El macrismo en funciones tiene una actitud muy flexible ante la ley, y también ante los reglamentos. Ultimamente se le da por no poner información incómoda en sus carteles oficiales de obra, como por ejemplo el precio. Y, cuando quiere o se ve venir a los vecinos, simplemente no pone el cartel. Y eso que se supone que las obras se hacen siempre por pedido de los vecinos, como no se cansan de repetir.

Un caso particularmente absurdo se puede ver en el maltratado Parque Chacabuco, tan atendido por el PRO. Los vecinos vieron aparecer una obra sin cartel de ningún tipo, y uno de ellos, Guillermo Rey, hizo una presentación ante el gobierno porteño reclamando que se investigara y le mandó un mail al ministro de Medio Ambiente y Espacio Público, Edgardo David Cenzon. Esto generó una cadena de mails que merece ser atendida para ver la lógica interna del macrismo.

Cenzon, que es licenciado pero no tiene título alguno que tenga algo que ver con el medio ambiente o los espacios de cualquier tipo, le pasó el tema de inmediato a Alex Campbell, titular de la Dirección General de Inspección del Uso Público del Espacio Público. Campbell muestra de movida estar en mensaje con su gobierno, que siempre afirma que “en todo estás vos”, y se permite llamar a Rey “Guillermo”. Su nota afirma que la obra “a la que llamó clandestina” es “una estación Saludable que se está construyendo del Gobierno de la Ciudad (sic)”. Y le copia el informe del director general de Desarrollo Saludable, Mario Gallo, que le pasa el tema a Héctor Gatto, jefe de las estaciones saludables porteñas.

El funcionario aclara que la estación saludable se está construyendo por resolución 376 del año pasado y que es la reubicación de una ya existente. Gatto luego se pierde en un largo parrafón explicando para qué sirven estas instalaciones, cuánta gente las visita y qué buena onda tienen todos con su existencia, hasta que se acuerda que está explicando algo en particular. Entonces cuenta que la estación original fue vandalizada una y otra vez, y que a partir de septiembre de 2013, cuando le pusieron Internet, tuvo además cuatro robos. Por eso se decidió mudar la estación a Emilio Mitre y Asamblea, al parecer un área más segura.

Todo muy lindo, pero lo que ni Campbell ni Gatto contestan es por qué la obra se hace sin el cartel correspondiente, algo que significa la clausura inmediata para los privados. El reclamante piensa lo mismo, y contestó a las cartas de los funcionarios –y copiando a toda la cadena de mando, del ministro para abajo e incluyendo a la Comuna 7–. Lo que dice Rey es simple: la obra es clandestina porque no tiene cartel ni registro, “condición que debe cumplirse en todo emprendimiento, sea del sector privado o público”, Y, para más, la obra cuesta un espacio verde, algo protegido con rango constitucional y supuestamente un tabú para un gobierno que dice que quiere llegar a los diez metros de pasto por habitante y al millón de árboles (de paso, una idea copiada del municipio de Nueva York). Rey hasta se permite sugerir que se ponga una unidad móvil para atender la salud, o se aproveche el bajo autopista que ya afea el parque, en lugar de cubrir un espacio abierto.

Más allá de la utilidad o inutilidad de las estaciones, y de su ubicación en parques o bajo autopistas, lo que queda grabado electrónicamente es la idea de los funcionarios de que la obra no es clandestina porque la hacen ellos. Según parece, si el macrismo hace algo no necesita cumplir ni siquiera con los reglamentos más básicos.

El Círculo

El Círculo Obrero de Santa Lucía, en Montes de Oca 318, fue catalogado con su propia ley, un ejemplo de buenos reflejos en la Legislatura porteña y de activismo de la oposición. El edificio de Barracas ya no estaría ahí si no fuera por el activismo de los vecinos, que lo defendieron con amor y energía. Como señaló Proteger Barracas, el terreno donde se alza da para una torre de las grandes, porque tiene más que catorce metros de frente y setenta de fondo, y porque está zonificado por avenida.

El Círculo tenía un nivel de protección tenue y estaba incluido en la lista de lotes a liberar firmada de puño y letra por Mauricio Macri, rápidamente aprobada por la disciplinada Comisión de Planeamiento de la Legislatura. De nada valió que el edificio figurara en los catálogos de la misma Ciudad como pieza destacabale, porque el macrismo nunca se olvida que representa los intereses de la industria inmobiliaria en su modo más especulativo.

Ahora catalogado, el edificio se encuentra en la peculiar situación de haber sido vandalizado deliberadamente. En estos años le hicieron de todo, desde saquearlo de objetos valiosos hasta dejar los ventanales abiertos para que entren mugres y lluvias. Hasta le improvisaron una curiosa “ocupación” de evidentes contratados. Lo interesante es que este verano, en enero, por fin salió en el Boletín Oficial porteño el Régimen de Penalidades para los que atenten contra el patrimonio cultural de la Ciudad. El Círculo es ahora oficialmente patrimonio, con lo que cae bajo su protección.

El Régimen es un flamante capítulo del Régimen de Faltas de la Ciudad, y forma su Sección 12. Lo primero que dice es que quien rompa algo deberá “proceder a la reparación” o a “la reconstrucción de los bienes afectados de conformidad con los documentos existentes y con la intervención de organismos competentes”, además de ser sancionado. Esto vale para personas físicas o para empresas y las multas son jugosas. Quien se tome la libertad de no dejar entrar un inspector o informar sobre el estado del bien en cuestión, o “no conserve o proteja adecuadamente los bienes” del patrimonio cultural tendrá que pagar multas de entre veinte mil y cien mil unidades fijas, más inhabilitación si es un profesional.

Peor es la cosa para quien intervenga en edificios catalogados sin permiso y planos aprobados, se haga el oso al descubrir restos arqueológicos o saque cosas de un edificio histórico. En estos casos la multa es de cien mil a 160.000 unidades fijas, con el mismo agravante para profesionales. Y si el edificio es destruido total o parcialmente, la multa trepa a una banda entre 240.000 y 600.000 unidades fijas. Esta “moneda” municipal se reajusta cada tanto para mantener su valor, con lo que estas cifras pueden ser lo suficientemente altas como para pinchar los negocios. Si uno demuele una casa catalogada para hacer una torre, la obra nueva tiene que ser grandota para bancarse una multa que puede arañar los dos millones de pesos, más las complicaciones legales de la inhabilitación de la empresa responsable y del arquitecto a cargo.

El problemita es la autoridad de aplicación de este sistema, cosa que sigue en las famosas nubes de Ubeda, pueblo español muy bien preservado, de paso. La idea de este régimen de penalidades fue que el Ministerio de Cultura de la ciudad lo administrara, creando un cuerpo técnico. Esto cae de su peso, ya que Patrimonio está en Cultura y el régimen abarca todo el patrimonio cultural, de archivos a bibliotecas, pinacotecas a calesitas, yacimientos arqueológicos a conventillos. Pero el poderoso ministro de Planeamiento Daniel Chaín ya avisó en 2008 que en su carácter de árbitro de los negocios inmobiliarios jamás aceptaría inspectores de otro ministerio mirando obras y edificios. Su par de Cultura, Hernán Lombardi, no es realmente un ministro de Cultura sino de Turismo y de ninguna manera discutió el tema.

Con lo que queda el misterio macrista del año: ¿quién va a hacer cumplir la ley de patrimonio?, ¿los mismos que viven buscando la vuelta para habilitar negocios?

Sobre el Sena

La Alianza Francesa inaugura esta semana una muestra de interés urbano, ya que se centra en la relación entre la ciudad de París y su río, el Sena. La relación es esencial porque Lutecia fue fundada en la Ile de la Cité en tiempos romanos, lugar elegido justamente por su seguridad física y su acceso simple al río. La muestra, que se puede ver de lunes a viernes de 9 a 20, y sábados de 9 a 13, recorre esta relación mostrando fotos, dibujos, grabados, estampas y videos.

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