Ya lo habíamos adelantado en este suplemento: la semidemolida casona de la calle Membrillar, protegida en el APH de Flores, está en peligro de desaparición total. Era un rumor que sus discretísimos dueños buscaban exceptuarla de la protección para terminar de despejar el terreno, y ahora está confirmado. El legislador porteño por el macrismo Santiago de Estrada patrocina una ley para que la casona de Piana desaparezca por completo.

El caserón de Membrillar y Rivadavia fue hasta hace pocos años uno de los más viejos y lindos del barrio de Flores, un sobreviviente de un barrio maltratado por la piqueta. Desde sus viejos tiempos de casa particular –la de los Piana, una familia tradicional del oeste porteño–, el edificio italianizante tuvo muchos usos. Los últimos fueron de librería religiosa y santería, de un lado, y de sede del café La Subasta.

En agosto del 2000, la casa fue incluida en el Area de Protección Histórica 15, que protege 31 predios y lugares de Flores, votada por la Legislatura. Pero Buenos Aires no tiene ley de patrimonio –la muy débil que votó nuestro Congreso local todavía no fue reglamentada por el Ejecutivo, que la tiene durmiendo en un cajón– y todos los involucrados entran en un extraño pánico cuando se habla de hacer lo que hace un país civilizado, castigar al transgresor. Por eso, el 21 de septiembre de 2001, a la noche, comenzó la demolición de la casona, operación que sigue impune todavía hoy.

Fueron los vecinos los que pararon la destrucción del caserón. Movilizados rápidamente, frenaron físicamente a los obreros y movieron políticamente al defensor adjunto del Pueblo porteño, Gustavo Lesbegueris. De la casona quedaron parte de la fachada destrozada, muros internos y pilas de escombro de lo que fue su cubierta. Pasó el tiempo y crecieron los yuyos, sin que pase nada más. Fue entonces que los vecinos se enteraron de que había una iniciativa para terminar de demolerla legalmente. El argumento es absurdo: como la casona estaba semidemolida ilegalmente, ya no valía la pena preservarla en el APH. En noviembre, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales rechazó la idea.

Santiago de Estrada debe de haber apreciado el ridículo legal de esa posición –cometer un delito contra el patrimonio y luego intentar blanquearlo diciendo que el daño ya está hecho– porque eligió otro ángulo. Para el macrista, el problema es que la propiedad es privada, por lo que el Estado no debería meterse con su libre disponibilidad. En su proyecto, el macrista –al que avala el kirchnerista Miguel Talento– explica que el dueño no estaba de acuerdo con que se incluya el caserón histórico en el APH. Según Estrada, si el dueño no está de acuerdo no debería protegerse el bien. Una pregunta: ¿estará de acuerdo Estrada con que le cobren impuestos? Y si no, ¿tiene derecho a no pagarlos, por el solo hecho de no estar de acuerdo? Ya que el dueño no estaba de acuerdo, ¿era legal que demoliera en infracción de la ley?

El centro de la cuestión es que los Piana le vendieron su caserón a la Iglesia, Estrada tiene excelentes vínculos con la Iglesia y fue embajador ante el Vaticano. La Iglesia fue la que demolió a medias la casa, con lo que la devaluó y ahora quiere blanquear su infracción con una ley que saque esas ruinas del APH. Tienen suerte que aquí no se aplique la ley inglesa, que obliga a reconstruir con materiales originales el bien histórico demolido. Una sola vez se aplicó esa ley, que prácticamente arruinó por su inmenso costo a una empresa constructora. Desde entonces, todas se cuidaron. La ley porteña castiga más liviano y permite al infractor construir sólo el 70 por ciento de lo destruido, una caricia.

El miércoles se hace la audiencia pública y las entidades preservacionistas se harán oir en contra de este precedente increíble.

Y una pregunta final: ¿qué hace Talento firmando este proyecto?.