Escena post-Cromañón. Mediano plazo y dos líneas encontradas. Condensación y concentración de espacios, recurrencia de propuestas e histeria rockera. Mañana empieza el Pepsi Music y muchos grupos dieron el alma por estar. Ningún cachet –a veces lo contrario–, ninguna promesa, sólo la “oportunidad” de tocar en algún lugar para alguien. Una linda vidriera en el desierto. Otra que merece menos omisión aún: la del movimiento independiente que se mueve como Don Quijote, pero se mueve al fin. A ese caballo está subida la UMI. El 15 de febrero inició una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Objeto? Mejorar las condiciones en que se realiza música en vivo en Buenos Aires. ¿Propuesta? Que se declare inconstitucional toda normativa que exija o regule la necesidad de permisos, habilitaciones o autorizaciones específicas para la actividad. “No puede ser que tocar una guitarra cambie las condiciones de seguridad de un lugar”, vive diciendo Diego Boris, presidente de la Unión desde hace cinco años.

El 18 de abril, el juicio fue declarado admisible por tres de los cinco jueces del Tribunal. Y la semana pasada llegó la ansiada audiencia pública. En una tarde de lluvia, Esteban Agatiello –letrado y tecladista de Ritcher– y el mismo Boris expusieron sus razones ante el Tribunal; Víctor Zamenfelt, las suyas como asesor letrado de la apoderada del gobierno, María Cristina Mascialino, y Luis Cevasco, las de la fiscalía. Agatiello bombardeó a preguntas: “¿Acaso la música en vivo cambia las condiciones de higiene, seguridad, salubridad o de señalización? ¿Acaso la actividad en sí misma es peligrosa o lo son las condiciones en las cuales se desarrolla? ¿Qué es lo que vuelve peligroso un establecimiento? ¿Las condiciones en que se encuentre o que haya una persona que toque una guitarra? ¿Acaso la falta de música en vivo resulta sinónimo de seguridad?”.

Boris sacó la guitarra frente a los jueces y tocó: “¿Alguien se sintió inseguro?”. Cevasco los acusó de pretender una anarquía normativa, y Zamenfelt no le fue en zaga: “La necesidad de contar con permisos especiales para la realización de espectáculos musicales no puede ser considerada absurda, porque cada actividad tiene su propia especificidad”.

¿El nudo? El gobierno exige a los espacios un permiso especial, con 15 días de antelación, sólo si se trata de un espectáculo musical. “Como músicos no podemos aceptar que se instale el concepto de que la música en vivo es un elemento peligroso para la sociedad”, sostiene la UMI. En dos meses estará la sentencia. Mientras, los megafestivales y el circuito restringido de espacios sigue siendo un corralito demasiado cómodo. Y, sobre todo, arbitrario.