La arrasada avenida Nueve de Julio ya está empezando a tomar su nueva forma, una que ni los diarios aliados al macrismo pueden elogiar más allá de la gacetilla. El “tubo” del metrobus, donde los colectivos circularán al revés –a la inglesa– ya está elevado y el conjunto funciona como un gigantesco lomo de burro para el tránsito transversal. En varias calles hacia el centro, ya se ve el “nuevo microcentro” de los carteles amarillos, esas semi-demi-cuasi peatonalizaciones con bolones de metal brillantes y medio enterrados. Varios árboles fueron discretamente talados, incluyendo al menos dos palmeras, y alguno de los monumentos fueron recolocados. Aunque no del todo: al del Descubrimiento de América, en la esquina de Santa Fe, le faltan elementos y el de la democracia de Gyula Kosice fue “remodelado”. Luego de que las topadoras se llevaran puesto su basamento, reapareció transformado en fuente en la esquina de Marcelo T. de Alvear. Y como todas las fuentes, no tiene chorrito sino unos centímetros de agua sucia y estancada.

Parte de la responsabilidad por este estado de las cosas le puede caber a la Justicia porteña por no haber intervenido de buena forma. Es lo que opinan el defensor general de la Ciudad Mario Kestelboim y el defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña Fernando Lodeiro Martínez, que acaban de presentar nada menos que un recurso de inconstitucionalidad por este tema. El escrito se centra en el amparo pedido por Nidia Marinaro, Mónica Capano y Rodolfo Livingston, que los defensores consideran fue manejado con graves falencias. De hecho, acusan que la sentencia de primera instancia violó la protección constitucional a un ambiente sano y la protección del patrimonio, y que la Cámara de Apelaciones simplemente desconoció el principio precautorio ambiental. Para peor, las sentencias desconocieron que el Ejecutivo se tomó atribuciones que en rigor le caben al Legislativo.

Entre otras críticas a lo decidido por la Justicia, está el espectacular argumento de que sólo lo catalogado formalmente, por ley, es patrimonio. Como bien señalan los apelantes, esto de ninguna manera es sostenible y el daño es “dejar huérfanos de protección a diversos bienes, merced a la burocracia legislativa”. La argumentación recorre convenios internacionales, leyes y prácticas de países como Colombia o Panamá, y la abundante y poco cumplida legislación local sobre temas de arqueología.

Otro asunto de relevancia es acusar a la Justicia de dejar que el Ejecutivo traslade monumentos de aquí a allá sin darle vela al Legislativo. Resulta que para poner un monumento aquí o allá hace falta una ley, que bien puede ser propuesta por el jefe de Gobierno o por algún diputado. Esto hace caer de su peso que para mover un monumento hace falta también una ley, que en el plan de obras de la Nueve de Julio podría haber abarcado todos los monumentos a mover. El fallo de la Justicia ni siquiera contestó este tema, de gravedad constitucional.

El capítulo ambiental es el más rico conceptualmente, porque no sólo acusa la reducción de espacios verdes de la obra y la tala de árboles, sino que ataca la misma idea de privilegiar el colectivo. “La propuesta del metrobus no resulta ser la más amigable al medio ambiente, es decir, no se ha optado por mejorar el medio de transporte menos contaminante ya existente en la traza, la línea C del subte, ni tampoco se ha optado por un transporte más ecológico”, explica el escrito. Hasta el Plan Urbano Ambiental, esa antología de vaguedades bien intencionadas destinada a nunca ser aplicada, reconoce que los colectivos porteños son máquinas de fumigar.

El escrito también señala que hay una ley que crea el Sistema de Tránsito Rápido, el nombre legal del metrobus, que le permite al Ejecutivo proyectarlo y crear rutas. Pero la misma ley ordena que estos proyectos y rutas sean enviados a la Legislatura para su tratamiento y aprobación, lo que convenientemente para el macrismo nunca se cumplió.

Y, para completar, en todos los casos se avisa que los apelantes se reservan el derecho a ir a la Justicia Federal.

Emilio Lamarca

El caso de los locales mal habilitados de la calle Emilio Lamarca, publicados en m2, sigue en plena evolución. Según parece, el director general de Interpretación Urbanística y Registro, Antonio Ledesma, se enteró por este diario de que su ficha estaba desactualizada. Pero los funcionarios de la dirección general no parecen poder ponerse de acuerdo consigo mismos, o con su jefe, o con quien anda pidiendo habilitaciones, o con el “gestor” del asunto. Esto se transparenta por la perfecta incoherencia entre distintas informaciones emitidas por la misma ciudad.

Quien consulte las fichas se enterará de que según la ficha técnica porteña, la parcela en cuestión de Emilio Lamarca al 300 tiene una planta baja y un primer piso y está en la APH 53 con una zonificación C3II. Pero según el mapa interactivo que también publica la Ciudad, el edificio tiene dos pisos por encima de la planta baja. Aquí la incoherencia se pone psiquiátrica, ya que la foto muestra PB y dos pisos, pero el texto habla de PB y un piso.

Para peor, la ficha dice que el lote está plenamente dentro del Area de Protección Histórica, pero con una zonificación C3II. Este lenguaje deliberadamente hermético indica usos comerciales, lo que contradice la naturaleza de los APH, que siempre son R1b2, mucho menos abrasivos para el entorno. Más confusión arroja que las resoluciones de Ledesma siguen hablando de habilitaciones para los pisos “oficiales”, pero no mencionan el segundo, que queda en una semivida fantasmal ideal para talleres clandestinos y otras picardías. Y los usos autorizados dentro del APH se reservan por ley a avenidas, algo que la modesta y ubicada Emilio Lamarca nunca, pero nunca fue.

En fin: ¿tanto lío para hacer de cuenta que alguien no amplió el edificio sin permiso? ¿No se puede clausurar y ordenar que demuelan o habiliten al fantasma primero?

De urgencia

La Cámara de Diputados va a estar muy activa esta semana, cosa decidida este jueves. Con sesiones pendientes y el año legislativo acortándose, se decidió posponer el encuentro 30 años de Democracia: La hora del patrimonio, que se iba a realizar este martes 2 de julio. Organizado por el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, el encuentro se concentra en la relevancia del cuidado del patrimonio como agenda cultural y necesidad política, entre otros temas. La nueva fecha será anunciada en breve.

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