Desde hace algunos años, vecinos, vecinas y organizaciones sociales se pusieron en alerta sobre el permanente y constante deterioro y pérdida del patrimonio cultural y urbanístico de nuestra ciudad. Casos notables, como la demolición de la casa de Evaristo Carriego o el increíble derrotero que sufrió el noble edificio que albergó al cine El Plata de Mataderos, son apenas dos ejemplos. A la vez, en estos tres años las comunas no fueron más que otra oportunidad para el marketing amarillo y la campaña personal de Horacio Rodríguez Larreta. Vacías de recursos, personal y presupuesto, el Gobierno de la Ciudad no pierde oportunidad de menoscabar el rol que les asigna la Constitución y una gran cantidad de leyes.

En el caso de las pocas competencias exclusivas transferidas desde el Ejecutivo, como el mantenimiento del arbolado público urbano (decreto 166/13) o de los espacios verdes menores (decreto 371/13), el gobierno porteño se quedó con el control del presupuesto, patrimonio, personal y contratos con las empresas. ¿Qué transfirió? Las responsabilidades primarias sobre el mantenimiento del arbolado y los espacios verdes menores. Vaya negocio para las comunas.

Más allá del menoscabo, las comunas contienen la fuerza y la legitimidad del mandato constitucional y del voto popular. Todo es opinable, pero aquellos funcionarios que con frecuencia desprecian el necesario proceso de descentralización de la Ciudad son apenas burócratas a tiro de un decreto. En cambio, otro fue el destino de tres decretos firmados por el jefe de Gobierno: el 376/11, que crea las Unidades de Atención Ciudadana; el 254/14, que crea una estructura gerencial para las comunas, y el 282/14, que reglamenta la Ley 4806, de preservación de las calles adoquinadas. Todos fueron recurridos ante la Justicia de la Ciudad por ignorar, violar o desnaturalizar todo tipo de normativas, incluida la Constitución.

Mucho/as nos sumamos a la defensa del patrimonio cultural de nuestra ciudad desde algunas ONG, los Consejos Consultivos o los colectivos espontáneos que se formaron alrededor de algún problema específico. Sin duda, el apoyo y asesoramiento del Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas fueron determinantes para lograr detener el desalojo de la historia y la belleza, reemplazados por hormigón, ventanas de aluminio y un sinfín de minimalismo barato.

A partir de la lucha que vecinos/as de San Telmo y especialmente de Palermo dieron para preservar sus calles adoquinadas, otros barrios y comunas nos sumamos. El triunfo que significó el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario que ordenó al GCBA reponer todos los adoquines removidos en Palermo dio un impulso vital para la sanción de la Ley 4806 y el involucramiento del resto de la ciudad en la preservación de las calles adoquinadas. Lamentablemente, otra vez tuvimos que recurrir a la Justicia. La firma del decreto reglamentario 254/14 viola en todos los términos posibles el espíritu de la Ley 4806, que declara integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad las calles construidas con adoquinado granítico y prevé su integración en un Catálogo Definitivo. Hacia la construcción de ese catalogo definitivo, la ley establece que son las Juntas Comunales las encargadas de la elaboración de un inventario provisorio, el cual sería remitido a la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural.

El decreto que impugnamos, en abierta violación a la ley que pretende reglamentar, instruye la elaboración de un listado provisorio al Ente de Mantenimiento Urbano, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y su posterior consideración de las Juntas Comunales, con el agravante de que nos da un plazo perentorio de 20 días para realizar comentarios en “forma fundamentada”. Con el asesoramiento del Observatorio y el patrocinio de Pedro Kesselman, varios comuneros/as nos presentamos ante la Justicia para que se declare la nulidad absoluta del decreto 254/14. Alrededor de la firma de este decreto, se condensan claramente las intenciones del macrismo: su desinterés por el patrimonio cultural, al que considera un estorbo para los negocios inmobiliarios; su férrea vocación de terminar con esta experiencia que son las comunas, y su desprecio manifiesto por las leyes y normas vigentes.

Las Juntas Comunales ya comenzamos a elaborar inventarios provisorios y varias ya los aprobaron. Es mucho el patrimonio a defender. Las calles adoquinadas son parte constitutiva de nuestra ciudad y a pesar de las quejas de muchos automovilistas, el adoquín tiene tres virtudes inmejorables: la absorción de agua en una ciudad que cada vez se inunda más; la reducción de velocidad una metrópoli con un alto índice de accidentes; una inercia térmica que es muy inferior a la del asfalto, que absorbe una enorme cantidad de calor y lo retiene, provocando un clima mucho más hostil durante el verano.

Las calles adoquinadas de nuestra ciudad son un patrimonio a defender, cuidar y ampliar. Es en estas peleas en donde claramente se ven los modelos de ciudad que ellos quieren y nosotros deseamos.

* Miembros de las Juntas Comunales 3 y 15.