En la esquina vieja de Caseros y Piedras se anunció hace tiempo un plato volador a estrenar, pintado de verde fosforescente y evidentemente inspirado en el diseño de alguna CPU de las feas. Así anda la arquitectura argentina, se dijo más de uno, tomando ideas de electrodomésticos... y más de uno se quedó enojado por semejante agresividad “moderna” en un barrio tan patrimonial. De hecho, la esquina en cuestión forma parte del área de amortiguación del cercanísimo San Telmo, el APH 1.

El edificio de Caseros 802 sería feo en cualquier punto de cualquier ciudad porque es una pieza particularmente poco inspirada y guaranga en el sentido de que quiere llamar la atención sin tener con qué. Pero en plena Caseros, es simplemente increíble. Con señales de que los trabajos van a recomenzar luego de una suspensión forzada, los vecinos pasaron de la inconformidad a la acción y el vecino Rogelio Arévalo se presentó ante la Defensoría del Pueblo porteño que preside Alicia Pierini pidiendo ayuda. El 3 de junio, el tema terminó en una resolución del ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado que despieza el problema con la habitual precisión.

La primera es avisar sobre “el diseño discordante” del edificio, que además es alto y “con una estética diferente a la predominante en el Casco Histórico”. Por eso, el 6 de febrero, Gómez Coronado le pide a la Dgroc –el ente municipal que emite habilitaciones– qué tipo de permisos se habían concedido y copias de planos y diseños. La dirección general, que no es de las más rápidas, ni se molestó en contestar, con lo que el ombudsman adjunto repitió el pedido, con tono más perentorio, el 15 de marzo. Registro de Obras y Catastro contestó finalmente el 9 de mayo, noventa y tres días después del pedido original.

Así se pudo saber que el trámite se realizó íntegramente en 2008. Lo primero fue el plano de demolición de la estación de servicio que por añares ocupó la esquina, fechado el 14 de agosto. Luego viene el plano de obra nueva, que define los 5800 metros cuadrados del edificio como de “vivienda multifamiliar, estudios profesionales y locales comerciales”, y tiene fecha del 19 de noviembre. La primera cosa rara del expediente es, por supuesto, su edad: va a cumplir cinco años sin que se construyera cosa alguna. La segunda es que “de los planos se desprende que el edificio se construiría sobre dos parcelas, 1d y 28, que aún no han sido unificadas formalmente, desconociéndose si se ha iniciado el trámite correspondiente”. Aun así, y sin cartel, se comenzó a cavar en el lugar de obra, lo que motivó una denuncia del señor Arévalo y un parate a los trabajos.

Como ya es público y más notorio, el actual Gobierno de la Ciudad no tiene el menor interés en controlar a su industria favorita, la construcción especulativa. Pero resulta que existe una figura llamada “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y en el caso de Caseros 802 se puede aplicar con precisión. Como explica Gómez Coronado, no sólo no se puede dejar que se inicie una obra con permisos tan viejos, sino que la Dgroc tiene el explícito deber de frenarlas. Vale la pena citar esto:

“El Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 2.1.5.2 ‘Obras paralizadas’, establece que `cuando la Dirección comprueba que una obra queda paralizada durante seis meses por la no ejecución de trabajos constructivos y/o de instalaciones dejará constancia del estado en que se encuentra y la declarará ‘paralizada’ después de verificar que lo realizado conforme las disposiciones en vigencia...”

Nada de esto ocurrió, como no ocurrió tampoco lo que ordena el artículo 3.1.1.7, que habla del “Vencimiento de Permisos de Obras”. Ese texto ordena la “pérdida de los Derechos de Delineación y Construcción, Caducidad y Archivo de los respectivos expedientes” si dentro de los tres años del registro de planos y otorgamiento del permiso “la obra no tuviera comienzo”. El artículo dice que vence el permiso y se pierden los derechos obtenidos, porque el expediente “caduca”.

Que la dirección general no se haya dado por enterada, explica Gómez Coronado, “no implica que la obra no estuviera de hecho paralizada y, en todo caso, pone de manifiesto una falencia tanto en la notificación del avance de obra por parte del profesional como en el control que debe ejercer el Estado”. Y es en función de esto que Gómez Coronado se dirige directamente al jefe de la Dgroc, el secretario de Planeamiento, Héctor Lostri, y le pide que suspenda el registro de obra nueva ya caduco.

Y como hay que hacer uno nuevo, volviendo a presentar planos, le pide a Lostri que les solicite a los autores del ovni que reformulen su estética para “lograr su adecuación a las normativas urbanísticas actualmente vigentes, Ley 4464”.