El año pasado, la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, le puso la firma a un proyecto de rigor ejemplar para defender las fachadas porteñas. El proyecto 1223 F-09 presentado a la Legislatura –la Defensoría tiene ese privilegio– fue escrito con el defensor adjunto Atilio Alimena y en nuestro contexto de lobbies cruzados, frivolidad y obsesión por el negocio entra plenamente en la utopía. Es que Defensoría busca algo tan básico como que se castigue al que infringe la ley de patrimonio, un verdadero tabú para especuladores y arquitectos.

El primer artículo de la breve ley dice simplemente que “en caso de que se hubiera realizado demolición ilegal de alguna de las fincas inscriptas en el Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes resultaren responsables deberán proceder a la reconstrucción de las mismas respetando sus características originales, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder”. El segundo artículo indica que fachadas, recubrimientos externos, mamposterías y estructuras deberán tener las texturas y colores originales, mientras que los herrajes y aberturas deberán imitar en material, diseño y dimensión el original destruido.

El tercero es tal vez más burocrático pero tiene una bonita expresión: “Para la realización de la obra de Reconstrucción de Finca por Demolición Clandestina, se deberá cumplimentar la totalidad de tramitaciones vigentes que correspondan a toda ‘obra nueva’, a lo que deberá agregarse un ‘Certificado de Aprobación del Proyecto de Reconstrucción’, el que será expedido por la Dirección General de Interpretación Urbanística, para lo cual se deberá contar con dictamen favorable del Consejo del Plan Urbano Ambiental”. El cuarto y último artículo del proyecto avisa que el edificio reconstruido mantendrá su catalogación.

En los considerandos del proyecto se percibe que Pierini y Alimena escribieron su proyecto desde la amarga experiencia de ver demoler la casa Benoit en Bolívar 775, que estaba protegida por triplicado, y la Casa Millán de la avenida Alberdi, en Flores, que era el edificio más antiguo del barrio y fue destruido por la constructora Ciada. Alimena menciona la epidemia de demoliciones de petit hoteles en Recoleta y recuerda que “es deber de los Poderes del Estado regular todo lo relacionado a la Conservación del Patrimonio y Acervo Histórico, Artístico y Cultural en todas sus manifestaciones”.

La Defensoría va directamente al centro de la cuestión con este proyecto. Resulta que demoler un edificio catalogado es casi impune hoy en día porque las multas son ridículas y se refieren sólo al acto de realizar una obra –la demolición– sin permiso. Lo único específico sobre patrimonio es que el terreno sólo podrá ser usado con un FOT muy limitado, con lo que se podrá construir algo mucho más chico que lo destruido. El Ministerio de Cultura porteño ya escribió un régimen de castigos especial para el patrimonio, pero el inefable ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, lo vetó de mala manera. Chaín –hace mucho que quedó en claro– es antes que nada un arquitecto al servicio de su corporación profesional y no del pueblo porteño o siquiera del partido al que pertenece. Ni en sueños permitiría una ley que castigara a arquitectos. No es el único.

El verso de mala fe que circula sobre el proyecto de Pierini es que resulta demasiado riguroso. Eso es como decir que ir preso por quemar viva a tu mujer es un exceso de rigor, un autoritarismo. Para dar un ejemplo de verdadero rigor, en Gran Bretaña nadie demuele nada clandestinamente porque la ley obliga a reconstruir el bien destruido con materiales originales, de anticuariado, hasta los ladrillos. Hubo un caso hace más de treinta años que terminó en la quiebra del vivo en cuestión. Y se acabó la historia.

Hacer cumplir la ley y castigar al que la quiebra no es una utopía. Hasta fue una promesa de campaña del macrismo.