma página web, que promete que la Guardia actúa las 24 horas de los 365 días del año. Los dos funcionarios concluyen que la conducta de Roldán es “dolosa” porque omitió cumplir con la ley “de una manera intencional”. Como para que no haya ambigüedades, los funcionarios agregan que “queda de lado toda conducta negligente”, que “Roldán tiene el conocimiento de la ilegalidad de su accionar”, que “ha expresado una clara voluntad de oponerse a la ley, desconocerla” y que “ha hecho un mal empleo de la autoridad pública”. ¿Por qué tanta certeza? Porque la Defensoría General pidió por escrito oficial y por teléfono dos veces que actuaran, y Roldán no lo hizo.

PLAZA FLORES

La segunda denuncia presentada por Gallardo e Iglesias es por un caso mayor, con más delitos y más implicados. Es por la forma chapucera y arbitraria con que se enrejó la Plaza Pueyrredón, universalmente conocida como Plaza Flores, que es un yacimiento arqueológico y centro del Area de Protección Histórica del barrio. Las rejas fueron puestas sin la menor consideración a las leyes que rigen lugares históricos y arqueológicos. La causa hasta tiene un acusado que simplemente se fue estupendamente de boca y se enterró solito, solito.

Los denunciados son el director general de Obras Comunales, Guillermo Raffo; el presidente del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, Ramón Antonio Ledesma; su jefazo, el secretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri; el secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli; el subsecretario de Espacio Público Comunal, Eduardo Villar; la subsecretaria de Patrimonio Cultural, María Victoria Alcaraz, y el presidente de la Junta Comunal 7, Guillermo Peña.

La historia empezó el 19 de noviembre con dos señoras, Andrea Pinto y Susana González, pidiendo asesoramiento sobre el enrejado de la plaza. Las vecinas sospechaban que las obras se estaban haciendo “sin realizar los actos previos que la normativa exige para tutelar los aspectos patrimoniales y arqueológicos”. Cuatro días después, la Unidad Especial realiza un completo informe que sirve como marco para la denuncia. El informe comprueba que a esa fecha ya estaban los agujeros para fijar las rejas, que el presupuesto es de 758.000 pesos, que el contrato es de Instalectro SA y que el encargado técnico es el ingeniero Miguel Andina Silva.

La plaza es parte del APH 15, una zona 3, que según publicaciones de la misma Ciudad es un lugar “de alto valor histórico” y “emblemático”. El estudio cita una abundante bibliografía histórica y literaria, con Roberto Arlt muy mencionado. Luego se habla del aspecto arqueológico, con lo que se descubre que la UBA hizo más de un trabajo de campo parcial, excavando y coleccionando objetos y que existe una verdadera bibliografía del lugar. Todo esto cae bajo la protección del Código de Planeamiento Urbano como APH y recibe protección ambiental específica como plaza. Entre otras cosas que descubre este estudio, resulta que el Consejo Asesor en Asunto Patrimoniales tiene la obligación de aprobar las obras, y los que la encarguen tienen la obligación de pedir esa aprobación.

Lo mismo ocurre en los términos de la ley de patrimonio, la 1227, que aunque no está reglamentada –ver la columna de Facundo de Almeida– alcanza a decir claramente que la Secretaría de Cultura porteña, dependiente del turístico ministro Hernán Lombardi, es la autoridad de aplicación en las obras que afectan el patrimonio arqueológico. En la misma vena, ese patrimonio es definido y protegido por la ley nacional 25.743, que le da alza al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultural de la Nación. La Ley de Comunas, la 1777, agrega al candelero la flamante autoridad local.

Con lo que para hacer el enrejado de la plaza de Flores había que consultar a la Comuna 7, a la Subsecretaría de Planeamiento, al CAAP y al Inapl. Nada de eso ocurrió, como dicen con gran cortesía en su denuncia Gallardo e Iglesias: “Esta Unidad no ha podido obtener constancias documentales que acrediten el cumplimiento previo de esas exigencias, antes del llamado a licitación”.

Iglesias, como coordinador de la Unidad Especial, pidió a Gallardo que pidiera a la Dirección General de Obras Comunales que suspendiera las obras, y que avisara a la Subsecretaría de Espacio Público Comunal, a la Secretaría de Gestión Comunal, a la Comuna 7, al Inapl, a la Secretaría de Cultura, a la Subsecretaría de Planeamiento y al CAAP de lo actuado, pidiendo a todos que hicieran sus partes. Pronto volaron los oficios, con copias del estudio, todas recibidas y selladas en mesa de entrada. Las respuestas recibidas “evidenciaron el deliberado incumplimiento” de las normas a aplicar.

El Inapl fue el único que pudo evitar cuestionamientos, al aclarar que la autoridad de aplicación –la entidad encargada de custodiar y hacer cumplir la ley nacional– es local y no federal. Esta autoridad en la Ciudad es la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que reconoció por escrito “la necesidad del informe” previo, prometió enviarlo a la brevedad y no lo hizo. El director general de Obras Comunales, que fue específicamente el que licitó el enrejado y dirige la obra, hizo su descargo en persona, en una reunión que quedó registrada en un acta. El arquitecto Raffo debe haber pensado que estaba en una reunión de gabinete, entre amigos, porque lo que dijo ante un funcionario judicial es suicida. Primero aclaró que las obras no se van a suspender porque las pidió el presidente de la Comuna 7 y luego afirmó que no se van a violar ninguna de las leyes de protección porque “sólo se cavarán 50 centímetros y si se encuentra algún resto arqueológico se correrán las rejas”...

Gallardo e Iglesias subrayan que Raffo ya había leído su estudio y que por lo tanto “estaba al tanto de la normativa”, con lo que su respuesta “revela la desaprensión que preside su ejecución, ya que tanto el funcionario como los ejecutores de la obra carecen de la más mínima idoneidad para determinar el carácter arqueológico de un vestigio o para llevar a cabo la perforación sin dañar restos”.

La estupenda ida de boca del arquitecto Raffo no frenó las obras, que se terminaron “sin haber tomado recaudo alguno” y en violación de tres leyes, una nacional y dos porteñas. “Todos los funcionarios denunciados fueron debidamente advertidos, previamente a esa ejecución (de las obras), que en la plaza había restos arqueológicos.” Pero, denuncian lapidarios los funcionarios, “las advertencias fueron deliberadamente desoídas”.

EL FUTURO

Incumplimiento de los deberes de funcionario público es una figura de las viejas, que tal vez poco asuste a los más endurecidos. Pero como todo en esta vida, depende de la energía con que se presenten las acusaciones y la voluntad de investigarlas. En este caso la cuestión es bien simple, porque la plácida indiferencia de los macristas hacia esas molestias legales y su total resistencia a contestar exhortos y pedidos de informes es justamente el centro de la cuestión. Gallardo e Iglesias no acusan a los ocho funcionarios de hacer algo delictuoso que ahora hay que demostrar, por el contrario: les pidieron que hicieran lo que marca la ley y fueron manifiestamente ignorados. Parece que los funcionarios del Ejecutivo no podían creer que alguien pudiera molestarlos.

Como esto es sistemático en la gestión Macri, es de esperar que esta cadena de denuncias penales esté apenas arrancando. Va a ser una alegría ver a los nombrados en estas páginas legales desfilando por tribunales, pero también puede ser el comienzo de una etapa de más cuidado en la gestión. Ya se sabe que cumplir la ley es un fastidio, pero dura lex sed lex.

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