Verónica Ruso tiene 37 años y 3 hijos. Antes de ser mamá, llegó a la casa con los brazos reventados: se picaba. “Mezclaba pastillas, alcohol y drogas, un cóctel fatal del que sólo zafás si alguien te informa. Si me hubiesen aconsejado mejor, no tendría los brazos hechos pelota”, cuenta hoy. Verónica tiene HIV, hepatitis C y aún usa drogas: “Es lo que marca mi vida. No es un orgullo ni una bandera. Lo digo así para demostrar que hay un montón de gente que usa drogas y no por eso es delincuente”, le dice al No en un bar de Mataderos. Su historia, como tantas otras, es sufrida. En “Viaje de Vuelta”, la pelaron por escuchar a los Stones en su habitación. Cuando estaba afuera, en cambio, caminaba desde Villa Urquiza hasta Barrio Norte para conseguir jeringas, “que después compartíamos entre 10. Nadie quería venderte... Si igual lo hacíamos, hasta con agua de la zanja!”.
Pero su vida cambió: se integró a RADDUD (Red en Defensa de los Derechos de Usuarios de Drogas) a través de la Fundación Habitar y trabaja con consumidores que en la Argentina, según una encuesta de Cedronar entre 2 mil casos, representan el 3 por ciento de la población. En concreto, Verónica trabaja en zonas carenciadas, como la villa 15 de Mataderos, repartiendo preservativos, folletos de prevención y jeringas (el kit de inyecciones). Informa sobre los peligros que existen al compartir jeringas, impulsa a los adictos a hacerse el test de HIV gratis y confidencial en los hospitales públicos, advierte sobre el riesgo de mezclar cocaína con pastas o lo peligroso de compartir canutos, grifos, cucharas y chapitas. También, asesora. “Los que se inyectan están escondidos, porque la ley 23.737 los aleja del tratamiento. Deben saber que hoy están más cubiertos gracias al edicto 351 que permite la política de reducción de daños.”
ARDA (Asociación de Reducción de Daños de Argentina) fue precisamente una de las entidades que más peleó por el edicto. Con base en Rosario, y dirigida por Silvia Inchaurraga y Gustavo Hurtado, tiene un perfil garantista poco usual en el país. En noviembre del 2001, durante el V Congreso Nacional de Sida en Mendoza, manifestó su apoyo a la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal y propuso la derogación del artículo 14 de la ley 23.737. En consonancia con políticas implementadas en países como Holanda o Suiza, pero trasladando la realidad al contexto argentino, ARDA recreó un programa piloto en Rosario cuyo fin es sustituir con una sustancia llamada buprenorfina el consumo de opiáceos que se consumen en el país (usadas por un 20 por ciento de adictos). “La experiencia es interesante –dice Inchaurraga– porque controlamos el consumo de opiáceos a través de la administración de otra sustancia, que permite reducir los riesgos.” El eje central de la militancia de ARDA radica en reducir el riesgo de contagio de sida entre adictos. En la Argentina, con una política que responde a la ortodoxia que impera en las políticas más conservadoras de los EE.UU., es complicado implantar alternativas. “Cuando propusimos el uso terapéutico de la marihuana, el establishment se horrorizó. Dijeron que hacíamos apología del consumo. Por eso, llegamos a una población pequeña comparada con la gran masa de consumidores que hay”, remarca Hurtado.
Pese a las contrariedades, ARDA plantó bandera. Suele vérselos en recitales de rock o boliches repartiendo folletos de prevención como los que ilustran esta nota. Iniciativas por el estilo inquietan los principales ejes de las políticas gubernamentales, siempre abstencionistas y represivas. El eje está puesto ya no en la sustancia en sí sino en los riesgos asociados a la falta de información. “En el 90 por ciento de los casos, aplicando la política de abstinencia, el usuario vuelve a consumir. Las políticas prohibicionistas fracasaron en el planeta después de 30 años de aplicación. En la Argentina, cuando se promulgó la ley en 1989, el consumo era 100 mil veces menor que el actual. La ley trata de dar unarespuesta penal a un problema que es social y sanitario. Su lógica es la pérdida de autonomía del usuario de drogas y esto es una falacia, porque ningún usuario pierde la capacidad de autodeterminación”, opina Hurtado. “Además –apunta Inchaurraga– nos preocupa que se reprima el consumo y se fuerce a la abstinencia, porque el usuario se aleja del sistema de salud y puebla las cárceles. Nosotros tratamos de abordar algo más humano. Si la persona quiere consumir, el sistema de salud debe evitar que se muera de sida.”
Por cierto, la ley 23.737 no contribuye en lo más mínimo. Según Inchaurraga, “es un obstáculo para que una persona vaya a la farmacia y elija jeringas, porque el farmacéutico no le vende. Por eso la alternativa para los que no llegan al sistema de salud es implementar un dispositivo en los barrios marginales donde se venden drogas”. Verónica, en sintonía, revela los problemas de prejuicio que aparecen cuando realiza los trabajos de campo. “Si sacás 40 profilácticos en un boliche, te dicen: ‘¡Guardá eso!’. Si das una jeringa... lo mismo: ‘¿Qué te creés? ¿Que yo me pico?’. El tipo se pica, pero no quiere ser catalogado de sidoso.” ARDA interactúa con asociaciones como RADDUD, que a su vez tiene lazos con hospitales de Buenos Aires y barriadas pobres del Conurbano. Verónica, como integrante de la ONG “Mujeres Argentinas”, coopera con los hospitales Muñiz, Pedro Elizalde y Ramos Mejía. “Si veo que te estás picando mal, te doy un algodón, te enseño cómo limpiar la zona. Es terrible lo que pasa: en Constitución fuman pasta base con virulana y el óxido les destruye los pulmones. Por lo menos hay que enseñarle a que cambie la virulana... ¡Si lo van a hacer igual!”