Este lunes, los que trabajan por preservar el patrimonio edificado y la calidad de vida en esta ciudad maltratada tuvieron una alegría. El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad cerró el caso de la supertorre a construir en el estacionamiento atrás del bello convento e iglesia de Santa Catalina de Siena y lo hizo de un modo tajante, final, que abre una jurisprudencia para otros casos. Los especuladores del caso perdieron y también perdió el gobierno porteño que, como siempre, tomó la defensa de los intereses de un privado como si fueran los propios. El tiempo y el dinero que se gastó en tratar de que se haga una obra para enriquecer a una empresa seguramente se podrían haber invertido en otras cosas.

El caso arrancó con un amparo presentado el 14 de junio de 2012 por Basta de Demoler, Felicitas Luna y Lucas Terra, con patrocinio de María Carmen Usandivaras, hoy presidente de la ONG, y Mariano Aguilar, que preside la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. El caso giraba alrededor de la manzana de Córdoba, San Martín, Viamonte y Reconquista, que contiene una horrenda torre, un estacionamiento muy grande y un tesoro nacional, la iglesia y convento construidos en 1745, ya un rarísimo ejemplo de arquitectura colonial porteña. La protección judicial fue pedida porque el macrismo había autorizado un proyectazo en el estacionamiento, una supertorre de cien metros de largo y 18 pisos de altura que iba a tomar todo el estacionamiento. El render era para marearse, con un super-muro que recorría la cuadra entera de Reconquista de Viamonte a Córdoba, dejando enanizado todo lo que lo rodeaba. El convento iba a pasar a ser una maqueta perdida, la cuadra de Reconquista iba a quedar en la oscuridad más total y el rectorado de la UBA pasaba a parecer una caja de zapatos.

Basta de Demoler, Luna y Terra se presentaron ante la justicia indicando que el proyecto era ilegal porque no estaba ajustado a derecho, no cumplía las leyes y era francamente una desprolijidad, por ser caritativos. El juez Ammirato concedió el amparo para investigar el tema y luego lo dejó en firme, mientras crecía un movimiento para salvar este tesoro histórico ya único en nuestra ciudad, catalogado por ley porteña y Monumento Histórico Nacional. La torrezota brutal hasta argumentaba que cuidaba el entorno del monumento porque dejaba un espacio atrás, entre la iglesia y su fachada posterior, una calle interna. Tanta generosidad era simplemente una manera de poner los accesos a las cocheras subterráneas en un posición donde no se perdiera ni un centímetro de superficie a vender.

Por supuesto, la empresa apeló junto a la Ciudad, que como siempre se comportó como un socio de los privados y no como un custodio del interés público. Los abogados del macrismo obviamente recibieron un guión que repite siempre ciertos argumentos, como que los ciudadanos no tienen derecho a presentar un amparo por algo que no los afecta directamente o sea una cuestión grave de orden público. Es curioso que sigan haciendo copy paste de estos párrafos escritos por alguien hace ya tiempo, porque la justicia una y otra vez los rechaza y les recuerda que el amparo es un derecho justamente de los ciudadanos, sin límites de urgencia pública y abarcando los derechos sociales, comunes. Los demás argumentos administrativos tampoco convencieron y la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo sostuvo el amparo.

Lo que ocurrió entonces fue notable y grave. La Ciudad no se conformó y presentó un recurso de inconstitucionalidad, dándole letra a la empresa que poco después presentó el suyo. La cronología es llamativa, con los letrados públicos, pagados hasta por los que hacían el amparo a través de sus impuestos, siendo más papistas que el papa y creando estrategias jurídicas para los privados. Este lunes, el Tribunal superior porteño, instancia final, rechazó el recurso de los públicos y de los privados, cerrando la vía de apelar a la Corte Suprema. El fallo de los jueces Luis Lozano, Ana Conde, Alicia Ruiz y José Casés es final: el amparo sigue y ahora hay que modificar el proyecto, adaptarlo a la ley y no a los sueños monetarios de algún empresario.

El fallo contiene algunos párrafos memorables, sobre todo respecto a la actitud del Ejecutivo frente a los intereses privados. Un ejemplo es cuando se refiere a la creciente legislación para moderar el impacto en el Area de Protección Histórica porteña donde está el convento. Los abogados de la Ciudad constantemente señalaron que en ninguna parte se prohibía explícitamente construir una torre de 54 metros de altura, 25 de ancho y una cuadra de largo. Pero como se estaba tratando en la Legislatura limitar el uso del suelo en ese lugar, explica el fallo, las autoridades se apuraron a adoptar “con celeridad” las medidas para autorizar la obra, con “consecuencias gravosas para el interés público”.

Para más, el fallo habla de “una desmesura en el celo por los intereses privados y en la postergación del interés en la preservación del patrimonio histórico”. Esta clarísima definición debería transformarse en una acusación al macrismo: trabajan para los privados usando recursos públicos contra los intereses públicos. El fallo deja en claro la diferencia que podría hacer un gobierno porteño que defendiera el patrimonio y le pusiera un freno a los especuladores.

Por suerte, la Justicia no tiene esta agenda de defender a los especuladores y atendió al reclamo ciudadano. Durante cuatro años hubo gente que puso el hombro para salvar el convento, difundir el negocio que querían hacer, denunciar la actitud del Ejecutivo porteño. Lograron cosas como que el World Monuments Fund incluyera el conjunto de Santa Catalina en su lista de lugares en peligro en 2014, y que los recién electos senadores por la Ciudad –Estenssoro, Filmus y Cabanchik– presentaran un amicus pidiendo que se sostenga el amparo.

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