› Por Sergio Kiernan
La idea y el padrinazgo político es, no extraña, del inefable vicepresidente primero de la Legislatura, el diputado macrista Cristian Ritondo, que presentó dos proyectos a falta de uno. La lectura de los textos inspira inocencia: llena de tecnicismos, se limita a desafectar terrenos pegados a Puerto Madero que estaban congelados por la autopista ribereña. Como iba a correr por donde ahora hay vías de ferrocarril e iba a resultar una formidable barrera urbana que volvería a aislar el barrio más nuevo de Buenos Aires, el bodrio automotriz se descartó. Y ahora aparece esta idea de Ritondo, que permite lo de siempre, venderlos y hacer un buen negocio inmobiliario.
Los terrenos en cuestión toman la manzana larga y finita del 300 de Madero, entre Trinidad Guevara (Corrientes) y Macacha Güemes (Perón), con la espalda a la vía o a la avenida Alicia Moreau de Justo. La franja “de atrás”, al puerto, es un serrucho de tierra libre, de unos diez metros promedio de ancho, que pertenece a la Corporación Puerto Madero. En la esquina de Güemes se alza el edificio Guardacosta, sede de la Prefectura. Y el resto pertenece al Instituto Tecnológico de Buenos Aires, formado en este lugar –tiene otras sedes por la ciudad y los suburbios– por dos edificios más o menos racionalistas y por un hermoso edificio neoclásico, largo y bajo, que usa muy bien su fuerte horizontalidad.
Todo esto fue recibido por el Instituto por cesión del Estado, lo que es explicable porque el ITBA fue fundado por marinos y civiles como una escuela de ciencias y técnicas aplicables al mar, en lo pacífico y en lo no tanto. De hecho, su primer rector fue un almirante y entre sus profesores se contaba una larga lista de “señores del mar”. El instituto fue fundado en 1959, recibió sus primeros alumnos en 1960 en una sede de la calle Cuba y se mudó al edificio neoclásico en 1965.
Mientras se aclara en qué términos se hizo la cesión hace medio siglo, empieza a quedar en claro que hubo un cierto apuro en mover el negocio. Por ejemplo, los proyectos de ley de Ritondo hablan de las parcelas 1a, 1b, 1c, 2a y 3, dejando afuera al Guardacosta. Pero la parcela 1b resulta que no existe, con lo que no se entiende por qué hay una 1a y una 1c. Tampoco hay una 2, con lo que queda en la duda por qué hay una 2a. Otra pregunta es por qué se supone que sobre Madero hay tres parcelas –la 2a, la 3 y el Guardacosta- mientras que, como se ve en la foto, hay un edificio neoclásico, un estacionamiento, un edificio de cuatro pisos y otro de seis con un ala o anexo más bajo. ¿Son más de un edificio por parcela? Por el texto de Ritondo no hay manera de saberlo.
La normativa actual del lugar, sean las parcelas que sean, es la U32, una zona complementaria al centro pero que contiene los depósitos antiguos del puerto, los diques e instalaciones industriales. Este sector “desafectado de su función portuaria conserva un alto valor patrimonial arquitectónico y ambiental que debe ser preservado”. La idea ahora es integrar los lotes al Area de Protección Histórica 51, dedicada al centro viejo, a las empresas que ahí tienen sede (son mencionadas en el Código) y a los sitios y objetos simbólicos de la nacionalidad. Nada de esto se aplica a los edificios del Instituto, que no es empresa ni simbólico de la nacionalidad.
El jamón del sandwich aparece, cuándo no, cuando se ven los usos propuestos, que abren el juego al negocio con un abstracto “ver Cuadro de usos 5.2.1 para el Distrito C1”. En castellano, esto significa paseos de compras, hoteles y oficinas. Ni siquiera se puede alegrar el paseante con la novedad de que no se aplica el FOT y que la altura máxima es de 30 metros, porque esto permite tapar hasta el último metro de los terrenos. La altura permitida es suficiente como para un regio hotel o un espléndido shopping con oficinas arriba.
Todo esto, se supone, es a cambio de que el ITBA se mude a una nueva sede en el distrito tecnológico de Parque Patricios. Curiosamente, en la audiencia pública del primer día de abril, hubo una contradicción flagrante. Por un lado, “los participantes que estaban ligados al ITBA” estuvieron muy de acuerdo con la mudanza de barrio, explicando que el proyecto de autopista no les permitía ampliarse como querían. Primera pregunta: ¿pensaban comprarle el terreno de atrás a la Corporación Puerto Madero y no podían? Pero al final de la audiencia habla el arquitecto Juan Carlos Poli, que fue uno de los jurados del concurso para el polo tecnológico, que explicó contento que cambiar la zonificación y desafectar los terrenos “le permitirá al Instituto contar con instalaciones contemporáneas aptas para su funcionamiento, con aulas y locales flexibles, ilumidadas y ventiladas”. Segunda pregunta: ¿no era que se mudaban a Parque Patricios? ¿O será que abren una nueva sede en el distrito tecnológico pero conservan la de Madero?
Como se dijo, el tema que nadie tocó es en qué términos el Estado nacional le cedió el edificio y los terrenos vecinos al Instituto en 1965, lo que permitiría aclarar si pueden vender esos bienes o tienen que devolverlos si se mudan. Tampoco se habló de preservar o proteger el edificio central que, como muestran las fotos, debería estar largamente catalogado. No sea cosa que perdamos esa fachada con su bloque central proyectado, su basamento rusticado de ventanales moderados que se alza, paladianamente, en un primer piso con loggia corrida de columnas pareadas y un modesto remate. Una verdadera lección de los tiempos en que la arquitectura era un arte...
La oposición legislativa ya está alerta y haciendo preguntas, sobre el destino del lugar y sobre su propiedad efectiva. Y el kirchnerismo ya anda avisando que no va a votar los proyectos de Ritondo a menos que reciba explicaciones muy, pero muy convincentes.
Haciendo honor al nombre del caso, Basta de Demoler festejó su victoria ante el gobierno porteño en la cámara de apelaciones, que rechazó los argumentos de la apelación y confirmó que no se pueden demoler el convento y la capilla de la esquina de Libertad y Paraguay. La medida agrega que se “ordena rechazar cualquier proyecto de construcción que pueda afectar a este paisaje urbano y el valor histórico que representa”, como iba a ocurrir por la construcción de una torre acristalada de ocho pisos para arriba y dos para abajo, de cochera.
El caso es un típico ejemplo del nivel de codicia chambona y atropellada que mueve a la industria inmobiliaria, que sólo ve la ubicación de los terrenos y ya ni puede enfocar en el simple hecho de que ya hay un objeto construido en el lugar. Al ver los render del proyecto, una persona sensata no puede dejar de preguntarse si hacer asomar una torre de curtain wall de vidrio por atrás de un convento e iglesia del siglo 19 no es una provocación. Parece que a nadie se le ocurrió siquiera ser discreto en el tratamiento del proyecto: los creadores necesitaban expresarse...
Pero como recuerda Basta de Demoler, ya en 2008 el conjunto pasaba al catálogo de inmuebles patrimoniales con el grado preventivo y hasta el mismo Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, tan blandito él, fallaba que “las obras propuestas no se ajustan a los parámetros de la normativa para edificios Catalogados con Nivel de protección Estructural”. Y hasta afirmaba que “esta pieza es un hito que sin dudas posee un valor singular dado por la significación de su implantación, la compleja y armónica estilística que lo convierte en un ejemplo atípico de la arquitectura religiosa de la ciudad y el origen histórico que se remonta a fines del siglo XIX”. Pese a esta claridad, el Ministerio de Desarrollo Urbano le dio permiso de obra a la Congregación del Santísimo Redentor, que primero hizo un doloroso remate de muebles, imágenes y objetos del convento y la capilla, y luego procedió a la demolición interna. Una cautelar frenó el desmán, cosa ahora confirmada hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Los vecinos del barrio viven entre el espanto y la alegría ante los actos del macrismo en funciones (y no son los únicos). Esta semana, el vecino Hernán Delpech escribió para avisar que ya les cayó el Plan Jefas y Jefes de Empresas de la Construcción, con el que el gobierno porteño les da trabajo a los amigos. Como siempre, las obras son esa perfecta inutilidad de levantar los adoquines de las cunetas para reemplazarlas por hormigón. En la Avenida Congreso se agregan bocacalles con una faja de cemento, como para gastar más en cosas que no hacen falta.
Como la única manera de frenar a este gobierno es, ya se comprobó, la Justicia, los vecinos de Parque Patricios conmemoraron el fallo de la jueza Lidia Lago, del Juzgado Nº 7 porteño, que preservó su cine teatro Urquiza. El amparo fue presentado por un movimiento vecinal que pedía que se recuperara el edificio y que volviera a ser un lugar público. Lago decidió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenar al GCBA se abstenga de conceder permisos que importen alteración de la estructura, fisonomía y característica del inmueble hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos”.
Los vecinos arrancaron con su trabajo para preservar el teatro en agosto del año pasado, presentaron tres proyectos de catalogación ante la Legislatura y en noviembre presentaron el pedido de cautelar junto a la Defensoría General. Entre todos presentaron un verdadero estudio de la historia del lugar, con fotos, programas y anécdotas, y movilizaron a artistas y músicos para que difundieran y opinaran. Ahora esperan el próximo movimiento del gobierno porteño, que seguramente –en esto no tiene cura– va a apelar para que un particular tenga derecho a cargarse el edificio y hacer alguna torre. Para seguir la saga y apoyar a los vecinos basta entrar a https://www.facebook.com/cineteatrourquiza.
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