Quien haya pasado en estos días por la esquina maltratada de Callao y Rivadavia tuvo una alegría, la de ver un andamio de seguridad en plena construcción en los frentes de la Confitería del Molino. La iniciativa fue del Ministerio de Planificación Federal, que pudo hacerlo gracias al decreto presidencial de la semana pasada, que lo designó oficialmente como “sujeto expropiante” del edificio. El mismo decreto permitía que se tomaran medidas de resguardo hasta que se concretara la compra.

Como bien se sabe y puede entenderse de un vistazo, la situación de esta obra maestra de Francesco Gianotti es crítica. Sus dueños se entretuvieron en inventar quiebras y cerraron la confitería hace casi veinte años, con lo que ya va medio siglo sin obras necesarias de mantenimiento. La pieza, inaugurada entre 1916 y 1917, es una suerte de cadáver funcional, sin luz, ni agua, ni gas, ni ascensores, ni pintura. Tampoco hubo manera de que un privado pudiera comprarla porque pese a las buenas ofertas de hoteleros y otros empresarios, la respuesta fue siempre un misterioso y rotundo no.

Con lo que hubo que recurrir a un trámite extremo, el de la expropiación. Pese a los mitos al contrario, el sector público es reacio a andar estatizando cualquier cosa y los pasos para hacerlo son largos y complejos. El Molino tiene la suerte de estar en la Manzana Legislativa, el entorno del Palacio del Congreso Nacional que ese poder considera su barrio. Es por eso que la biblioteca del Congreso está ahí nomás, a una cuadra, y es por eso que en las últimas décadas los anexos fueron poblando la manzana por atrás del Molino.

Esta lógica inmobiliaria permitió que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, sacara del cajón el proyecto de Samuel Cabanchik que tenía media sanción del Senado, lo impulsara por las comisiones y lograr su aprobación por unanimidad a fines de 2014. La ley ordenaba que el Ejecutivo comprara compulsivamente el Molino y se lo entregara en propiedad al Congreso. Lo que siguió no fue demorado ni plácido, pero sí complejo. Se formó una comisión bicameral para administrar el Molino y esta comisión le encargó el trabajo de contención, estudio y restauración del edificio al PRIE, el mismo equipo que ya está terminando de restaurar el mismo Congreso.

El expediente fue enviado al Ejecutivo y a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, ya que el Molino es monumento histórico desde 1997 y esa entidad tiene que aprobar cualquier cambio, venta y restauración. Y también se mandó al tribunal de tasaciones, el órgano que tiene el poder de decidir un precio por cualquier cosa que se quiera expropiar. Todo esto es para garantizar básicamente que no se le anden sacando las cosas a los ciudadanos, uno de los artículos más viejos de nuestra Constitución.

Un problema fue que los dueños se negaron a cooperar. Bastaba abrirles la puerta a los tasadores para agilizar todo, tener tiempo de verificar los precios y condiciones, y hacer la venta. Pero ni siquiera atendían el teléfono y en uno de los raros momentos en que se presentaron en alguna de las reuniones pidieron que todo fuera a cara de perro, por carta documento. Mientras, el Molino seguía tirado en la esquina, listo a causar un accidente.

Con lo que se entiende y se saluda que Planificación haya montado este andamios de seguridad, que era la primerísima medida convenida entre el PRIE y la Comisión. La pieza tiene “alas” anchas para atajar cualquier desprendimiento posible y también sostiene a la frágil y valiosa marquesina de la confitería, un milagrito de hierros y vidrios al borde del colapso. El andamio es, también, un primer signo de que las cosas van a cambiar para uno de nuestros edificios más lindos y simbólicos.

Por los árboles

La organización Change –www.change.org– es un hogar cibernético para pedidos muy concretos, un foro específicamente creado para reunir firmas y juntar gente por causas puntuales. La porteña María Angélica Di Giacomo acaba de colgar ahí un pedido para que el gobierno porteño “detenga ya mismo la mutilación de los árboles de la ciudad”. El pedido es grave, porque Di Giacomo explica con certeza que desde hace cinco años, el macrismo está “destruyendo nuestros árboles de alineación, de plazas, estaciones de ferrocarril y bulevares por mutilación, mochado, terciado y talado”.

Esta guerra contra todo lo verde es una contradicción con el discurso supuestamente ecológico del macrismo y otra muestra de su asombrosa incompetencia a la hora de hacer las cosas más simples. La autora de la convocatoria explica que “los árboles quedan reducidos a tristes y altísimos troncos sin ramas aumentando la probabilidad de su caída en la vía pública. Este maltrato ha provocado la muerte de muchos árboles en los últimos dos años. A los sobrevivientes les han quitado la mayor parte de su follaje y como consecuencia hemos perdido sus beneficios. Los árboles producen por fotosíntesis el oxígeno que respiramos, evitan la contaminación visual y sonora, nos protegen del calor agobiante y del sol en verano, cobijan a las aves, proporcionan goce estético. El paisaje arbolado beneficia nuestra mente y espíritu, disminuye el nivel de agresión urbana y genera sensación de descanso aunque muchas personas no sean conscientes de ello. Son además parte de nuestro patrimonio cultural y un atractivo turístico”.

Quien quiera participar no tiene más que entrar al sitio de Change y buscar “jefe de gobierno” o “árboles” en el menú de iniciativas.

Aulas y un banco

Como se sabe, la Universidad del Salvador compró, recicló y reabrió la vieja sede del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército en Callao y Tucumán. La USAL tiene un cierto gusto por los edificios patrimoniales y posee varios, en mejor o peor estado de conservación, con lo que este edificio afrancesado no extrañó por el estilo. Pero la compra, reforma y reapertura fueron hechas sin la menor sensibilidad a que el lugar fue uno de horrores, una estación en el tren de la muerte, con detenidos rumbo a cárceles clandestinas de tortura y desaparición. Este 601 fue además el central de todos los 601 del país, el lugar donde se coordinó buena parte de la represión hacia el interior y en el contexto del Plan Cóndor. La universidad no parece dispuesta a marcar la memoria del lugar y, que se sepa, tampoco le hizo un exorcismo.

En estos días se empeoró todavía más la situación con inauguración de una sucursal del Banco Santander en la planta baja, la que por añares lució ventanales cegados por grandes chapones de metal pintados de negro. Memoria y Justicia de Balvanera ya venía denunciando la falta de un espacio de la memoria en el terrible edificio, y la llegada del banco cayó muy, pero muy mal. Lo que despierta la pregunta: ¿quién fue el insensible que decidió abrir un local ahí? ¿Y quién fue el genio del branding que lo alquiló para el Santander? ¿No sabe que asociar la marca del banco con un chupadero de los peores no es exactamente lo que ayuda a construirla?

Ojalá lo asciendan por sus esfuerzos...

Tribuna popular

La Red Interparques, con el patrocinio del Observatorio del derecho a la ciudad acaba de lograr un fallo judicial para activar una figura política francamente desconocida y sorprendente por su potencial. Resulta que la Red se opone férreamente a esa pavada de abrir bares en los parques y plazas, un negocito de los que dan vergüenza ajena. Parte de la campaña fue pedir a la Legislatura porteña que se les permitiera a sus representantes usar el derecho a la tribuna popular el día de la votación. Como los mandaron a vender almanaques, los de la Red pidieron un amparo ante la Justicia.

La tribuna popular es un derecho que permite a cualquier ciudadano hablar ante la Legislatura antes de las votaciones, cuando comienza una sesión. Es una manera de poder dirigirse a todos los representantes antes de que se trate, apruebe o rechace un tema de envergadura. Este derecho existe en los artículos 76 y 77 del reglamento legislativo y deriva del artículo primero de la constitución de la Ciudad Autónoma, que “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”. Pese a que está en su propio reglamento, la Legislatura siempre se negó a admitir la tribuna popular diciendo que ese derecho... no está reglamentado.

Este tipo de chicana política no suele impresionar mucho a los jueces, con lo que la Sala III de la Cámara en los Contencioso Administrativo y Tributario porteña concedió por dos a uno –a favor los jueces Gabriela Seijas y Hugo Zuleta– el amparo. El solicitante fue Mauricio H. García, de la Asamblea Interparques, y la orden a la Legislatura fue que “adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la tribuna popular”. En buen romance, que reglamente el derecho y lo active. El fallo completo es una muy exacta definición y defensa de los derechos ciudadanos, de su expansión y de la ilegitimidad de demorarlos lo bloquearlos con razones burocráticas. La versión completa está en la página http://observatoriociudad.org/

[email protected]