La protección del patrimonio porteño es de una debilidad notable, como ya se sabe, pero evidentemente hasta esto molesta a los especuladores. Hace una semana, lograron que el diario oficialista La Nación publicara una importante nota atacando el fallo de febrero del juez porteño Aurelio Ammirato, el magistrado que le puso un poco de rigor al macrismo en la Ciudad. Ammirato, por pedido de Basta de Demoler, la Fundación Ciudad y SOS Caballito, simplemente le prohibió al gobierno porteño dar permisos de demolición de piezas anteriores a 1941 hasta que no se termine el bendito catálogo que tiene que hacer la Universidad de Buenos Aires. La medida, evidentemente, irritó a los especuladores.

La nota del diario oficialista parece dictada por los intereses que buscan despejar terrenos, empezando por el tono quejoso de los que no pueden vender, demoler, ganar, y siguiendo porque prácticamente se habla sólo de trámites y del prejuicio a los dueños de las piezas. Así, no se habla de la economía de la ciudad, ni de la industria, sino de vecinos que heredaron galpones y no los pueden mantener... pobrecitos, no los dejan venderlos y ganar buenos dineros.

Además, se afirman cosas de dudosa veracidad, como que el catálogo de la UBA fue terminado y entregado. El 26 de octubre de 2011, el gobierno porteño todavía encabezado por Mauricio Macri firmó un convenio con la FADU/UBA para analizar 75.600 edificios anteriores a 1941, algo más de la mitad de los 134.000 que existen en nuestra ciudad. Mágicamente, en la nota de La Nación esa cifra se transforma en 134.000 que la FADU ya habría analizado. Para más, la nota indica que la facultad determinó que apenas el 4 por ciento, o 5284 edificios, tienen valor patrimonial. Lo curioso es que no sólo nadie le preguntó eso a la facultad, sino que aunque se lo hubieran preguntado no tiene ningún derecho legal o procesal a opinar.

Es el benemérito y blando Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales el que tiene que opinar, entidad donde la FADU tiene un representante que nunca se distingue por su ardor preservacionista, aunque no se porta como un agente de los especuladores, como lo hace el del Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanistas. En fin, los profesores de la facultad citados en la nota hablan por la libre y se arrogan funciones que ninguna ley les sostiene.

Otra zoncera espectacular de la nota es un recuadro que intenta explicar económicamente por qué hay tantas casas viejas cerradas a cal y canto, en pleno deterioro. Citando a Carl Menger y su teoría del valor, el recuadro explica que simplemente hay más casas anteriores a 1941 de las que se quieren comprar, con lo que ese tipo de edificio “carecerá de valor”. El texto cita al profesor Gustavo Brandariz diciendo que hay edificios de esa antigüedad que “no tienen valor patrimonial”, que no usan y que se deterioran con lo que “van perdiendo interés por parte de los desarrolladores”. Es de esperar que el arquitecto Brandariz haya sido mal citado en este texto, porque la cosa es exactamente al revés. Que un edificio no tenga valor patrimonial depende, parece, de que tenga la firma de un famoso o sea excepcional, y no que forme parte del tejido urbano, un punto de vista ya obsoleto y descartado a nivel mundial. Que esté deteriorado no le va ni le viene al “desarrollador”, que sólo atiende al tamaño del terreno, el FOT y la altura máxima, y demuele lo que haya. Y que esos edificios estén cerrados es una manera de esperar a que los liberen para ser demolidos: si uno los quiere comprar para restaurar, piden un valor de fantasía, el que sueñan con lograr de un especulador. Este precio se llama “valor de terreno” y es superior al edificio existente, real. De paso, degradar las piezas patrimoniales es un truco de cajón para que el CAAP tenga una excusa para “desestimarlos” y liberar a la piqueta.

Lo que sí que es alarmante en serio es la declaración de Rodrigo Cruz, el subsecretario de Registros e Interpretación de Catastro, que afirmó que el CAAP pasó de analizar 100 casos por mes a tomar 3500. Cruz hasta cuenta con orgullo que hacen “fichas” para tratar los casos, cosa que el Consejo siempre hizo y que fue duramente criticado por la paupérrima información y lo anticuado de la información. El CAAP permite demoler con un nivel de frivolidad notable, que maneje tres mil quinientos trámites por mes significa que le pega una mirada a la foto y listo.

A todo esto, ni el nuevo pique del CAAP, ni los “análisis” de la FADU, ni las promesas de los funcionarios pueden levantar el amparo y la prohibición de demoler. El juez Ammirato llamó a audiencias abiertas para escuchar a las partes y a los vecinos, y todavía nadie le explicó cómo hace un grupito de asesores sin sueldo, que se reúne una vez por semana, para analizar el patrimonio porteño y ponerle un sello a las demoliciones. La falta de seriedad del sistema es típico de una ciudad gobernada por y para los negocios inmobiliarios, con un gobierno que no tiene la menor intención de clarificar el asunto.

Una campaña

Por contraste y para que se entienda la diferencia, este lunes arranca la campaña para que Buenos Aires tenga una Carta del Derecho a la Ciudad, una manera política de decir que las ciudades son de todos los que las habitan. La iniciativa es impulsada por muchas ONGs como Basta de Demoler, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Manzana 66 y la Asamblea del Parque Lezama, entre otras. Una de las ideas fuerza es la de democratizar la toma de decisiones en un espacio urbano “en el que deciden los grandes inversores y el mercado inmobiliario”. La convocatorio arranca a las 18 en el Salón San Martín de la Legislatura y puede seguirse por www.cartaderechoalaciudad.com.ar.

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