NOTA DE TAPA
Teresa de Anchorena preside la flamante Comisión de patrimonio de la Legislatura porteña, que se propone generar “un gesto de preservación” claro y sin ambigüedades. Un grupo que, al fin, parece dispuesto a introducir rigor y un sentido de urgencia para salvar el patrimonio.
› Por Sergio Kiernan
No muchos se habrán enterado de que este verano la Legislatura porteña formó su primera Comisión de Patrimonio. Esto podría ser un paso burocrático, un saludo a la bandera o una más de tantas actividades políticas. Pero en el discurso de intenciones, la comisión se muestra dispuesta a salir cortando, con tapones bien en punta y una idea central, la de generar un “gesto” por el patrimonio de alto perfil, que se escuche alto y claro, como para cambiar la triste tendencia al baldío demolido. Su presidenta, Teresa de Anchorena, insiste, subraya y destaca que “hay que parar las demoliciones” porque cada edificio que se pierde “es como un cuadro que fue quemado, no existe más”. Lo que hay que frenar, explica la ex secretaria de Cultura porteña y actual legisladora por el ARI, es la desaparición física del patrimonio edificado.
La comisión tiene un perfil muy fuerte. La vicepresidenta es María Eugenia Estensoro y sus cinco miembros son presidentes o vicepresidentes de otras comisiones: Alvaro González (Planeamiento Urbano), Norberto La Porta (Cultura), Lidia Saya (Espacio Público), Juan Manuel Olmos (Presupuesto y también Planeamiento) y María Agostini de Varela (Espacio Público). Con estos calibres, busca proyectarse con energía, saliendo de la habitual timidez que parece rodear todo lo que sea patrimonio en el nivel gestión y legislación.
“Yo viví en Europa y aprendí que uno de los gestos importantes que puede hacer un gobierno es la conservación del patrimonio”, explica Anchorena, que se confiesa amiga y discípula de Fabio Grementieri, un conservacionista de los más exigentes. “Pero acá todavía estamos como ensañados con nuestra historia, no la reconocemos”, continúa, señalando que el bicentenario de 2010 puede ser una chance para reconocer y homenajear a los que construyeron lo que nos precedió.
Otro aspecto que la diputada porteña considera relevante es la curiosa reluctancia de los argentinos hacia todo lo que sea mantenimiento. “En este país se cuida poco. Nos cuidamos poco, se cuidan poco los objetos y se cuida poco al prójimo. Cuidar el patrimonio sería cuidarnos a nosotros mismos. Los argentinos tenemos rasgos de carácter, como una sensación de que todo tiene que volver a empezar todo el tiempo, que se expresan en la falta de mantenimiento y cuidado de todo lo que nos rodea.”
Anchorena es una persona muy apacible y tranquila, pero tiene sus impaciencias. “El gesto de salvar el patrimonio hay que hacerlo ya”, dice, con un fuerte énfasis en el “ya”. “Y tiene que ser un gesto fuerte, porque la destrucción es irreversible, lo que se demuele se pierde. Cuando alguien se lleva un cuadro valioso del país, todos lamentamos que se pierda una pieza de nuestro patrimonio, pero al menos sabemos que ese cuadro sigue existiendo, está en alguna parte. Lo que se demuele no existe más ni existirá. Es como si quemaran los cuadros.”
La Comisión ya se planteó varios proyectos e iniciativas, e incluso este jueves presentó uno a la Legislatura. Pero el gran gesto del que habla Anchorena es el que llama la Ley de los 50 Años y que consiste, en esencia, en ordenar que todo edificio que haya cumplido cincuenta años o más tenga que tener una autorización especial para ser demolido. La ley –o, más rigurosamente hablando, la idea– es invertir el sistema actual, en el que se puede demoler sin más cualquier cosa que no esté catalogada en una APH o se monumento histórico. En cierto sentido, todo edificio que haya cumplido sus 50 estaría protegido y necesitaría un permiso para ser demolido que puede ser concedido o no.
En el abanico de ideas que se manejan para este futuro proyecto hay dos modelos –Río de Janeiro y Rosario, que ya tienen leyes así– y la intención de no dañar los intereses de los que tienen edificios o casas viejas. Un recurso sería formalizar y activar un concepto que ya existe en el Código Urbano, el de vender el FOT que no se usa. Por ejemplo, si una casa es protegida en una zona donde se podría construir seis veces lo queexiste en el terreno, el dueño puede venderle la diferencia o parte de ella a una empresa que va a construir en otra parte de la ciudad. “Es importante que la gente esté contenta con el marco legal”, explica Anchorena.
La Comisión tiene como objetivos proteger el patrimonio edificado, conseguir fondos para restaurarlo y ponerlo en valor, y ayudar a planificar la ciudad de modo que zonas o propiedades preservadas convivan con obra nueva. En lo inmediato y puntual, este jueves la comisión propuso a la Legislatura que las sedes de las Comunas que ahora se están creando en Buenos Aires sean edificios de valor patrimonial y estético, un elemento que no aparecía por ninguna parte en los proyectos relativos a esa mudanza tan radical de la ciudad. Los edificios de las comunas deberán ser especiales, con valor y tradición en sus barrios, deberán ser restaurados y puestos en valor con rigor, y deberán ser del porte suficiente como para albergar también espacios culturales que permitan descentralizar la oferta porteña.
También quieren saber qué pasó con la ley 1227 de Patrimonio, nunca reglamentada y nunca aplicada, por lo que están pidiendo informes al Ejecutivo porteño. Y quieren volver a empezar con la ampliación del entorno del Parque Lezama, que fue cajoneado tanto tiempo que expiró como proyecto, y declarar de utilidad pública la ya famosa Casa Mansilla, en Belgrano, que sigue en un limbo. Para una segunda tanda, hay ideas como fijar un porcentaje del presupuesto de obra nueva de un edificio, para que sea destinado a colocar una obra de arte en áreas comunes.
Pero lo interesante del tema es la misma existencia de una comisión de patrimonio, señal de que la familia política se está dando por enterada de que el tema existe y tiene importancia, como la salud y la seguridad públicas. Aproximadamente el 40 por ciento de las estructuras de la ciudad tiene cincuenta años o más, y si se excluyen edificios públicos o de infraestructura –como la ferroviaria– y los muchos edificios que no tienen particular valor patrimonial o de entorno, se está hablando de un 15 o 20 por ciento que forman concretamente la memoria edificada de esta ciudad.
Y en esto hay una agradable claridad de conceptos: “Hay que parar las demoliciones”.
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