Está claro que en términos históricos estamos viviendo una época donde los cambios vertiginosos alcanzan no solo a la tecnología, sino también a los paradigmas teórico-sociales en general e inclusive a los que abordan las problemáticas ambientales y la planificación urbana. En este sentido, y en un marco de relevos, complementariedad y superposición de teorías con vocación paradigmática, no resulta extraño que en lo que respecta al Medio Ambiente hayan surgido con cierta fuerza en los ámbitos académicos de los países centrales conceptos diametralmente opuestos para el abordaje de la problemática ambiental.

Recientemente, un grupo de expertos de varias universidades –particularmente europeas, estadounidenses y australianas– involucrados en el debate ambiental emitió lo que llaman el “Manifiesto Ecomodernista” (www.ecomodernism.org). Estos “ecomodernistas” parten de una premisa plausible, como es postular al desarrollo económico como un requisito para preservar el medio ambiente, pero –acá viene lo polémico– que para lograrlo se requiere abandonar el objetivo del “desarrollo sustentable” y reemplazarlo con una estrategia para utilizar la naturaleza de manera más intensa.

Su argumento es que para mitigar el cambio climático se requiere nada menos que “intensificar muchas actividades humanas de manera que utilicen menos tierras e interfieran menos con el mundo natural”. Sostienen que la industria agrícola, con fertilizantes sintéticos y técnicas modernas de producción, podría alimentar a muchas más personas con mucha menos tierra y agua. Esta teoría confronta frontalmente con la de desarrollo sustentable que la Comisión Bruntland de la ONU propuso en 1987 y fue base para los acuerdos y normativas internacionales. En forma paralela, y haciendo una extensión de las teorías del Premio Nobel y economista de la escuela de Chicago Ronald Coase, quien a través de tesis y modelos teóricos expuso y según sus seguidores vernáculos llegó a demostrar que de forma directa o indirecta la problemática medioambiental e incluso el problema de ciertas especies en extinción podría resolverse asignando derechos de propiedad, están quienes en nuestro país propugnan basar en la asignación de los derechos de propiedad la “solución de mercado” para las villas porteñas.

De manera menos brutal y basados en conceptos teóricos de planificación urbana con mayor raigambre y aceptación, pero “palanqueados” por los operadores del mercado inmobiliario, resurgen con fuerza las teorías que señalan la necesidad de “densificar” las ciudades ganando altura y metros cuadrados en la menor cantidad de superficie posible tal como pueden leerse en los suplementos inmobiliarios y revistas de arquitectura que acompañan los periódicos mas tradicionales.

Cabe recordar que este concepto tuvo recepción en la normativa urbanística de Buenos Aires y adoptado/imitado por los códigos de las principales urbes argentinas desde las primeras Ordenanzas del siglo XX, donde con el auge y popularización de los ascensores mecánicos y eléctricos se reservaba para construir en altura los terrenos sobre las avenidas, pasando por el Código de 1944 –complementado con la Ley de Propiedad Horizontal de 1948– hasta la reforma del Código de Planeamiento de 1998/00 con la mentada y polémica extensión de los “C3” barriales.

Pero esta reserva para zonas de torres, edificios de perímetro libre y de alturas liberadas, siempre tuvieron un carácter o sesgo de “tolerancia” en el marco de una normativa que reservaba para barrios residenciales de baja densidad a un importante porcentaje del territorio porteño. A tal punto que los operadores inmobiliarios –o “depredadores” como en su momento los catalogó Facundo De Almeida–, debieron recurrir a las tristemente célebres “excepciones” al CPU votadas entre gallos y medianoches que tanto contribuyeron al escarnio mediático del entonces Consejo Deliberante.

Hoy, a diferencia de las corrientes arquitectónicas que en el plano académico promueven la densificación focalizada en algunas avenidas y áreas de la Ciudad –uno de cuyos principales exponentes es el ex presidente de la SCA Enrique García Espil– y con quienes uno tuvo la oportunidad de discutir sobre los alcances de estas zonas densificables, se observa que han aparecido nuevos gurúes promoviendo la construcción con altura libre como regla general para la Ciudad, reservando para las casas bajas algunas pocas zonas de barrios focalizados.

Por suerte, frente a la irrupción de estos opinadores patrocinados por los desarrolladores inmobiliarios, que inclusive llegan a justificar la densificación porteña en la necesidad de disminuir la ocupación de los terrenos periurbanos que la proliferación de countries provoca disminuyendo los terrenos naturales de escurrimiento –cuando en la mayoría de los casos son ellos mismos quienes llevan adelante dichos emprendimientos–, en la Ciudad en general y en la mayoría de los barrios porteños en particular aparecen grupos vecinales que habiendo internalizado sus derechos defienden la fisonomía y morfología de sus barrios, cuadras y manzanas con el convencimiento de que esa identidad forma parte indisoluble de su calidad de vida.

* Abogado, ex defensor adjunto del Pueblo porteño.