En otro caso de pelea con los vecinos, el gobierno porteño falta a su palabra e intenta cerrar el Parque Lezama.
› Por Sergio Kiernan
El gobierno macrista de nuestra sufrida ciudad sigue creando situaciones insólitas, inesperadas. En una ciudad tras otra de este mundo, los ciudadanos rezongan, marchan o protestan por la falta de obras necesarias en su ciudad. En Buenos Aires, el PRO logró la original situación de recibir protestas por lo que no hace y amparos, movilizaciones y griterías por lo que hace. Pocas veces se ha visto tan poco tino en eso de hacer política. El ejemplo más reciente es sencillamente sensacional: los vecinos de San Telmo hacen guardia día y noche para que no puedan enrejar el Parque Lezama. Esto es, para que el gobierno de su ciudad cumpla su palabra de no enrejar el parque.
La historia reciente de este añejo parque porteño es el paradigma de la mezcla rara de altanería, incompetencia y capricho con que el macrismo se maneja con los vecinos. Como desde los tiempos de Aníbal Ibarra, ya no se cuidan los parques, plazas y espacios públicos como se hacía antes –de a poquito, aburridamente cada día– sino que se llama a jugosa licitación cuando están en ruinas, el Lezama estaba destruido. El parque tiene dos problemas: por un lado, es una delicada muestra de paisajismo victoriano, del tiempo en que el espacio público se entendía como una forma de crear una noción de buen gusto y cultura cívica, lo que explica sus monumentos grecorromanos, su loba, su templete, su aire florentino. Por el otro, es prácticamente el único espacio verde en decenas de cuadras con mucha población, con lo que simplemente es muy usado.
Con paciencia, con diálogo, con inteligencia y participación, este tipo de problemas se pueden primero moderar y luego solucionar. Pero eso es hacer política de un modo que el macrismo simplemente no entiende. La postura oficial es que el Lezama es saqueado y vandalizado por un vecindario bárbaro y chuzo, con lo que la única solución es enrejarlo, negarlo a la comunidad. Esto se dice con gran claridad hasta frente al hecho claro de una comunidad movilizada por su parque, dispuesta a la acción directa, lista a meterse en problemas con el poder de turno por amor al Lezama.
Esta semana, el macrismo ordenó poner las rejas que se había comprometido a no poner nunca. El gobierno porteño había preparado un “diseño” para el parque que era una verdadera falta de respeto porque era igual al estilo con que ya arruinó tantas plazas viejas de la ciudad, ahora cementadas. Pero el Lezama es un monumento histórico nacional, con lo que tuvieron que sentarse a hablar con Jaime Sorín, el presidente de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Sorín resucitó la Comisión, que dormía el sueño de los bobos, y se puso al hombro este tipo de cuestiones con gran energía. Los macrista se encontraron con alguien que sabe leer planos y no se impresiona con sus power points. Tuvieron que modificar el proyecto.
Esta semana comenzó la batalla porque, alegando otro acto de vandalismo, ordenaron poner algunos pilares y exhibir las rejas, que no llegaron a soldar en su lugar. Los vecinos bajaron los fierros –y no derribaron las rejas, como dijo la prensa amiga del macrismo– y no se movieron más del lugar. Este tipo de torpeza, de diálogo de sordos, es el estilo macrista, que deja cuestiones así en manos como las del director de Uso del Espacio Público, Patricio Di Stefano. Lo único que hace el funcionario es acusar a los demás y proponer una suerte de mano dura paisajista en la que hay que ponerles candado a las cosas. Tal es su convicción de que es el único modo, que hasta faltó a la palabra oficial y arrancó con el enrejado. Y luego, terminó afirmando que la Comisión Nacional le había autorizado el cambio, lo que fue rapidísimamente desmentido.
Las cosas se van a poner peores porque este año es muy probable que el Parque Lezama pase a ser la plaza privada de los macristas, que mudan su gobierno al edificio Canale, justo enfrente. Su líder, Mauricio Macri, ya se dejó fotografiar en la sede nueva de Parque Patricios, el carísimo edificio que le sopló al Banco Ciudad. Como esta caja de cristal sobrevaluada está también frente a un parque, es de esperar más obras y enrejamientos diversos, con lo que tranquilamente el mismo jefe de Gobierno podrá ver a los vecinos protestándole en persona.
En la ciudad que los macristas imitan se pudo ver un espectáculo realmente notable. Quien haya estado este miércoles por el bajo de Nueva York habría visto un ómnibus de la Justicia del que bajaban doce personas esposadas a una larga cadena, escoltadas por agentes de policía, y cubriéndose la cara como podían. No eran asesinos ni ladrones de banco, era una docena de inspectores municipales acusados de corrupción que eran tratados como delincuentes. Los funcionarios habían recibido dinero, autos y hasta un crucero de lujo a cambio de levantar clausuras, ignorar denuncias, facilitar inspecciones amistosas y hasta echar con alguna excusa a inquilinos molestos.
Los doce inspectores terminaron presos después de una investigación mixta de la Justicia y del gobierno de la ciudad de Nueva York, que tiene un Departamento de Investigaciones dedicado a aclarar cosas raras. Los municipales le llevaron evidencia al fiscal de Distrito, Cyrus Vance Jr, que abrió un caso criminal en el que terminaron acusados un total de 16 funcionarios, 11 del Departamento de Construcciones y 5 del Departamento de Desarrollo y Cuidado de la Vivienda. En el sector privado, quedaron acusados 31 dueños o administradores de propiedades, y constructores por pagar coimas para obtener favores.
Uno de los casos es porteñísimo, porque incluye a esa figura tan familiar del gestor. En este caso, se trata de David Weiszer, que le mandaba regularmente listas de obras de clientes suyos al encargado de dar permisos de obra y hacer inspecciones en Brooklyn. Según parece, el gestor le pagó al funcionario, Gordon Holder, unos 200.000 dólares en coimas para que las obras pasaran las inspecciones sin problema. Otros casos familiares incluyen tapar accidentes en construcciones, ignorar obras no autorizadas en lugares catalogados como patrimonio y sufrir cegueras selectivas ante violaciones en el código. Weiszer sigue prófugo y ya lo está buscando el FBI en al menos cuatro estados.
Lo notable del asunto es que la ciudad de Nueva York, que sabe que todo lo que tenga que ver con la construcción significa hablar de la mafia, hizo una investigación penal rigurosa, incluyendo intervenciones de teléfonos e inspecciones secretas, con personal de civil, para comparar con lo que escribían los coimeros en sus informes. Esta energía procurando mantener la confianza del público hacia las inspecciones es algo que el macrismo podría realmente imitar de la ciudad que admiran.
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