Mucho se ha dicho y escrito estos días sobre el nombramiento de los dos jueces para integrar la Corte Suprema sin enviar sus pliegos al Senado. En otras secciones de este diario y obviamente que en otros medios pudimos leer y escuchar opiniones de condena –mayoritarias– y algunas pocas justificatorias. Respecto a su aspecto constitucional, aun cuando se crea que no vulnera en forma directa la letra de la Constitución, convengamos que seguro vulnera su espíritu, y hago mías las expresiones de Gil Lavedra quien advirtió que “es una equivocación, un error grave, y sienta un precedente muy funesto, porque cualquier Presidente podría durante el receso nombrar jueces, y al año siguiente, durante otro receso, podría volver a nombrarlo, y así tendría jueces suyos todo el tiempo. Y eso no es admisible”.

Sobre las motivaciones del nuevo gobierno para apelar a este polémico instrumento constitucional previsto para situaciones de excepcionalidad se tejieron varias hipótesis, pero la que aparece como mayoritaria sería la que lo vincula con un gesto de autoridad. El periodista insospechado de antimacrista Luis Majul describe que “Macri se puso al borde de la ley para dar muestras de que tiene los pantalones bien puestos y que pasará por encima de las formas y lo políticamente correcto para ejercer la autoridad presidencial”. Frente a semejante exhibición de “decisionismo”, invito a los lectores de m2 a que recordemos el triste episodio de la demanda entablada por el GCBA contra la ONG Basta de Demoler y la paisajista Sonia Berjman (www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-2790-2014-09-20.html).

En esa causa, insólitamente, se iniciaban acciones legales a los amparistas que habían actuado intentando defender intereses colectivos. Los argumentos justificatorios de hoy nos recuerdan los de aquel entonces: cuando gestionábamos ante los funcionarios para que desistan de la demanda nos referían off de record que eran conscientes de la endeblez jurídica de lo que estaban haciendo, pero que no obstante la llevaban adelante por una cuestión de “gesto de autoridad” frente a los “cuatro gatos locos que se oponían a las obras”. Vale la observación para ser justos con los numerosos funcionarios del GCBA que no compartían este modus operandi, que los instigadores en ese entonces de esta política de “vamos para adelante, no importan las formas” eran José Torello y su protegido el abogado Fabián Jorge Rodríguez Simón, apodado “Pepín”, a los cuales numerosas fuentes periodísticas y políticas sindican como los ideólogos de este zafarrancho judicial en el medio de la primavera del cambio de gobierno.

Cabe aclarar que a diferencia de una gran mayoría de lectores de Página/12, quien esto suscribe fue implacablemente crítico con los excesos decisionistas del gobierno saliente, los que muchas veces se los pretendía justificar como simples externalidades negativas de un proyecto virtuoso. Pero la historia nos demuestra que a la larga todas las acciones que se realizan sin respetar las formas legales amparándose en mayorías circunstanciales se vuelven en contra de la sociedad en general y en particular de los sectores menos favorecidos. Probablemente el episodio de los jueces de la Corte en poco tiempo quede relegado por otras muchas noticias de relevancia que van a suscitarse. O que –mejor aún– el propio presidente Macri use una indiscutida virtud de la cual hizo gala cuando presidió Boca o gobernó la Ciudad, como fue no titubear en dar marcha atrás con medidas incorrectas o que generaran repulsas que alcanzaran a su propio electorado. Así puede ser que decida finalmente hacer lo correcto y enviar el pliego al Senado para que fuera ese cuerpo quien apruebe las designaciones.

Pero mas allá de como termine este episodio, lo que debe preocuparnos, y movilizarnos a todos, incluso a quienes apoyaron o forman parte del nuevo gobierno, es que los “Torellos” y “Pepines” no bastardeen en la práctica la propia propuesta de revalorización de las instituciones que enarboló Cambiemos en la campaña y que podría ser el mayor y necesario aporte que podrían hacer a la Argentina durante este período.

* Abogado. Ex defensor del Pueblo adjunto.