La ley 2548 vuelve a las andadas esta semana. Prorrogada en diciembre por un año más, casi ampliada a dos y a toda la ciudad, la ley que protege una amplia zona de nuestra ciudad puede ser tratada este jueves en la Legislatura. El PRO la va a poner en el temario, sobre tablas, y la iniciativa está reuniendo voluntades en varios bloques.

La 2548 tomó el inolvidable engendro de Ibarra-Telerman que quería venderle un Paisaje Cultural porteño a la Unesco y lo transformó a fines de 2007 en algo efectivo y real. Resulta que el verso del Paisaje –que tantos viajes, honorarios y publicaciones rindió a sus padrinos y particularmente a sus madrinas– hasta tenía cierta existencia legal. Abarcando casi toda la ribera del Plata, de La Boca a Palermo, el área reúne buena parte del patrimonio edificado porteño.

En diciembre de 2007, el flamantísimo oficialismo se encontró con una naciente crisis por temas patrimoniales, un ítem nuevo en la agenda política porteña que ahí demostraba su enorme potencial. Con buenos reflejos, el PRO aceptó que el polígono del Paisaje tuviera todos sus edificios anteriores a 1940 protegidos, en principio, con un mecanismo novedoso. El sistema normal para catalogar o proteger un edificio patrimonial es un engorro notable, ya que fue diseñado para que se proteja poco o nada: todo el trabajo lo tiene que hacer el catalogador y la Legislatura tiene que votar todo dos veces.

La novedad fue que en el perímetro la cosa era al revés: el demoledor es quien tiene que hacer el trámite. Igual, es mucho más simple que el de catalogación, ya que el tema va al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales que tiene un brevísimo lapso para decir sí o no. Si el predio no es catalogable, el trámite vuelve al Ejecutivo para que lo autorice. Si es a proteger, va a la Legislatura.

Resulta que el sistema funcionó un año sin que quebraran las constructoras en fila ni hubiera una explosión de desempleo en el gremio. De hecho, el sector acomodó la novedad sin que se notara siquiera en el marco de la crisis internacional, que sí tuvo efectos. Por eso, a fin de año se esperaba la extensión por un año más sin sobresaltos. Fue entonces que el PRO lanzó la bomba, pidiendo que se extendiera a toda la ciudad y por dos años. Hasta hubo un comunicado por escrito del ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, enemigo abierto del patrimonio, apoyando la idea. Por varias razones, esto no ocurrió y la asamblea votó finalmente la extensión por un año y confinada al Paisaje.

Este martes, el PRO va a presentar en la comisión de Labor Parlamentaria, encargada de preparar el temario, la propuesta del tratamiento sobre tablas de la idea de diciembre, prorrogando el sistema por dos años y a toda la ciudad. La expectativa es que se debata y se vote este jueves mismo. La movida ya tiene consenso en los otros bloques. Inés Urdapilleta, del Frente para la Victoria y presidente de la comisión de Cultura, ya adelantó a m2 su voto positivo, aunque sigue con la idea de que la protección no sea apenas para edificios anteriores a 1940 sino que se amplíe a la primera modernidad, hasta 1955 o 1960.

Más aún avanza Enrique Olivera, de la Coalición Cívica, que explicó sin vueltas que la ampliación tiene el mismo espíritu del proyecto de ley presentado hace tiempo por Teresa de Anchorena, su colega de bloque y presidente de la comisión de Patrimonio.

Estos apoyos son esenciales porque un tratamiento sobre tablas implica dos dificultades. Primero, que la asamblea vote tratar el asunto. Y segundo, que lo apruebe con dos tercios de los presentes. Un proyecto normal, en sesión ordinaria, necesita la mitad más uno del voto, pero el precio para uno tratado sobre tablas es mayor.

Patricio Di Stefano, del PRO, es de los que andan contando votos y adelanta que si las cosas no salieran bien este jueves buscará que el proyecto tenga privilegio. Esa figura hace que la Legislatura tenga que tratar el proyecto en un término de tres semanas.

Con lo que queda en claro que el patrimonio es un asunto de la agenda política que están entendiendo los legisladores. Esta ley, ampliada y con dos años de plazo, puede ser la plataforma sobre la que se construya un sistema de leyes e instituciones para preservar el patrimonio, aclarar qué se puede hacer y qué no, y dar seguridad jurídica a la ciudad.